ACORDES Y DESACUERDOS
Valencia y Murcia recurrirán al Constitucional para exigir también un trasvase del Ebro
Los socialistas insisten en que se trata de una cesión «temporal», mientras el Gobierno podría autorizar hoy mismo las obras
Camps y Valcárcel, ayer.
Barcelona amaneció ayer con lluvias que dieron un respiro al exhausto nivel de sus embalses, pero las aguas siguen bajando revueltas por el polémico trasvase -que previsiblemente se aprobará hoy a través de un Real Decreto- para llevar hasta la capital catalana el líquido del Ebro que ahora se desvía para uso de regantes hasta Tarragona. El PSOE insistió ayer en que las tuberías serán una solución «temporal», mientras los populares redoblaron su ofensiva con la amenaza de acudir al Tribunal Constitucional si se mantiene «la discriminación» hacia las regiones de Valencia y Murcia, que también reclaman agua del Ebro.
Los dirigentes de estas dos comunidades autónomas volvieron a abanderar la revuelta de las regiones del PP ante las pretensiones socialistas. El líder valenciano, Francisco Camps, y el titular de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, se reunieron durante tres horas y media y lanzaron un claro mensaje al Ejecutivo socialista. Formalizarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si se realiza la transferencia de agua a Cataluña y no se recuperan «en su totalidad» los planes de trasvase del Ebro incluidos en el Plan Hidrológico Nacional derogado por Zapatero. El documento preveía cesiones de hasta mil hectómetros cúbicos de agua para abastecimiento y regadíos en las provincias valencianas, Murcia y Almería. Un volumen muy superior al del 'minitrasvase' catalán, que prevé captar 50 hectómetros cúbicos de lo desviado ya del cauce del río hacia los regadíos tarraconenses. «Somos regiones solidarias», enfatizaron en su comparecencia conjunta. Y si bien defendieron que se desvíe agua hacia Barcelona porque está «infartada y requiere atención inmediata», alertaron de que las regiones levantinas son «enfermas en potencia» y precisan soluciones.
Camps y Valcárcel adelantaron que no promoverán movilizaciones ciudadanas contra la aportación hídrica a Barcelona, pero aseguraron que respaldarán y se pondrán «sin complejos de ningún tipo a la cabeza» de las que se convoquen. Horas antes del encuentro entre los líderes regionales, Camps ya había aclarado que es «el primero en defender el trasvase a Barcelona» siempre que se dé, eso sí, «el mismo trato» a Cataluña, Murcia, la Comunidad Valenciana y Almería.
Esperanza Aguirre insistió en el mismo mensaje. La presidenta de Madrid apoyó la cesión de agua a Barcelona porque «no debe sufrir escasez como si fuese una ciudad tercermundista», pero aclaró que el trasvase también debería aplicarse a las comunidades del Levante «e incluso a Madrid».
180 millones de euros
Los socialistas reunieron ayer a sus federaciones en diversas comunidades españolas para abordar el 'minitrasvase', convertido ya en el primer reto político de la legislatura para Zapatero. La secretaria de Medio Ambiente del PSOE, Soraya Rodríguez, insistió en que se trata de una iniciativa «temporal» y «de emergencia», que estará en vigor hasta que entre en servicio la planta desalinizadora de El Prat, en junio de 2009, a la que se confiará en el futuro el abastecimiento de la capital catalana.
Rodríguez, sin embargo, matizó que «sería ilógico» retirar las tuberías una vez superada la fase de emergencia y apostó por mantenerlas, aunque sin uso por si «falla en el futuro» la desalinizadora.
El Gobierno prevé aprobar hoy, precisamente, esta solución a través de un Real Decreto. La obra consistirá en extender la conexión de la cuenca del Ebro a Tarragona hasta Barcelona mediante una tubería de acero de un metro de diámetro y 62 kilómetros de longitud, que transcurrirá soterrada en paralelo a la AP-7. Costará del orden de 180 millones de euros.
Los dirigentes de estas dos comunidades autónomas volvieron a abanderar la revuelta de las regiones del PP ante las pretensiones socialistas. El líder valenciano, Francisco Camps, y el titular de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, se reunieron durante tres horas y media y lanzaron un claro mensaje al Ejecutivo socialista. Formalizarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si se realiza la transferencia de agua a Cataluña y no se recuperan «en su totalidad» los planes de trasvase del Ebro incluidos en el Plan Hidrológico Nacional derogado por Zapatero. El documento preveía cesiones de hasta mil hectómetros cúbicos de agua para abastecimiento y regadíos en las provincias valencianas, Murcia y Almería. Un volumen muy superior al del 'minitrasvase' catalán, que prevé captar 50 hectómetros cúbicos de lo desviado ya del cauce del río hacia los regadíos tarraconenses. «Somos regiones solidarias», enfatizaron en su comparecencia conjunta. Y si bien defendieron que se desvíe agua hacia Barcelona porque está «infartada y requiere atención inmediata», alertaron de que las regiones levantinas son «enfermas en potencia» y precisan soluciones.
Camps y Valcárcel adelantaron que no promoverán movilizaciones ciudadanas contra la aportación hídrica a Barcelona, pero aseguraron que respaldarán y se pondrán «sin complejos de ningún tipo a la cabeza» de las que se convoquen. Horas antes del encuentro entre los líderes regionales, Camps ya había aclarado que es «el primero en defender el trasvase a Barcelona» siempre que se dé, eso sí, «el mismo trato» a Cataluña, Murcia, la Comunidad Valenciana y Almería.
Esperanza Aguirre insistió en el mismo mensaje. La presidenta de Madrid apoyó la cesión de agua a Barcelona porque «no debe sufrir escasez como si fuese una ciudad tercermundista», pero aclaró que el trasvase también debería aplicarse a las comunidades del Levante «e incluso a Madrid».
180 millones de euros
Los socialistas reunieron ayer a sus federaciones en diversas comunidades españolas para abordar el 'minitrasvase', convertido ya en el primer reto político de la legislatura para Zapatero. La secretaria de Medio Ambiente del PSOE, Soraya Rodríguez, insistió en que se trata de una iniciativa «temporal» y «de emergencia», que estará en vigor hasta que entre en servicio la planta desalinizadora de El Prat, en junio de 2009, a la que se confiará en el futuro el abastecimiento de la capital catalana.
Rodríguez, sin embargo, matizó que «sería ilógico» retirar las tuberías una vez superada la fase de emergencia y apostó por mantenerlas, aunque sin uso por si «falla en el futuro» la desalinizadora.
El Gobierno prevé aprobar hoy, precisamente, esta solución a través de un Real Decreto. La obra consistirá en extender la conexión de la cuenca del Ebro a Tarragona hasta Barcelona mediante una tubería de acero de un metro de diámetro y 62 kilómetros de longitud, que transcurrirá soterrada en paralelo a la AP-7. Costará del orden de 180 millones de euros.
