CULTURA
La larga batalla por la divulgación de los precios
17.04.08 -
Una visitante recorre la instalación de Richard Serra. / EL CORREO
La resistencia del Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya a facilitar los precios de las compras para la colección del Guggenheim Bilbao ha estado en consonancia con el grado de opacidad con que se han manejado en el entorno gestor del museo, principalmente operado por la Fundación Guggenheim de Nueva York en el plano la programación artística.
Hoy es el día en que ambos Ejecutivos siguen sin comunicar a las respectivas cámaras de representación, y a la sociedad vasca, cuál es el precio de una de sus principales compras: el conjunto de siete esculturas de Richard Serra instalado en la sala más grande del museo desde junio de 2004. Y eso que el propio artista reveló que él cobraba 15,5 millones de euros, fabricación incluida, dejando en evidencia la secretista política.
Los responsables se han escudado en los tratos con los artistas, que así defendían sus cotizaciones ante los descuentos que venían a hacer; el caso es que tampoco difundían los precios de las obras de los autores ya muertos.
El Tribunal de Cuentas, de todas formas, facilitó en su primer informe los precios pagados por las compras de 1995 a 1998; no así, en el segundo, los de las realizadas entre 1999 y 2005. Y eso que meses antes de cerrar su informe, el Parlamento obligaba por fin al Gobierno vasco a facilitar a la Cámara los precios de manera anual.
La batalla por la divulgación de los precios fue larga, ante la cerrada oposición de sus responsables, que alegaron incluso, en sede parlamentaria, que lo mismo pasaba en otros museos, del Reina Sofía al Artium. Nada más lejos de la realidad: los museos del Estado no suelen ocultar ningún precio a la opinión pública y rinden cuentas de manera anual en varios controles, el principal, la Intervención del Estado; en Artium, sus cuentas y precios son públicos al cabo de cada ejercicio desde siempre.
Hoy es el día en que ambos Ejecutivos siguen sin comunicar a las respectivas cámaras de representación, y a la sociedad vasca, cuál es el precio de una de sus principales compras: el conjunto de siete esculturas de Richard Serra instalado en la sala más grande del museo desde junio de 2004. Y eso que el propio artista reveló que él cobraba 15,5 millones de euros, fabricación incluida, dejando en evidencia la secretista política.
Los responsables se han escudado en los tratos con los artistas, que así defendían sus cotizaciones ante los descuentos que venían a hacer; el caso es que tampoco difundían los precios de las obras de los autores ya muertos.
El Tribunal de Cuentas, de todas formas, facilitó en su primer informe los precios pagados por las compras de 1995 a 1998; no así, en el segundo, los de las realizadas entre 1999 y 2005. Y eso que meses antes de cerrar su informe, el Parlamento obligaba por fin al Gobierno vasco a facilitar a la Cámara los precios de manera anual.
La batalla por la divulgación de los precios fue larga, ante la cerrada oposición de sus responsables, que alegaron incluso, en sede parlamentaria, que lo mismo pasaba en otros museos, del Reina Sofía al Artium. Nada más lejos de la realidad: los museos del Estado no suelen ocultar ningún precio a la opinión pública y rinden cuentas de manera anual en varios controles, el principal, la Intervención del Estado; en Artium, sus cuentas y precios son públicos al cabo de cada ejercicio desde siempre.
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