LA RIOJA
STAR exige a la Comunidad que pague los atrasos del IPC del año pasado
Considera que el abono de un fondo del 2% a empleados públicos debía haberse hecho en el primer trimestre y el Gobierno dice que tiene de plazo hasta diciembre
15.04.08 -
2005. El entonces consejero Bretón y dirigentes de CSIF y STAR, tras cerrar el acuerdo 2004-07. / S. E.
El Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana (STAR) exigió ayer a la Consejería de Administraciones Públicas del Gobierno regional el pago de los atrasos del IPC (Índice de Precios de Consumo) del año pasado, que afectaría a «más de 10.000» empleados públicos, entre funcionarios y personal laboral de los Servicios Generales de la Comunidad (3.000 y 1.000, respectivamente), personal docente no universitario (3.200) y trabajadores del Servicio Riojano de Salud (3.600, entre médicos, ATS, enfermeras, celadores o auxiliares administrativos, sobre todo).
Domiciano Jiménez, secretario general del STAR, recordó que en el acuerdo que regula las condiciones de trabajo de los funcionarios y personal laboral del Ejecutivo riojano -aún vigente pese a que se firmó para el periodo 2004-2007- se establecía el abono de un fondo «de al menos un 2%» a todos los empleados públicos -para garantizar su poder adquisitivo-, que debería ser distribuido en el primer trimestre de cada año (en este caso, entre enero y marzo del presente 2008).
«Como el IPC de 2007 no llegó al 4 por ciento, corresponde un 2 -este fondo se utiliza para igualar el crecimiento del citado impuesto-», añadió Jiménez. Porque hay otro 2% de subida anual a todos los empleados públicos de España, según se establece en los Presupuestos Generales del Estado.
En caso de no abonarse ese 2% que exige el STAR, supondría «una merma en las retribuciones y un claro incumplimiento de lo firmado por parte de la Dirección General de Función Pública», plantea el sindicato en la nota de prensa remitida ayer.
Por su parte, Begoña Lema, subdirectora general de Negociación Colectiva y Planificación de la Función Pública, aseguró que desde el Gobierno regional ya se ha convocado en dos ocasiones, «el 13 y el 19 de marzo, la Mesa General de Negociación con los sindicatos. Pero no ha habido acuerdo» para concretar a qué conceptos se destina ese fondo.
Señaló que habrá una nueva convocatoria en abril porque «siempre hemos procurado pagar las cantidades, en función de la máxima subida del IPC, bien riojano o bien nacional, pero estando de acuerdo con los sindicatos». Lema añadió que el acuerdo estipula que «la distribución de fondos se llevará a cabo en el primer trimestre, abonándose en el año natural, con lo que hay de plazo hasta diciembre» de 2008.
Asimismo, la representante del Ejecutivo autonómico entiende que hay afectados «unos 6.500 trabajadores, entre personal de la Administración general y docentes». No incluye a los del Seris «porque no tienen fondos de esta naturaleza y sus aspectos retributivos son diferentes».
Negociar nuevo convenio
STAR exige la convocatoria «de inmediato» de la Mesa General de Negociación para determinar las cantidades individualizadas que supone el abono de los atrasos desde enero. Y considera que el inicio reciente en la negociación de un nuevo acuerdo «no debe suponer alteración alguna en los pagos ni la posible pretensión de la Administración de olvidarse de abonar a sus empleados aquello a lo que está comprometido».
Sindicato y Gobierno riojano sí coincidieron en cuantificar el dinero que supone el pago de los atrasos del IPC del año pasado; «alrededor de cinco millones de euros», dijeron Jiménez y Lema.
Domiciano Jiménez, secretario general del STAR, recordó que en el acuerdo que regula las condiciones de trabajo de los funcionarios y personal laboral del Ejecutivo riojano -aún vigente pese a que se firmó para el periodo 2004-2007- se establecía el abono de un fondo «de al menos un 2%» a todos los empleados públicos -para garantizar su poder adquisitivo-, que debería ser distribuido en el primer trimestre de cada año (en este caso, entre enero y marzo del presente 2008).
«Como el IPC de 2007 no llegó al 4 por ciento, corresponde un 2 -este fondo se utiliza para igualar el crecimiento del citado impuesto-», añadió Jiménez. Porque hay otro 2% de subida anual a todos los empleados públicos de España, según se establece en los Presupuestos Generales del Estado.
En caso de no abonarse ese 2% que exige el STAR, supondría «una merma en las retribuciones y un claro incumplimiento de lo firmado por parte de la Dirección General de Función Pública», plantea el sindicato en la nota de prensa remitida ayer.
Por su parte, Begoña Lema, subdirectora general de Negociación Colectiva y Planificación de la Función Pública, aseguró que desde el Gobierno regional ya se ha convocado en dos ocasiones, «el 13 y el 19 de marzo, la Mesa General de Negociación con los sindicatos. Pero no ha habido acuerdo» para concretar a qué conceptos se destina ese fondo.
Señaló que habrá una nueva convocatoria en abril porque «siempre hemos procurado pagar las cantidades, en función de la máxima subida del IPC, bien riojano o bien nacional, pero estando de acuerdo con los sindicatos». Lema añadió que el acuerdo estipula que «la distribución de fondos se llevará a cabo en el primer trimestre, abonándose en el año natural, con lo que hay de plazo hasta diciembre» de 2008.
Asimismo, la representante del Ejecutivo autonómico entiende que hay afectados «unos 6.500 trabajadores, entre personal de la Administración general y docentes». No incluye a los del Seris «porque no tienen fondos de esta naturaleza y sus aspectos retributivos son diferentes».
Negociar nuevo convenio
STAR exige la convocatoria «de inmediato» de la Mesa General de Negociación para determinar las cantidades individualizadas que supone el abono de los atrasos desde enero. Y considera que el inicio reciente en la negociación de un nuevo acuerdo «no debe suponer alteración alguna en los pagos ni la posible pretensión de la Administración de olvidarse de abonar a sus empleados aquello a lo que está comprometido».
Sindicato y Gobierno riojano sí coincidieron en cuantificar el dinero que supone el pago de los atrasos del IPC del año pasado; «alrededor de cinco millones de euros», dijeron Jiménez y Lema.
