TERRORISMO
La Justicia gala autoriza las entregas de los ex jefes de ETA 'Anboto' y Olarra
La extradición de Soledad Iparragirre, por el asesinato de un cartero en 1985, supone la tercera negativa revocada
Soledad Iparragirre, 'Anboto'.
El Tribunal de Apelación de París concedió ayer las entregas a España de los ex jefes de ETA Soledad Iparragirre, 'Anboto', y Jon Olarra Guridi que serán ejecutadas cuando hayan terminado de rendir cuentas con la Justicia francesa. En el caso de la primera, se trata de la tercera revocación de una anterior negativa gracias a la aplicación del Convenio de Dublín, que valida los plazos de prescripción españoles, más amplios que en la legislación gala.
La extradición de 'Anboto' recibió esta vez luz verde por el asesinato hace 23 años de Estanislao Galíndez Llano, cartero de Amurrio (Álava) al que ETA consideraba confidente de la Policía. Por este crimen, perpetrado el 26 de junio de 1985, ya han sido condenados en la Audiencia Nacional los entonces activistas del 'comando Araba' Juan Carlos Arruti, 'Paterra', y Josetxo Arizkuren, 'Kantauri'.
El funcionario, que dejó viuda y siete hijos, fue abatido a tiros cuando se dirigía en bicicleta con uniforme a su trabajo. Tras pedirle la documentación para corroborar su identidad, dos hombres y una mujer le dispararon con dos pistolas tres disparos en cabeza y tórax que le causaron la muerte en el acto.
La demanda había sido denegada en 2006 por un tribunal de Toulouse, en cuya jurisdicción Iparragirre estaba entonces encarcelada, al juzgar los hechos prescritos a la luz de la ley francesa. Lo mismo ocurrió con otras dos reclamaciones aceptadas recientemente en París que le imputan un ataque en 1985 al cuartel de la Guardia Civil en Llodio y un atentado en 1987 contra un bar de Eskoriatza, localidad guipuzcoana donde nació hace 47 años.
Las entregas ordenadas de Olarra obedecen a tres euro-órdenes enviadas por otros tantos juzgados de la Audiencia Nacional. El sumario más antiguo le imputa complicidad en el asesinato de Francisco Tomás y Valiente, ex presidente del Tribunal Constitucional, cometido en su despacho en la Universidad Autónoma de Madrid el 14 de febrero de 1996.
Las otras dos causas datan de su etapa al frente de los comandos armados y le conciernen en calidad de presunto instigador o cooperador necesario. Por un lado, está acusado de haber facilitado material, medios e información para asesinar al coronel médico del Ejército del Aire Antonio Muñoz Cariñanos en Sevilla el 16 de octubre de 2000. Por último, se le atribuye la orden del atentado contra el Hotel Calafont que el 17 de agosto de 2001 causó 14 heridos en Salou (Tarragona).
La extradición de 'Anboto' recibió esta vez luz verde por el asesinato hace 23 años de Estanislao Galíndez Llano, cartero de Amurrio (Álava) al que ETA consideraba confidente de la Policía. Por este crimen, perpetrado el 26 de junio de 1985, ya han sido condenados en la Audiencia Nacional los entonces activistas del 'comando Araba' Juan Carlos Arruti, 'Paterra', y Josetxo Arizkuren, 'Kantauri'.
El funcionario, que dejó viuda y siete hijos, fue abatido a tiros cuando se dirigía en bicicleta con uniforme a su trabajo. Tras pedirle la documentación para corroborar su identidad, dos hombres y una mujer le dispararon con dos pistolas tres disparos en cabeza y tórax que le causaron la muerte en el acto.
La demanda había sido denegada en 2006 por un tribunal de Toulouse, en cuya jurisdicción Iparragirre estaba entonces encarcelada, al juzgar los hechos prescritos a la luz de la ley francesa. Lo mismo ocurrió con otras dos reclamaciones aceptadas recientemente en París que le imputan un ataque en 1985 al cuartel de la Guardia Civil en Llodio y un atentado en 1987 contra un bar de Eskoriatza, localidad guipuzcoana donde nació hace 47 años.
Las entregas ordenadas de Olarra obedecen a tres euro-órdenes enviadas por otros tantos juzgados de la Audiencia Nacional. El sumario más antiguo le imputa complicidad en el asesinato de Francisco Tomás y Valiente, ex presidente del Tribunal Constitucional, cometido en su despacho en la Universidad Autónoma de Madrid el 14 de febrero de 1996.
Las otras dos causas datan de su etapa al frente de los comandos armados y le conciernen en calidad de presunto instigador o cooperador necesario. Por un lado, está acusado de haber facilitado material, medios e información para asesinar al coronel médico del Ejército del Aire Antonio Muñoz Cariñanos en Sevilla el 16 de octubre de 2000. Por último, se le atribuye la orden del atentado contra el Hotel Calafont que el 17 de agosto de 2001 causó 14 heridos en Salou (Tarragona).
