ECONOMÍA
Adiós al falso 'impuesto de los ricos'
Las medidas del Gobierno afectan al sistema fiscal e introducen algunos estímulos para las empresas y familias que atraviesen problemas financieros
19.04.08 -
DESEMPLEO. Un joven observa su cartilla tras registrarse en las oficinas del paro. Los planes gubernamentales incorporan medidas para paliar la situación. / IGOR AIZPURU
El plan de medidas de impulso de la economía y de apoyo a las empresas y familias con problemas financieros que aprobó ayer el Gobierno es una especie de 'omnibus' en el que han entrado decisiones de índole fiscal que son estructurales, como la desaparición del Impuesto sobre el Patrimonio, y también otras más coyunturales, como la devolución de una parte del IRPF. Éstas son las principales decisiones adoptadas por el Ejecutivo socialista.
Supone una rebaja en el IRPF del año 2008, que se instrumentará mediante una deducción por ese importe en la declaración de la renta que los españoles realizarán en la primavera de 2009. Para anticipar los efectos de esta rebaja fiscal -copiada, al igual que otras medidas, de iniciativas recientes puestas en marcha en Estados Unidos-, el Ejecutivo ha establecido un sistema para anticipar que esta cantidad llegue a los bolsillos de los españoles antes de que acabe el presente ejercicio. Tendrán derecho a recibir los 400 euros los pensionistas, los trabajadores por cuenta ajena y también los autónomos. Mientras que pensionistas y empleados los recibirán gracias a una disminución de sus retenciones, los autónomos deberán recuperarlo en sus pagos anticipados trimestrales.
No es un cheque del Gobierno a los ciudadanos, sino una devolución de impuestos. Por ello, habrá una parte de los contribuyentes -los de rentas más bajas- que no podrán acceder a la totalidad de esta cantidad. Serán aquéllos cuya aportación a las arcas del Estado se sitúe, precisamente, por debajo de los 400 euros.
Las diputaciones forales decidirán en las próximas semanas cómo aplican la medida a los contribuyentes vascos.
El Gobierno ha decidido no esperar más tiempo para acometer una reforma ya anunciada en el discurso de investidura por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El Impuesto sobre el Patrimonio quedará eliminado del sistema fiscal español, con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. Con ello, la declaración que los contribuyentes harán en las próximas semanas, como liquidación del tributo correspondiente a 2007, será la última. En el caso del País Vasco, hay 19.100 vizcaínos afectados por ese gravamen, 13.800 guipuzcoanos y 5.300 alaveses. La recaudación en Euskadi por ese concepto apenas supera los 87 millones de euros.
Hace ya tiempo que el Impuesto de Patrimonio se había convertido en un catálogo de injusticias y, lejos de suponer una carga para las grandes fortunas, como parece anunciar su nombre, se había trocado en un problema para las clases medias. Los más potentados, parapetados detrás de sociedades instrumentales, apenas si padecían el rigor del impuesto, mientras que contribuyentes que han adquirido una vivienda en los últimos años y han acumulado algunos ahorros en inversiones bursátiles sufrían la mayor parte de la presión fiscal. Entre los países del entorno, tan sólo Francia mantiene una figura similar.
Un acuerdo del Gobierno con el sector financiero y los notarios permitirá que la ampliación del plazo de las hipotecas -pasar de un periodo de amortización de 15 a 20 años, por ejemplo- sea completamente gratuito. Inicialmente, el Ejecutivo había pensado en esta medida sólo para las familias que atravesasen dificultades, pero los propios bancos le han convencido de que opte por una aplicación general para evitar un complicado proceso de control. Si la entidad acepta prorrogar el plazo -en casos en los que los prestatarios atraviesen problemas para hacer frente a las cuotas puede evitar recurrir a la ejecución de la hipoteca-, se podrá hacer sin coste alguno. En la actualidad, para un crédito que tenga pendiente una amortización de 150.000 euros, una ampliación de plazos costaría -sumados los aranceles notariales, registrales, la comisión bancaria e impuestos- unos 328 euros.
