ECONOMÍA
Reinsertar a medio millón de parados
Habrá ayudas para los recolocados en centros a más de 100 kilómetros de su casa
19.04.08 -
Alrededor de 470.000 parados iniciarán a mediados de mayo su reinserción profesional orientados por un tutor que les ayudará a recolocarse, según el proyecto aprobado ayer por el Gobierno con un coste de 201 millones de euros. Los desempleados beneficiarios, provenientes en su inmensa mayoría de la construcción y de los servicios inmobiliarios, dispondrán de subvenciones por traslado, alojamiento o guarderías si el nuevo empleo dista, al menos, 100 kilómetros de su residencia habitual.
El abanico de posibles colocaciones parece muy amplio. En los papeles del Gobierno abarca desde tareas administrativas, gestiones comerciales, rehabilitación de fachadas o reciclaje de residuos hasta conducción de vehículos, atención a personas dependientes, hostelería, despacho de alimentos pereceros o matarifes.
El proyecto inicia su andadura reglamentaria con un decreto-ley que forma parte del plan elaborado por el Gobierno para frenar la crisis y previsiblemente sus medidas entrarán en vigor en tres semanas. Fue prometido por el anterior ministro de Trabajo, Jesús Caldera, cuando, en enero, el paro alcanzó aumentos desconocidos.
El aún secretario general de Empleo, Antonio González, informó que el texto ha sido debatido con agentes sociales y automías. No obstante, las principales propuestas de las patronales CEOE y Cepyme y Comisiones y UGT han quedado fuera. Empresarios y sindicatos habían reclamado que el proyecto fuera financiado vía Presupuestos del Estado, pero el Gobierno lo pagará con las cotizaciones que empleadores y empleados abonan para la formación profesional «como ocurre con todas las políticas activas de empleo». También solicitaron que su aplicación fuera estructural; sin embargo, su vigencia terminará el 31 de diciembre de 2008.
González explicó que el programa ajustará las ofertas de empleo a los parados existentes, dado que hay áreas productivas y territoriales que generan puestos frente a otras que presentan excedentes de mano de obra. El proyecto también resolverá el desajuste entre la formación de los desocupados y las necesidades de las empresas. En definitiva, se trata de reforzar instrumentos existentes de poca utilidad y de atender de manera personalizada y real a los parados . El interés por las personas sin trabajo no se limitará, como ocurre ahora, a rellenarles una ficha que se archiva en las oficinas de empleo.
350 euros al mes
La base del proyecto es la formación profesional para el reciclaje. Se contratará a 1.500 orientadores que realizarán itinerarios individualizados para la reinserción de los parados . El coste de su incorporación ascenderá a 49,07 millones tras multiplicar dos tutores por cada una de las oficina de empleo, y sumar la retribución correspondiente de cada técnico, estimada en 35.000 euros anuales. Del total, 46,83 millones corresponderán a la gestión de 16 comunidades y 2,24 millones, al territorio no transferido (País Vasco, Ceuta y Melilla). 2,25 millones serán para la cualificación específica de funcionarios.
Habrá 150 millones para la dotación de las medidas de formación e inserción. Con este dinero también se pagarán 350 euros al mes (por un máximo de tres veces) a los parados con ingresos inferiores al Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples -IPREM- (referencia para la percepción de becas, ayuda a vivienda, límites fiscales, acceso a prestaciones sociales), situado en 516,9 euros al mes, que se hayan inscrito en el SPE (antiguo Inem) en los últimos 24 meses.
Además, se establecerán ayudas para desplazamiento, traslado de muebles y enseres, alojamiento durante los 12 primeros meses de vigencia del contrato, guardería y atención a personas dependientes cuando la nueva colocación esté a más de 100 kilómetros de la residencia habitual del parado. Las subvenciones podrán acumularse y estarán relacionadas con los ingresos del beneficiario y el IPREM.
El abanico de posibles colocaciones parece muy amplio. En los papeles del Gobierno abarca desde tareas administrativas, gestiones comerciales, rehabilitación de fachadas o reciclaje de residuos hasta conducción de vehículos, atención a personas dependientes, hostelería, despacho de alimentos pereceros o matarifes.
El proyecto inicia su andadura reglamentaria con un decreto-ley que forma parte del plan elaborado por el Gobierno para frenar la crisis y previsiblemente sus medidas entrarán en vigor en tres semanas. Fue prometido por el anterior ministro de Trabajo, Jesús Caldera, cuando, en enero, el paro alcanzó aumentos desconocidos.
El aún secretario general de Empleo, Antonio González, informó que el texto ha sido debatido con agentes sociales y automías. No obstante, las principales propuestas de las patronales CEOE y Cepyme y Comisiones y UGT han quedado fuera. Empresarios y sindicatos habían reclamado que el proyecto fuera financiado vía Presupuestos del Estado, pero el Gobierno lo pagará con las cotizaciones que empleadores y empleados abonan para la formación profesional «como ocurre con todas las políticas activas de empleo». También solicitaron que su aplicación fuera estructural; sin embargo, su vigencia terminará el 31 de diciembre de 2008.
González explicó que el programa ajustará las ofertas de empleo a los parados existentes, dado que hay áreas productivas y territoriales que generan puestos frente a otras que presentan excedentes de mano de obra. El proyecto también resolverá el desajuste entre la formación de los desocupados y las necesidades de las empresas. En definitiva, se trata de reforzar instrumentos existentes de poca utilidad y de atender de manera personalizada y real a los parados . El interés por las personas sin trabajo no se limitará, como ocurre ahora, a rellenarles una ficha que se archiva en las oficinas de empleo.
350 euros al mes
La base del proyecto es la formación profesional para el reciclaje. Se contratará a 1.500 orientadores que realizarán itinerarios individualizados para la reinserción de los parados . El coste de su incorporación ascenderá a 49,07 millones tras multiplicar dos tutores por cada una de las oficina de empleo, y sumar la retribución correspondiente de cada técnico, estimada en 35.000 euros anuales. Del total, 46,83 millones corresponderán a la gestión de 16 comunidades y 2,24 millones, al territorio no transferido (País Vasco, Ceuta y Melilla). 2,25 millones serán para la cualificación específica de funcionarios.
Habrá 150 millones para la dotación de las medidas de formación e inserción. Con este dinero también se pagarán 350 euros al mes (por un máximo de tres veces) a los parados con ingresos inferiores al Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples -IPREM- (referencia para la percepción de becas, ayuda a vivienda, límites fiscales, acceso a prestaciones sociales), situado en 516,9 euros al mes, que se hayan inscrito en el SPE (antiguo Inem) en los últimos 24 meses.
Además, se establecerán ayudas para desplazamiento, traslado de muebles y enseres, alojamiento durante los 12 primeros meses de vigencia del contrato, guardería y atención a personas dependientes cuando la nueva colocación esté a más de 100 kilómetros de la residencia habitual del parado. Las subvenciones podrán acumularse y estarán relacionadas con los ingresos del beneficiario y el IPREM.
