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El juez decreta un embargo preventivo a la familia Pitterman y Nereo por 13,3 millones
El auto aprecia «atropellada o descuidada» la gestión de la anterior directiva del Alavés Alerta del riesgo de descenso y liquidación
18.04.08 -
Dmitry Piterman, seguramente el más nefasto de cuantos presidentes han gestionado el Alavés en sus 87 años, ya siente el aliento de la Justicia sobre su cogote, aunque se refugie a miles de kilómetros, en Estados Unidos. El Juzgado de lo Mercantil de Vitoria decretó ayer «el embargo preventivo de los bienes y derechos» del ucraniano hasta responder por una cantidad de 13.332.114 euros, la mitad de la deuda reconocida por la entidad y su administración concursal. La medida cautelar contra Piterman también afecta a su esposa, Milanendra Vikramsingh, y a José Nereo Ruiz, el consejo de administración albiazul entre los meses de julio de 2004 y julio de 2007.
El auto judicial, de nueve páginas y emitido sólo seis días después de la vista oral, pretende «asegurar las posibles responsabilidades» de los directivos salientes, un asunto que se determinará mediante sentencia posterior dentro del proceso concursal que afecta al Alavés.
Quiere esto decir que el inmovilizado del patrimonio de los tres servirá en el futuro como garantía de cobro para los acreedores si el concurso se declara culpable -responsabilidad financiera de los gestores- o si se procede a la liquidación del club por no poder hacer frente a su deuda, de más de 26 millones.
Entretanto, el matrimonio Piterman y José Nereo podrán disfrutar de sus bienes congelados, pero en ningún caso disponer de ellos para generar ingresos mediante venta, alquiler o traspaso y también sufrirán el bloqueo de sus cuentas corrientes hasta que se resuelva la insolvencia o no del Alavés.
Aunque la actuación judicial implica por igual a los tres ex consejeros, bastaría con que las posesiones de uno de ellos cubran los 13,3 millones de euros para librar a los otros dos. Incluso, el depósito del dinero en el juzgado o una fianza valdrían igualmente para levantar la medida.
Investigación
En consecuencia, el juez de lo Mercantil ordena «la averiguación del patrimonio de los embargados», tarea a la que se deberán entregar el Registro de la Propiedad, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Hacienda Foral de Álava y la Ertzaintza.
A ésta se le encomienda, expone el juez, que investigue a Piterman, Vikramsingh y Nereo Ruiz y le informe «de los medios de vida conocidos; vehículos, sean o no de su propiedad; lugares donde puedan realizar cualquier tipo de actividad que pueda generar ingresos, y cualquier otro dato que pudiera permitir la determinación de elementos patrimoniales, incluso aunque su titularidad corresponda a terceras personas físicas y jurídicas».
El auto judicial, de nueve páginas y emitido sólo seis días después de la vista oral, pretende «asegurar las posibles responsabilidades» de los directivos salientes, un asunto que se determinará mediante sentencia posterior dentro del proceso concursal que afecta al Alavés.
Quiere esto decir que el inmovilizado del patrimonio de los tres servirá en el futuro como garantía de cobro para los acreedores si el concurso se declara culpable -responsabilidad financiera de los gestores- o si se procede a la liquidación del club por no poder hacer frente a su deuda, de más de 26 millones.
Entretanto, el matrimonio Piterman y José Nereo podrán disfrutar de sus bienes congelados, pero en ningún caso disponer de ellos para generar ingresos mediante venta, alquiler o traspaso y también sufrirán el bloqueo de sus cuentas corrientes hasta que se resuelva la insolvencia o no del Alavés.
Aunque la actuación judicial implica por igual a los tres ex consejeros, bastaría con que las posesiones de uno de ellos cubran los 13,3 millones de euros para librar a los otros dos. Incluso, el depósito del dinero en el juzgado o una fianza valdrían igualmente para levantar la medida.
Investigación
En consecuencia, el juez de lo Mercantil ordena «la averiguación del patrimonio de los embargados», tarea a la que se deberán entregar el Registro de la Propiedad, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Hacienda Foral de Álava y la Ertzaintza.
A ésta se le encomienda, expone el juez, que investigue a Piterman, Vikramsingh y Nereo Ruiz y le informe «de los medios de vida conocidos; vehículos, sean o no de su propiedad; lugares donde puedan realizar cualquier tipo de actividad que pueda generar ingresos, y cualquier otro dato que pudiera permitir la determinación de elementos patrimoniales, incluso aunque su titularidad corresponda a terceras personas físicas y jurídicas».