El Gobierno reforzará con 2.000 millones adicionales la línea de avales que había instrumentado el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para respaldar las viviendas de protección oficial. De esta forma serán 5.000 millones de avales disponibles. Con ello, el Ejecutivo concede una garantía a los bancos que den los créditos a los promotores, lo que ayudará a 'engrasar' las estrecheces del sistema financiero, atenazado por la desconfianza. Con estos avales, las entidades no sólo tendrán seguridad de cobro de los préstamos -que, en la mayor parte de los casos, acaban en manos de los compradores de los pisos, mediante el mecanismo de subrogación-, sino que además les permitirá buscar dinero en el mercado interbancario a precios razonables.Bancos y cajas, por lógica, titulizarán paquetes de créditos avalados por el Estado para esa búsqueda de liquidez.
Exactamente lo mismo sucederá con los 2.000 millones en avales que el Gobierno aportará -ya había concedido otros 1.000 millones- para la concesión de créditos a 'pymes'.
Habrá una flexibilización de las condiciones exigidas para que las obras en un edificio reciban la calificación de «rehabilitación de vivienda», lo que da derecho a importantes ventajas fiscales y, en consecuencia, a una disminución del coste final de estas operaciones. Éste es uno de los 'parches' destinados a animar la actividad en el sector de la construcción.
Aunque no tendrá mucha repercusión popular, el cambio en el modelo de devoluciones del IVA es considerado «una revolución» por parte de los especialistas en la gestión fiscal. Hasta ahora, cuando una empresa tenía un saldo negativo de IVA al finalizar cada trimestre -en términos simplistas, por haber tenido más gastos que ingresos-, debía esperar a la finalización del ejercicio para reclamar a Hacienda la devolución de ese dinero y esperar entre cuatro y seis meses más para recuperarlo de forma efectiva. En el caso de empresas con largos periodos de maduración de sus procesos de producción, esto supone asumir una carga financiera extra. Hay que pensar, por ejemplo, que un promotor inmobiliario paga una gran cantidad de dinero en IVA en el momento en que compra un terreno y, sin embargo, no comienza a tener ingresos hasta varios años más tarde, cuando vende los pisos. Lo mismo sucede en otros sectores, como la construcción naval. A partir de enero de 2009, las empresas podrán optar por recibir mensualmente la devolución de este impuesto, lo que significará para muchas de ellas una inyección extra de liquidez.
El Gobierno no ampliará los créditos presupuestarios para obras públicas, pero sí se ha comprometido a acelerar los procesos de licitación.
La compra de deuda pública española por parte de inversores extranjeros estará exenta de impuestos. Esta medida, ya adoptada por otros países europeos, trata de reanimar el flujo de capitales.
Supone una rebaja en el IRPF del año 2008, que se instrumentará mediante una deducción por ese importe en la declaración de la renta que los españoles realizarán en la primavera de 2009. Para anticipar los efectos de esta rebaja fiscal -copiada, al igual que otras medidas, de iniciativas recientes puestas en marcha en Estados Unidos-, el Ejecutivo ha establecido un sistema para anticipar que esta cantidad llegue a los bolsillos de los españoles antes de que acabe el presente ejercicio. Tendrán derecho a recibir los 400 euros los pensionistas, los trabajadores por cuenta ajena y también los autónomos. Mientras que pensionistas y empleados los recibirán gracias a una disminución de sus retenciones, los autónomos deberán recuperarlo en sus pagos anticipados trimestrales.
No es un cheque del Gobierno a los ciudadanos, sino una devolución de impuestos. Por ello, habrá una parte de los contribuyentes -los de rentas más bajas- que no podrán acceder a la totalidad de esta cantidad. Serán aquéllos cuya aportación a las arcas del Estado se sitúe, precisamente, por debajo de los 400 euros.
Las diputaciones forales decidirán en las próximas semanas cómo aplican la medida a los contribuyentes vascos.
El Gobierno ha decidido no esperar más tiempo para acometer una reforma ya anunciada en el discurso de investidura por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El Impuesto sobre el Patrimonio quedará eliminado del sistema fiscal español, con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. Con ello, la declaración que los contribuyentes harán en las próximas semanas, como liquidación del tributo correspondiente a 2007, será la última. En el caso del País Vasco, hay 19.100 vizcaínos afectados por ese gravamen, 13.800 guipuzcoanos y 5.300 alaveses. La recaudación en Euskadi por ese concepto apenas supera los 87 millones de euros.
