El Correo Digital

La comparecencia pública de Jesús Eguiguren para dar explicaciones sobre el proceso de fin dialogado del terrorismo ha aportado una «versión autorizada» de éste. Por fin es posible valorar, con datos más fiables que las puras hipótesis o sospechas, la gestión que se hizo de algo que durante meses agitó y dividió el ánimo de los españoles.

Cierto que esta valoración ha pasado a ser políticamente irrelevante, puesto que en las pasadas elecciones la sociedad ya ha juzgado el esfuerzo realizado por el Gobierno. Y lo ha sentenciado positivamente, por lo menos en el caso del votante vasco. Pero la política no se ocupa sólo de responsabilidades, sino también de acumular experiencia para aprender de ella. Por eso sigue siendo interesante analizar la gestión del proceso de paz.

Lo primero que llama la atención, por lo que cuenta Eguiguren, es la notable insuficiencia de las bases previas que sustentaron el inicio del proceso. En efecto, por mucho que retóricamente afirme que «se habían observado todos los protocolos internacionales para la resolución de conflictos», lo cierto es que él mismo reconoce ahora que «ETA tenía decidido romperlo desde el principio» porque «padecía un síndrome de vértigo insuperable ante la perspectiva de dejar las armas». Pero si se asume que ETA nunca se planteó seriamente el abandonar el terrorismo, se está reconociendo que se inició el proceso con una grave desorientación y desconocimiento de lo que ETA realmente quería. Las «sólidas bases» fueron entonces, sobre todo, la fuerza del deseo con que socialistas y radicales querían creer que existían. Como suele suceder, el entusiasmo de la voluntad suplió el déficit de conocimiento.

Otro llamativo reconocimiento: el método previamente diseñado y pactado fue alterado nada más comenzar el proceso. El método era el de las dos mesas, la técnica y la política, pero siempre diacrónicas. Eguiguren nos cuenta ahora que a la vista de que «el proceso no arrancaba» los socialistas decidieron en julio abrir de inmediato la mesa política «para que ETA viera que, si dejaba las armas, los partidos decidirían el futuro vasco». Convirtieron en sincrónicas ambas mesas. Pero sucede en todo proceso negociador que aceptar el cambio de reglas por simple presión de la otra parte es tanto como perder el control del proceso. Una pérdida de control que se acentuó al aceptar implícitamente que la violencia ambiental que se incrementaba a lo largo del verano de 2006 no era incompatible con el diálogo (otra regla rota). ¿Resultado? Probablemente que ETA recibiese un mensaje equivocado, del que sacó la idea de encastillarse y subir el listón de sus aspiraciones. Al intentar salvar como fuera el proceso, el Gobierno contribuyó probablemente a su fracaso final.

Hasta aquí los fallos técnicos del pasado. Más relevante para el futuro resulta la posición que adopta Eguiguren con respecto al contenido político de las conversaciones de Loyola: reconoce que allí se cedía algo sustantivo al mundo radical para llegar a un gran acuerdo político, puesto que «se hizo un esfuerzo en aras a conseguir la paz y la convivencia». Pero advierte que eso que se cedía en aquel momento (y es indiferente ahora qué fuera exactamente «eso») no se cedería hoy al nacionalismo pacífico. Arguye que lo que se ofreció en Loyola «deja de ser políticamente útil en estos momentos» porque, «si no es para conseguir la paz, lo que procede es algo distinto, una simple reforma estatutaria en el Parlamento siguiendo el procedimiento democrático de negociación establecido».

Este planteamiento socialista tiene su lógica política: siempre hay que tener una baza reservada para jugarla en las grandes ocasiones. Pero tiene también consecuencias inintencionales perversas, sobre todo la de motivar la persistencia del terrorismo. En efecto, se reconoce que hay un algo político que el Gobierno daría a cambio de paz y que, sin embargo, no dará a los nacionalistas no violentos. Esta admisión incentiva a unos, frustra a los otros y, sobre todo, colabora a mantener en un estado de transitoriedad indefinida la institucionalización del autogobierno vasco. Admitir que hay un «más allá» político, por mucho que se haga con la mejor intención, actúa objetivamente como incentivo poderoso para que algunos intenten forzar los límites del sistema autonómico. Unos de una forma y otros de otra, pero el resultado es que así es mucho más difícil estabilizar el autogobierno.

Para redondear el tono de ambigüedad posibilista ante el futuro, añade nuestro relator que, si bien «estoy convencido de que esta legislatura veremos el final de ETA, gracias a la presión social y el Estado de Derecho», también es cierto que «si algún día los vascos quieren vivir en paz habrá que buscar fórmulas para hacerlo». Vamos, que el bueno de nuestro estratega oficial en la materia se apunta a todas, y deja abierta la puerta por si le vuelve a dar en el futuro un acceso agudo de lo que, con mucha ironía, se suele denominar como «optimismo de la voluntad».