ARTÍCULOS
Agua y territorio
16.04.08 -
JESÚS FERRERO
El debate en torno al agua ha puesto de manifiesto que no es posible abordar nuevas estrategias en la política de aguas si no se discute el modelo de desarrollo territorial vigente. El agua es el soporte de todas las actividades económico-productivas, sociales, lúdicas y culturales que tienen lugar en el territorio, además de mantener el intrincado y complejo funcionamiento del ecosistema natural. Cualquier actividad influye en la dinámica y generación de este bien fundamental para el mantenimiento de la vida. Sin embargo, la visión excesivamente mercantilista del agua, como un simple recurso económico que crea riqueza, ha impedido ver su verdadera dimensión holística dentro del territorio.
El nuevo ordenamiento jurídico que dicta la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000), por el que se establece un marco comunitario para la protección de las aguas superficiales continentales, de transición, costeras y subterráneas, con el objeto de prevenir o reducir su contaminación, promover su uso sostenible, proteger el medio ambiente y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos, apuesta por un modelo de gestión basado en la cohesión fluvioterritorial desde un enfoque de gestión ecosistémica. Desde esta perspectiva de integridad territorial, la planificación hidrológica debería entenderse y plantearse como un instrumento al servicio de una política territorial integrada y sostenible. El problema fundamental radica en la falta de previsión y coordinación entre los usos que asignamos al territorio y la disponibilidad de agua en el mismo, llegándose a situaciones en las que los niveles de demanda se sitúan muy por encima de la disponibilidad de recursos.
El modelo de desarrollo territorial vigente es a todas luces insostenible, por mucho que se vista de verde con argumentos de sostenibilidad faltos de contenido y alejados de la realidad. Existe una ausencia de sintonía genérica entre la planificación territorial y las políticas sectoriales relacionadas con la gestión de los recursos naturales, especialmente del agua. La ordenación del territorio se planifica sin tener en cuenta la capacidad de carga, los costes económicos, sociales y ambientales asociados y, sobre todo, las dinámicas de los procesos naturales que tienen lugar en el territorio. Se trata de crecer a cualquier coste, sin límites, a pesar de que el sustento del desarrollo se realiza sobre unos recursos -agua, suelo y territorio- que sí son limitados. De esta manera, se postulan estrategias de ordenación territorial que incrementan el consumo de recursos naturales, como el agua, sin realizar previamente una caracterización y cuantificación de los recursos hídricos y sin tener en cuenta las funciones del vital elemento dentro del territorio, ni las afecciones ambientales que pueden derivarse de las actuaciones humanas. Se crece por encima de las posibilidades físicas del territorio y se rompe la vocación natural de los usos del suelo.
El creciente consumo de suelo por el urbanismo residencial e industrial está contribuyendo, de una forma preocupante, a la desaparición del tejido rural y a la transformación del paisaje. La construcción de complejos residenciales de baja densidad y amplias superficies industriales está generando una presión significativa sobre unos recursos hídricos frágiles y amenazados. El aumento de la población y de la actividad económica está haciendo que el consumo de agua se multiplique y los vertidos colapsen los obsoletos sistemas de depuración. Y todo ello manteniendo la caduca infraestructura de abastecimiento y saneamiento.
La consecuencia es que algunas áreas, especialmente las que más han crecido, lloran la falta de agua y piden que se solucione un problema que era perfectamente previsible. Las soluciones que se plantean, como no podía ser de otra manera, siguen siendo las mismas de siempre: más agua para todos -y si es a bajo o nulo coste, mejor-, más embalses, más regulación de ríos, más ingeniería hidráulica traducida en megaproyectos cuyos promotores -muchas veces la propia Administración- minimizan los impactos sociales y ambientales y exageran los supuestos beneficios para la sociedad Y todo ello sin olvidar los costes económicos, generalmente subestimados, y que al final acaban multiplicándose. Este desacertado y desorientado modelo de crecimiento, que se postula en algunos planes de ordenación territorial, está repercutiendo doble y negativamente en los ecosistemas de agua dulce: por un lado, se está dando una 'vuelta de tuerca' más a los ríos y acuíferos, proponiendo nuevos embalses y más aprovechamientos, y por otro lado, está empeorando, de forma alarmante, la salud del medio hídrico debido al incremento de la carga contaminante, poniendo en riesgo el cumplimiento de los requerimientos ambientales de la Directiva Marco del Agua.
