
Las agresiones sufridas por varios chóferes llevaron al Consistorio y a TCSA a tomar cartas en el asunto. A petición de los propios conductores, decidieron hace un par de años probar un modelo de mamparas en ocho autobuses que se fueron rotando por las diferentes líneas, cuatro en Bilbobus y otros tantos en Bizkaibus. La empresa zaragozana Hispano Carrocera, responsable a su vez del armazón de estos vehículos, empezó a instalarlas en el verano de 2006 con el objetivo de comprobar su funcionalidad, así como para que los chóferes valoraran este servicio. Un año después de poner en marcha la iniciativa, llegaron a la conclusión de que el resultado dejaba mucho que desear. Los conductores consideraban que ese tipo de mampara producía ruidos y reflejos que molestaban a la vista y, por consiguente, a la conducción. Se optó entonces por volver a Zaragoza para estudiar otro modelo.
Este contratiempo, que tuvo lugar en el mes de mayo del pasado año, marcó un punto de inflexión. Según el portavoz de comité de empresa, José Antonio Fernández Arias, «se encontró una mampara más cómoda y se solicitó que los nuevos autobuses vinieran de serie con ella instalada, pero la empresa se negó y nunca llegaron a Bilbao». Las versiones, sin embargo, son contradictorias. Tanto el director de TCSA, Javier Apodaca, como el concejal delegado de Circulación y Transportes, Asier Abaunza, señalaron que «lo único que se pidió es que acordaran por unanimidad la elección del modelo que les pareciera más eficaz y que fueran los trabajadores quienes asumieran la responsabilidad de dicha decisión, pero no quisieron aceptar». En este sentido, cabe señalar que estas segundas pantallas protectoras no eran desmontables, a diferencia de las primeras, por lo que tanto la empresa como el Consistorio, que corre con los gastos de instalación, habrían tenido que afrontar serios problemas en caso de que las mamparas no satisfacieran las necesidades de los conductores.
Sin enfocar al chófer
Ante esta falta de acuerdo, el Ayuntamiento se decantó por una solución alternativa: las cámaras de seguridad. El Consistorio puso en marcha hace un mes una prueba piloto en dos autobuses. En total se colocaron cuatro cámaras que grababan tanto al pasaje como las transacciones económicas que se producían en la zona del chófer. «Se respetó la petición de los conductores, que no querían que se les filmara directamente a ellos», apuntó Apodaca. Desde Circulación se ha abierto ahora el periodo de licitación del concurso dirigido a la adquisición de las unidades, al que optan cuatro empresas.
«La idea es colocar cuatro cámaras por cada coche de doce metros», medida de las unidades convencionales, explicó el director de TCSA. Se espera que unos 70 vehículos -el 60% de la flota de Bilbobus- incorporen el nuevo sistema de seguridad a lo largo de este año. El precio del paquete de cuatro cámaras que se prevé instalar por autobús oscila entre los 2.500 y los 5.000 euros, y su función no será la de controlar a diario el funcionamiento del transporte, sino la de, en caso de producirse un incidente, recuperar las imágenes del día y la hora concreta a la que ocurrió todo.
Medida «injustificada»
Los trabajadores se mostraron a favor de la videovigilancia, si bien consideran que la medida no es suficiente. En este sentido plantearon la posibilidad de contratar a vigilantes privados que acompañen a los conductores en los servicios nocturnos -'gautxoris'-, así como en las líneas y horarios más conflictivos. «La cámara sólo graba, pero no te ayuda en caso de agresión», reflexionaba ayer José Antonio Fernández Arias, portavoz del comité de empresa.
Esta petición cogió por sorpresa tanto al Ayuntamiento como a TCSA. «Nos hemos reunido hace dos días con el comité de empresa para conocer cómo iba la negociación del convenio y no se nos ha comentado nada de esto», dijo Asier Abaunza. El concejal delegado de Circulación y Transportes y el director de la empresa gestora del servicio, Javier Apodaca, coincidieron a la hora de señalar que «nunca» se les había trasmitido exigencia alguna a ese respecto. Ambos calificaron la propuesta de «injustificada» y quisieron dejar claro que las agresiones son «casos puntuales, que no sólo no han aumentado, sino que han ido a menos en el último año».