Hace ya tiempo que el Impuesto de Patrimonio se había convertido en un catálogo de injusticias y, lejos de suponer una carga para las grandes fortunas, como parece anunciar su nombre, se había trocado en un problema para las clases medias. Los más potentados, parapetados detrás de sociedades instrumentales, apenas si padecían el rigor del impuesto, mientras que contribuyentes que han adquirido una vivienda en los últimos años y han acumulado algunos ahorros en inversiones bursátiles sufrían la mayor parte de la presión fiscal. Entre los países del entorno, tan sólo Francia mantiene una figura similar.
Un acuerdo del Gobierno con el sector financiero y los notarios permitirá que la ampliación del plazo de las hipotecas -pasar de un periodo de amortización de 15 a 20 años, por ejemplo- sea completamente gratuito. Inicialmente, el Ejecutivo había pensado en esta medida sólo para las familias que atravesasen dificultades, pero los propios bancos le han convencido de que opte por una aplicación general para evitar un complicado proceso de control. Si la entidad acepta prorrogar el plazo -en casos en los que los prestatarios atraviesen problemas para hacer frente a las cuotas puede evitar recurrir a la ejecución de la hipoteca-, se podrá hacer sin coste alguno. En la actualidad, para un crédito que tenga pendiente una amortización de 150.000 euros, una ampliación de plazos costaría -sumados los aranceles notariales, registrales, la comisión bancaria e impuestos- unos 328 euros.
El Gobierno reforzará con 2.000 millones adicionales la línea de avales que había instrumentado el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para respaldar las viviendas de protección oficial. De esta forma serán 5.000 millones de avales disponibles. Con ello, el Ejecutivo concede una garantía a los bancos que den los créditos a los promotores, lo que ayudará a 'engrasar' las estrecheces del sistema financiero, atenazado por la desconfianza. Con estos avales, las entidades no sólo tendrán seguridad de cobro de los préstamos -que, en la mayor parte de los casos, acaban en manos de los compradores de los pisos, mediante el mecanismo de subrogación-, sino que además les permitirá buscar dinero en el mercado interbancario a precios razonables.Bancos y cajas, por lógica, titulizarán paquetes de créditos avalados por el Estado para esa búsqueda de liquidez.
Exactamente lo mismo sucederá con los 2.000 millones en avales que el Gobierno aportará -ya había concedido otros 1.000 millones- para la concesión de créditos a 'pymes'.
Habrá una flexibilización de las condiciones exigidas para que las obras en un edificio reciban la calificación de «rehabilitación de vivienda», lo que da derecho a importantes ventajas fiscales y, en consecuencia, a una disminución del coste final de estas operaciones. Éste es uno de los 'parches' destinados a animar la actividad en el sector de la construcción.
Aunque no tendrá mucha repercusión popular, el cambio en el modelo de devoluciones del IVA es considerado «una revolución» por parte de los especialistas en la gestión fiscal. Hasta ahora, cuando una empresa tenía un saldo negativo de IVA al finalizar cada trimestre -en términos simplistas, por haber tenido más gastos que ingresos-, debía esperar a la finalización del ejercicio para reclamar a Hacienda la devolución de ese dinero y esperar entre cuatro y seis meses más para recuperarlo de forma efectiva. En el caso de empresas con largos periodos de maduración de sus procesos de producción, esto supone asumir una carga financiera extra. Hay que pensar, por ejemplo, que un promotor inmobiliario paga una gran cantidad de dinero en IVA en el momento en que compra un terreno y, sin embargo, no comienza a tener ingresos hasta varios años más tarde, cuando vende los pisos. Lo mismo sucede en otros sectores, como la construcción naval. A partir de enero de 2009, las empresas podrán optar por recibir mensualmente la devolución de este impuesto, lo que significará para muchas de ellas una inyección extra de liquidez.
El Gobierno no ampliará los créditos presupuestarios para obras públicas, pero sí se ha comprometido a acelerar los procesos de licitación.
La compra de deuda pública española por parte de inversores extranjeros estará exenta de impuestos. Esta medida, ya adoptada por otros países europeos, trata de reanimar el flujo de capitales.