Un aspecto especialmente preocupante, que no es considerado lo suficiente en el planeamiento urbano, a pesar de que existen propuestas interesantes de la Administración hidráulica, como la vasca, es el riesgo de inundación en las vegas fluviales. Debería tenerse en cuenta la delimitación de la zona inundable, con sus distintos niveles de riesgo, y establecer una distribución de usos y actividades compatible con la dinámica fluvial, asignando, allí donde se pueda, espacios de libertad fluvial para el río y calificando como no urbanizables las zonas de mayor riesgo. De esta manera, además de tener en cuenta lo que recogen algunos documentos en materia de regulación del territorio, como la Ley de Aguas de 1985, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, la Directiva Marco del Agua, los planes hidrológicos, la Ley del Suelo o la Directriz Básica de Protección Civil, estaríamos aplicando el sentido común, que, por desgracia, brilla por su ausencia en muchos planificadores del territorio. La voluntad pública de planificar y ordenar el territorio no debe ignorar, como hace habitualmente, las políticas sectoriales relacionadas con la gestión y protección de los recursos naturales, como el agua. Y no será por falta de documentos de corte ambiental como programas marco ambientales o estrategias de desarrollo sostenible, donde se definen líneas de actuación que luego cuesta poner en práctica.
Dentro del territorio, como espacio geográfico que soporta un intrincado sistema de procesos y funciones, los ríos son un capital natural proveedor de servicios y funciones. Según esta apreciación, la gestión del agua debe integrarse en la gestión del territorio de acuerdo con tres principios fundamentales: conservación, eficiencia y ahorro. Es preciso abordar la gestión conjunta de agua y territorio, favoreciendo el consenso social y la participación ciudadana, con instrumentos de ordenación tendentes a limitar los usos de ambos recursos, limitados, en el camino hacia la sostenibilidad territorial. De la misma manera, es preciso encontrar un equilibrio entre los usos del suelo y la disponibilidad del agua, de modo que el aprovechamiento no implique quebrar la salud de los ecosistemas acuáticos y la conservación sea el principal objetivo.
Así, parece lógico racionalizar los usos del suelo dimensionando la estructura productiva y ordenando el poblamiento con el objeto de adaptar el modelo de desarrollo a las características hidrológicas del territorio. Si no nos adaptamos al territorio, el agua siempre será insuficiente. Por eso, frente a las estrategias de oferta, la gestión de la demanda, entendida como adecuación de los aprovechamientos a los límites naturales de disponibilidad sostenible del agua en un territorio, respetando criterios ambientales y sociales, así como potenciando el ahorro, es clave en el momento actual, pero más aún lo va a ser en los escenarios venideros de previsible variabilidad de las aportaciones y, en consecuencia, de los propios recursos. En el difícil equilibrio entre el aprovechamiento y la conservación, el verdadero cambio de paradigma -necesario para afrontar con éxito la gestión del agua- es entender que el primero no debe ir por delante de la segunda, y que la conservación de los ecosistemas fluviales debe entenderse como el verdadero baluarte para el desarrollo territorial sostenible, donde los ríos recuperen la identidad perdida y sean un elemento de convivencia y de unión entre las gentes y los pueblos.
opinion@bakeaz.org
El nuevo ordenamiento jurídico que dicta la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000), por el que se establece un marco comunitario para la protección de las aguas superficiales continentales, de transición, costeras y subterráneas, con el objeto de prevenir o reducir su contaminación, promover su uso sostenible, proteger el medio ambiente y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos, apuesta por un modelo de gestión basado en la cohesión fluvioterritorial desde un enfoque de gestión ecosistémica. Desde esta perspectiva de integridad territorial, la planificación hidrológica debería entenderse y plantearse como un instrumento al servicio de una política territorial integrada y sostenible. El problema fundamental radica en la falta de previsión y coordinación entre los usos que asignamos al territorio y la disponibilidad de agua en el mismo, llegándose a situaciones en las que los niveles de demanda se sitúan muy por encima de la disponibilidad de recursos.
El modelo de desarrollo territorial vigente es a todas luces insostenible, por mucho que se vista de verde con argumentos de sostenibilidad faltos de contenido y alejados de la realidad. Existe una ausencia de sintonía genérica entre la planificación territorial y las políticas sectoriales relacionadas con la gestión de los recursos naturales, especialmente del agua. La ordenación del territorio se planifica sin tener en cuenta la capacidad de carga, los costes económicos, sociales y ambientales asociados y, sobre todo, las dinámicas de los procesos naturales que tienen lugar en el territorio. Se trata de crecer a cualquier coste, sin límites, a pesar de que el sustento del desarrollo se realiza sobre unos recursos -agua, suelo y territorio- que sí son limitados. De esta manera, se postulan estrategias de ordenación territorial que incrementan el consumo de recursos naturales, como el agua, sin realizar previamente una caracterización y cuantificación de los recursos hídricos y sin tener en cuenta las funciones del vital elemento dentro del territorio, ni las afecciones ambientales que pueden derivarse de las actuaciones humanas. Se crece por encima de las posibilidades físicas del territorio y se rompe la vocación natural de los usos del suelo.
