El director de la sección española AI, Esteban Beltrán, reprochó al Ejecutivo central la falta de transparencia al abordar esos casos y recordó que España es uno de los cinco países de la UE que no publica datos sobre denuncias o procesos penales por delitos racistas. En un informe titulado 'Entre la desgana y la invisibilidad', el colectivo defensor de los derechos humanos se hace eco de los informes de Naciones Unidas que señalan a España como uno de los diez países europeos con mayores índices de explotación sexual a mujeres y niñas extranjeras. España, resume estudio, «está a la cola de Europa en el combate contra el racismo y la xenofobia». El 80% de los casos no se denuncian y las sentencias rara vez son favorables a las víctimas. En este sentido, Esteban Beltrán recordó que España no ha ratificado al menos diez tratados internacionales contra la discriminación de los inmigrantes y los gitanos; no ha adaptado directivas comunitarias obligatorias sobre racismo; tiene leyes como la de Extranjería con artículos declarados inconstitucionales, y no ha puesto en marcha ningún plan integral de lucha contra el racismo.
A Amnistía Internacional le preocupan las encuestas como la realizada en 2005 por el Centro de Investigaciones Sociológicas, que constató que cuatro de cada diez ciudadanos se sentirían muy o bastante molestos por tener como vecinos a una familia gitana. Por otra parte, en el último informe sobre España de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia de 2006, seis de cada diez encuestados asociaban la delincuencia con la inmigración.
AI alerta sobre el trato dispensado a la etnia gitana, unas 700.000 personas víctimas de la discriminación, a pesar de la teórica igualdad que afirman las leyes.








