LA RIOJA
El Ayuntamiento ingresará 648.000 euros tras ganar el pleito sobre el IBI de la AP-68
| CALAHORRA | El recurso de casación de la Abogacía del Estado ha sido desestimado, en cumplimiento del principio de Autonomía local
16.04.08 -
Pagola dio a conocer ayer los detalles de la sentencia. / E. E.
El Ayuntamiento de Calahorra ingresará 648.00 euros tras ganar el pleito que obliga al Estado a pagar el impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de la autopista Vasco-Aragonesa (AP-68), correspondiente a los años comprendidos entre 1998 y 2002.
Javier Pagola explicó ayer los pasos llevados a cabo desde el Consistorio para «exigir el pago de unos impuestos que no pueden cargarse a las espaldas de los municipios», declaró. El alcalde estimó que la cantidad demandada, más los intereses acarreados durante el período transcurrido, serán abonados para finales de año. «El dinero que percibamos del pago del IBI se incluirá en la partida presupuestaria», anunció el alcalde.
Ante el precedente llevado a cabo por el ayuntamiento de Cenicero en 1995, el Consistorio calagurritano decidió, en octubre de 2003, exigir al Estado el porcentaje de compensación por el uso de los terrenos municipales sobre los que se asienta la autopista a su paso por la localidad, una extensión cercana a los 11 kilómetros.
La sentencia obliga al Estado a abonar al Ayuntamiento la cantidad de 598.355 euros más los intereses añadidos durante 2007 y los meses trascurridos de 2008. La cifra final estimada alcanza los 648.000 euros.
Un proceso largo
La primera sentencia favorable para el Ayuntamiento de Calahorra se produjo en junio de 2007. La resolución, a favor del municipio, dio lugar a un recurso de casación por parte de la Abogacía del Estado, que ha sido ahora desestimado. «El Estado se escudaba en que este tipo de acciones no está regulado formalmente. El Ayuntamiento ha exigido el cumplimiento del principio de Autonomía local que garantizan los artículos 137 y 142 de la Constitución», explicó Pagola.
El alcalde de Calahorra expuso también el interés existente desde el Ayuntamiento de solicitar el IBI de la AP- 68 correspondiente al período 2003- 2006. Lo que podría hacerse extensible a otros ejercicios ya que la autopista está exenta de pago hasta el año 2011.
Otros municipios se han interesado por los pasos legales a seguir ante el «éxito» de la sentencia del municipio riojabajeño.
Javier Pagola explicó ayer los pasos llevados a cabo desde el Consistorio para «exigir el pago de unos impuestos que no pueden cargarse a las espaldas de los municipios», declaró. El alcalde estimó que la cantidad demandada, más los intereses acarreados durante el período transcurrido, serán abonados para finales de año. «El dinero que percibamos del pago del IBI se incluirá en la partida presupuestaria», anunció el alcalde.
Ante el precedente llevado a cabo por el ayuntamiento de Cenicero en 1995, el Consistorio calagurritano decidió, en octubre de 2003, exigir al Estado el porcentaje de compensación por el uso de los terrenos municipales sobre los que se asienta la autopista a su paso por la localidad, una extensión cercana a los 11 kilómetros.
La sentencia obliga al Estado a abonar al Ayuntamiento la cantidad de 598.355 euros más los intereses añadidos durante 2007 y los meses trascurridos de 2008. La cifra final estimada alcanza los 648.000 euros.
Un proceso largo
La primera sentencia favorable para el Ayuntamiento de Calahorra se produjo en junio de 2007. La resolución, a favor del municipio, dio lugar a un recurso de casación por parte de la Abogacía del Estado, que ha sido ahora desestimado. «El Estado se escudaba en que este tipo de acciones no está regulado formalmente. El Ayuntamiento ha exigido el cumplimiento del principio de Autonomía local que garantizan los artículos 137 y 142 de la Constitución», explicó Pagola.
El alcalde de Calahorra expuso también el interés existente desde el Ayuntamiento de solicitar el IBI de la AP- 68 correspondiente al período 2003- 2006. Lo que podría hacerse extensible a otros ejercicios ya que la autopista está exenta de pago hasta el año 2011.
Otros municipios se han interesado por los pasos legales a seguir ante el «éxito» de la sentencia del municipio riojabajeño.
