ENSEÑANZA
Educación dice que inspectores investigan las irregularidades en la oferta de Religión
La plataforma contraria a Educación para la Ciudadanía se presenta hoy en Bilbao
POLÉMICA. Un colectivo ha entregado un listado a Educación con cien centros que no dan Religión. / EFE
El Departamento de Educación admitió ayer que ha recibido quejas -«las últimas de la asociación familiar Bagara»- en las que advierten de presuntas irregularidades en determinados centros educativos relacionadas con la oferta de Religión. Ante esta situación, la consejería de EA aseguró en un comunicado que Inspección «está actuando para evitar que ninguna persona vea conculcados sus derechos». Hace un par de días, el colectivo Bagara, que defiende la enseñanza de la asignatura, puso en conocimiento de las autoridades educativas una lista con más de un centenar de colegios vascos en los que ya no se imparte la materia, y de otra media docena en los que los claustros han intentado suprimir la asignatura durante el plazo de matrícula.
Las delegaciones diocesanas de enseñanza del País Vasco han mantenido numerosos contactos con Educación y con la Inspección en los últimos meses para trasladarles precisamente las irregularidades detectadas, las más graves ocurridas en colegios guipuzcoanos, según indicaron sus portavoces. La consejería dirigida por Tontxu Campos también reiteró ayer que la normativa actual garantiza que «todo el alumnado que lo desee puede cursar la asignatura de Religión Católica en horario lectivo» al tratarse de una «materia de oferta obligada» y de «elección voluntaria por parte de las familias o tutores en todos los centros educativos». Educación recordó que en los impresos de matriculación aparece «expresamente la fórmula para hacer efectivo el derecho a elegir la asignatura y recoger así la voluntad de las familias o tutores legales».
En cualquier caso, la consejería aseguró que no ha recibido denuncia concretas de «ninguna familia relativa a la vulneración del derecho a cursar la mencionada asignatura». Respecto a los institutos guipuzcoanos donde el claustro votó si se dejaba de dar la materia, los responsables educativos mostraron su extrañeza al entender que los profesores no pueden tomar decisiones que queden fuera de su ámbito de competencia, «máxime cuando la Inspección ha comprobado que en relación a algunos de los centros mencionados no aparece documentación alguna sobre estos supuestos acuerdos en el acta de la reunión», subrayaron.
Por otra parte, hoy se presenta en Bilbao la plataforma vasca Educación y Libertad, asociación que agrupa a padres y madres que no quieren que sus hijos estudien Educación para la Ciudadanía al entender que «contiene una fuerte carga ideológica y moral con la que no están de acuerdo». Más de 400 familias vascas ya han declarado a sus hijos «objetores de conciencia» de la materia y así lo han dejado constar en sus respectivos centros a través de un escrito.
La inclusión de Educación para la Ciudadanía en el nuevo plan de estudios de la LOE ha desatado un enfrentamiento sin precedentes entre diferentes sectores de la sociedad. Tanto es así, que 341 familias vizcaínas y guipuzcoanas han recurrido a la vía ordinaria a través de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior para impugnar el decreto que regula la asignatura, mientras que una docena de padres interpusieron recursos invocando la protección de los derechos fundamentales, al tratarse de un trámite más rápido.
Las delegaciones diocesanas de enseñanza del País Vasco han mantenido numerosos contactos con Educación y con la Inspección en los últimos meses para trasladarles precisamente las irregularidades detectadas, las más graves ocurridas en colegios guipuzcoanos, según indicaron sus portavoces. La consejería dirigida por Tontxu Campos también reiteró ayer que la normativa actual garantiza que «todo el alumnado que lo desee puede cursar la asignatura de Religión Católica en horario lectivo» al tratarse de una «materia de oferta obligada» y de «elección voluntaria por parte de las familias o tutores en todos los centros educativos». Educación recordó que en los impresos de matriculación aparece «expresamente la fórmula para hacer efectivo el derecho a elegir la asignatura y recoger así la voluntad de las familias o tutores legales».
En cualquier caso, la consejería aseguró que no ha recibido denuncia concretas de «ninguna familia relativa a la vulneración del derecho a cursar la mencionada asignatura». Respecto a los institutos guipuzcoanos donde el claustro votó si se dejaba de dar la materia, los responsables educativos mostraron su extrañeza al entender que los profesores no pueden tomar decisiones que queden fuera de su ámbito de competencia, «máxime cuando la Inspección ha comprobado que en relación a algunos de los centros mencionados no aparece documentación alguna sobre estos supuestos acuerdos en el acta de la reunión», subrayaron.
Por otra parte, hoy se presenta en Bilbao la plataforma vasca Educación y Libertad, asociación que agrupa a padres y madres que no quieren que sus hijos estudien Educación para la Ciudadanía al entender que «contiene una fuerte carga ideológica y moral con la que no están de acuerdo». Más de 400 familias vascas ya han declarado a sus hijos «objetores de conciencia» de la materia y así lo han dejado constar en sus respectivos centros a través de un escrito.
La inclusión de Educación para la Ciudadanía en el nuevo plan de estudios de la LOE ha desatado un enfrentamiento sin precedentes entre diferentes sectores de la sociedad. Tanto es así, que 341 familias vizcaínas y guipuzcoanas han recurrido a la vía ordinaria a través de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior para impugnar el decreto que regula la asignatura, mientras que una docena de padres interpusieron recursos invocando la protección de los derechos fundamentales, al tratarse de un trámite más rápido.