El creciente consumo de suelo por el urbanismo residencial e industrial está contribuyendo, de una forma preocupante, a la desaparición del tejido rural y a la transformación del paisaje. La construcción de complejos residenciales de baja densidad y amplias superficies industriales está generando una presión significativa sobre unos recursos hídricos frágiles y amenazados. El aumento de la población y de la actividad económica está haciendo que el consumo de agua se multiplique y los vertidos colapsen los obsoletos sistemas de depuración. Y todo ello manteniendo la caduca infraestructura de abastecimiento y saneamiento.
La consecuencia es que algunas áreas, especialmente las que más han crecido, lloran la falta de agua y piden que se solucione un problema que era perfectamente previsible. Las soluciones que se plantean, como no podía ser de otra manera, siguen siendo las mismas de siempre: más agua para todos -y si es a bajo o nulo coste, mejor-, más embalses, más regulación de ríos, más ingeniería hidráulica traducida en megaproyectos cuyos promotores -muchas veces la propia Administración- minimizan los impactos sociales y ambientales y exageran los supuestos beneficios para la sociedad Y todo ello sin olvidar los costes económicos, generalmente subestimados, y que al final acaban multiplicándose. Este desacertado y desorientado modelo de crecimiento, que se postula en algunos planes de ordenación territorial, está repercutiendo doble y negativamente en los ecosistemas de agua dulce: por un lado, se está dando una 'vuelta de tuerca' más a los ríos y acuíferos, proponiendo nuevos embalses y más aprovechamientos, y por otro lado, está empeorando, de forma alarmante, la salud del medio hídrico debido al incremento de la carga contaminante, poniendo en riesgo el cumplimiento de los requerimientos ambientales de la Directiva Marco del Agua.
Un aspecto especialmente preocupante, que no es considerado lo suficiente en el planeamiento urbano, a pesar de que existen propuestas interesantes de la Administración hidráulica, como la vasca, es el riesgo de inundación en las vegas fluviales. Debería tenerse en cuenta la delimitación de la zona inundable, con sus distintos niveles de riesgo, y establecer una distribución de usos y actividades compatible con la dinámica fluvial, asignando, allí donde se pueda, espacios de libertad fluvial para el río y calificando como no urbanizables las zonas de mayor riesgo. De esta manera, además de tener en cuenta lo que recogen algunos documentos en materia de regulación del territorio, como la Ley de Aguas de 1985, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, la Directiva Marco del Agua, los planes hidrológicos, la Ley del Suelo o la Directriz Básica de Protección Civil, estaríamos aplicando el sentido común, que, por desgracia, brilla por su ausencia en muchos planificadores del territorio. La voluntad pública de planificar y ordenar el territorio no debe ignorar, como hace habitualmente, las políticas sectoriales relacionadas con la gestión y protección de los recursos naturales, como el agua. Y no será por falta de documentos de corte ambiental como programas marco ambientales o estrategias de desarrollo sostenible, donde se definen líneas de actuación que luego cuesta poner en práctica.
Dentro del territorio, como espacio geográfico que soporta un intrincado sistema de procesos y funciones, los ríos son un capital natural proveedor de servicios y funciones. Según esta apreciación, la gestión del agua debe integrarse en la gestión del territorio de acuerdo con tres principios fundamentales: conservación, eficiencia y ahorro. Es preciso abordar la gestión conjunta de agua y territorio, favoreciendo el consenso social y la participación ciudadana, con instrumentos de ordenación tendentes a limitar los usos de ambos recursos, limitados, en el camino hacia la sostenibilidad territorial. De la misma manera, es preciso encontrar un equilibrio entre los usos del suelo y la disponibilidad del agua, de modo que el aprovechamiento no implique quebrar la salud de los ecosistemas acuáticos y la conservación sea el principal objetivo.
Así, parece lógico racionalizar los usos del suelo dimensionando la estructura productiva y ordenando el poblamiento con el objeto de adaptar el modelo de desarrollo a las características hidrológicas del territorio. Si no nos adaptamos al territorio, el agua siempre será insuficiente. Por eso, frente a las estrategias de oferta, la gestión de la demanda, entendida como adecuación de los aprovechamientos a los límites naturales de disponibilidad sostenible del agua en un territorio, respetando criterios ambientales y sociales, así como potenciando el ahorro, es clave en el momento actual, pero más aún lo va a ser en los escenarios venideros de previsible variabilidad de las aportaciones y, en consecuencia, de los propios recursos. En el difícil equilibrio entre el aprovechamiento y la conservación, el verdadero cambio de paradigma -necesario para afrontar con éxito la gestión del agua- es entender que el primero no debe ir por delante de la segunda, y que la conservación de los ecosistemas fluviales debe entenderse como el verdadero baluarte para el desarrollo territorial sostenible, donde los ríos recuperen la identidad perdida y sean un elemento de convivencia y de unión entre las gentes y los pueblos.
opinion@bakeaz.org
