El Tribunal Superior sostiene que el PERI, -aprobado de forma inicial en septiembre de 2005 por todos los grupos de la Corporación de Durango, excepto Mugarra Bilgunea-, apenas deja cinco metros de distancia entre las viviendas de protección oficial y el área industrial implantado en San Roke.
El Ayuntamiento podrá presentar un recurso contra el fallo judicial, que ha basado su dictamen en el incumplimiento de las Normas Subsidiarias. En este sentido, determina que el plan no contempla una correcta separación entre las nuevas viviendas y las empresas ya ubicadas bien a través de un parque o de una alternativa similar.
El Tribunal Superior insiste en que el PERI no «suaviza» el encuentro entre el desarrollo industrial y residencial, tarea que ya se antojaba con «dificultades» en las Normas Subsidiarias de la villa. La sentencia vuelve a ralentizar el inicio de la construcción de 143 viviendas de protección oficial, según establece el convenio suscrito en noviembre de 2006 por representantes del Ayuntamiento y del Gobierno vasco.





