El Correo Digital

La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, respaldó ayer la decisión de Juan Ignacio Vidarte de despedir al director de Administración y Finanzas del Guggenheim, Roberto Cearsolo, como presunto autor de las «irregularidades financieras y contables» de- tectadas en las cuentas de la sociedades Tenedora e Inmobiliaria del Museo de Arte Contemporáneo de Bilbao. No obstante, Azkarate pidió que esta situación «no empañe la trayectoria del museo, de un proyecto que ha sido brillante y que seguirá siendo uno de los buques insignia en nuestro país», e insistió en que el desfalco fue descubierto desde dentro.

En su intervención, la portavoz del Ejecutivo subrayó que «dentro de la gravedad de lo sucedido, se ha actuado con celeridad tomando las medidas oportunas», y anunció su comparecencia en el Parlamento vasco en el «plazo más breve posible» -podría ser la semana que viene- para dar las explicaciones oportunas. Azkarate también argumentó que «el hecho de que las irregu- laridades se focalicen en una sola persona ha hecho que ni el Tribunal de Cuentas, que ha fiscalizado la actividad de la pinacoteca en dos ocasiones desde 1998, ni todas las auditorías que han analizando las cuentas de la sociedad Tenedora e Inmobiliaria del museo, hayan sido capaces de detectarlas».

La noticia sobre el desfalco también tuvo su respuesta en la Diputación vizcaína, miembro del patronato. Josune Ariztondo, como diputada de Cultura, pidió comparecer en las Juntas Generales para aclarar «los pormenores» de lo acontecido. El propio diputado general, José Luis Bilbao, aprovechó el pleno para reunir a todos los grupos junteros y darles a conocer lo ocurrido, coincidiendo en el tiempo con la rueda de prensa que Vidarte había convocado en el Guggenheim.

Auditoría integral

Los grupos de la oposición, por su parte, exigieron claridad a los responsables del museo en un asunto que calificaron de «muy grave, no sólo por la supuesta actuación delictiva de apropiación de fondos públicos, sino por afectar a una institución como el Guggenheim, al que todos consideramos una de las señas de identidad del País Vasco del siglo XXI», matizó el portavoz del PSE, José Antonio Pastor. En opinión del dirigente socialista, «hay que poner encima de la mesa todas las medidas necesarias para salvaguardar el prestigio de una institución que hoy está puesta en entredicho, y hay que exigir la mayor celeridad en la investigación judicial».

Pastor considera que «la única forma de tener una visión global» de lo sucedido en el museo es analizar «toda» su trayectoria, «desde que comenzó a funcionar como tal y no de un solo año». Con este fin, el parlamentario socialista instará a los departamentos de Cultura del Gobierno vasco y a la Diputación de Vizcaya a que encarguen una auditoría integral de la gestión económica de la pinacoteca desde 1998 hasta la actualidad.

Mientras, el PP vasco ha pedido que además de la consejera de Cultura comparezca en el Parlamento el presidente del Tribunal de Cuentas, al objeto de que «detalle aspectos de la fiscalización del Guggenheim que no han sido detectados en los informes aportados», según explicó el parlamentario Carmelo Barrio.

Y es que, en opinión del portavoz popular en las Juntas Generales de Vizcaya, Carlos Olazabal, «no se ha dicho toda la verdad» sobre el desfalco y «hay más responsables de este escándalo financiero que no están saliendo a la luz». «¿Qué intereses hay detrás de todo esto?», se preguntó el juntero vizcaíno, quien vinculó lo ocurrido en la pinacoteca con las irregularidades en el museo Balenciaga de Getaria, lo que le dio pie a denunciar que «en el ámbito cultural de Euskadi no existen los controles suficientes sobre las inversiones que se hacen con dinero público».

Olazabal emplazó, asimismo, al resto de los grupos junteros a respaldar la constitución de una comisión de investigación que el PP ya propuso infructuosamente el pasado febrero.