El Correo Digital

El grupo socialista en el Parlamento vasco solicitó ayer la comparecencia urgente del director general del Museo Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte, «para que explique los hechos que han llevado a la destitución del que hasta esta semana ha sido director financiero de la pinacoteca, Roberto Cearsolo».

Para la portavoz del PSE en la Comisión de Educación y Cultura, Isabel Celaá, «no basta con que Vidarte, como director general, pida disculpas públicamente por la actuación presuntamente fraudulenta de uno de sus hombres de confianza. Tiene que dar la cara y explicarnos por qué, durante demasiado tiempo, no ha existido control alguno sobre las cuentas de la Sociedad Tenedora del museo».

La parlamentaria de Eusko Alkartasuna Onintza Lasa destacó «la necesidad de revisar y mejorar los mecanismos de control sobre este tipo de sociedades (la Tenedora y la Inmobiliaria), financiadas total o parcialmente con dinero público». EA, socio del PNV y Ezker Batua en el tripartito de Vitoria, subrayó la obligación de «investigar, aclarar y depurar todas las responsabilidades, sean del tipo que sean», mientras que Aralar consideró «totalmente necesario intensificar el control público y político en el Guggenheim para evitar cualquier tipo de irregularidad».

Comisión de investigación

Por otro lado, el grupo del PP en las Juntas Generales de Vizcaya pedirá toda la documentación relativa a la Sociedad Tenedora del museo desde su fundación para averiguar el vínculo entre sus operaciones -la compra de obras de arte- y el desfalco de medio millón de euros confesado por el propio director financiero, ahora destituido.

Carlos Olazabal, portavoz popular en la institución foral, denunció que esta documentación «ha sido total o parcialmente destruida o eliminada, de acuerdo a los papeles que nos han llegado desde el mismo Guggenheim». Esta es una de las iniciativas que presentarán los populares en el Parlamento foral, en el que exigirán una comisión de investigación para aclarar las cuentas de la Tenedora. Además, exigirán que la Diputación vizcaína y el Ejecutivo autónomo, socios al 50% de esta sociedad, modifiquen sus participaciones para que alternativamente tengan el 49% y el 51%. De este modo, «sus cuentas estarían sujetas por ley a la acción fiscalizadora del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y a los sistemas de contratación propios de la Administración».

En opinión de Olazabal, «no es creíble que Cearsolo ejerciese él solo las funciones económicas de esta sociedad, porque tampoco lo es que un único señor pueda administrar 90 millones de euros de adquisiciones sin ningún control por parte de nadie».

El portavoz popular aseguró que los 487.000 euros sustraídos por el ex director financiero del Guggenheim salió de la tesorería de la Tenedora, aunque admitió que no tenía pruebas, y aseguró que el «origen» del desfalco está en el cambio de divisas en el que el museo ha perdido seis millones de euros.

Esta operación se firmó en 2002, mientras que Cearsolo ha admitido que los desvíos de dinero a sus cuentas comenzó en 1998. Los fondos procedían de la Sociedad Inmobiliaria, encargada de la adquisición del solar y de la construcción del edificio de Gehry. Olazabal se mostró contundente y restó credibilidad a esta información, «ya que viene de una parte interesada», zanjó.