El Correo Digital

Los vizcaínos verán a partir de ahora cómo la espera para conocer las sentencias que dictan los jueces en sus pleitos contra la Administración se reducirá notablemente -se estima que alrededor de un 25%-. La reciente creación del quinto Juzgado de lo Contencioso Administrativo va a permitir descongestionar los otros cuatro órganos de este tipo existentes en el territorio. «Estaban empezando a tener problemas importantes de retraso», según ha reconocido a EL CORREO el juez decano de Bilbao, Alfonso Gonzá- lez-Guija.

La apertura en la capital vizcaína de una nueva sala dedicada a resolver batallas legales entre los ciudadanos y las instituciones era una demanda histórica de los magistrados vascos, como así lo señalaban en su memoria anual de 2007. El motivo que condujo a la adjudicatura a realizar esta petición es que, en sólo cuatro años, el volumen de trabajo ha crecido casi un 50%. Se ha pasado de 1.556 recursos en 2003 a 2.288 el año pasado. Estas cifras habían colocado a los cuatro juzgados al borde del colapso. Cada uno de ellos dictaba anualmente medio millar de resoluciones, una cifra superior a la que el Consejo General del Poder Judicial estima razonable.

En realidad, entraban más casos de los que se resolvían, lo que se estaba convirtiendo en un serio problema de demoras. De hecho, el exceso de carga de trabajo ha provocado en los últimos tres años que, en todas las salas, el plazo mínimo para que se abra juicio por un contencioso supera los seis meses desde la fecha de interposición.

Finalmente, el pasado 28 de diciembre, el Ministerio de Justicia autorizó la puesta en marcha del nuevo órgano, que comenzó a funcionar a principios de enero, con varios funcionarios interinos designados por el Departamento de Justicia del Gobierno vasco y un juez sustituto al frente, «con experiencia en este tipo de jurisdicción», nombrado por el Decanato. El pasado 1 de abril, el Boletín Oficial del Estado publicaba el nombramiento de la juez titular: María Eva Saavedra, que hasta ahora llevaba un juzgado de Instrucción en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. La magistrada tomará posesión de su nueva plaza en los próximos días, según apuntó González-Guija.

El nuevo juzgado no parte de cero, sino que el pasado 11 de enero se aprobó una reasignación de casos. A día de hoy, el número 5 ha absorbido 438 recursos procedentes de los otros cuatro órganos de la jurisdicción. «Hasta julio verá un 20% más de asuntos que el resto para reequilibrar la situación», valoró el juez decano. Uno de los primeros conflictos que deberá resolver es la demanda de una comunidad de vecinos contra el Ayuntamiento de Bilbao por autorizar la instalación de una antena de telefonía móvil en la azotea del hotel Carlton.

Inmigración y Sanidad

Los contenciosos administrativos son cada día más frecuentes y engloban a todas aquellas demandas que los ciudadanos interponen contra las resoluciones dictadas por las diversas instituciones. Los jueces estudian desde simples impugnaciones de multas de tráfico hasta complejos pleitos urbanísticos en los que hay en juego cientos de millones de las antiguas pesetas.

En el último lustro, los recursos relacionados con la inmigración han multiplicado el esfuerzo de los magistrados. De hecho, los litigios por denegación de residencia u órdenes de expulsión acaparan la cuarta parte de las sentencias dictadas en este ámbito.

La carga de trabajo también ha crecido de forma importante porque, desde 2005, los juzgados de los Contencioso Administrativo resuelven las demandas por responsabilidad patrimonial de las administraciones: caídas en la vía pública o denuncias por presuntas negligencias médicas, entre otras. Vienen a suponer el 15% de los fallos. Con anterioridad, estos casos eran resueltos por la vía civil.