POLÍTICA
PSOE y PP desbloquean la renovación del Poder Judicial y el Constitucional
Alonso y Santamaría acuerdan acabar con la interinidad del órgano de gobierno de los jueces antes del verano
19.04.08 -
José Antonio Alonso, flanqueado por Fernández Bermejo, Soraya Sáenz de Santamaría e Ignacio Astarloa. / JAIME GARCÍA
PSOE y PP entraron en la legislatura con buen pie y nuevo talante. Han bastado tres reuniones para que los dos partidos mayoritarios anunciaran un acuerdo sobre la renovación de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, así como sobre el reparto de comisiones parlamentarias en el Congreso. Ambos portavoces, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, coincidieron hasta en el lenguaje para valorar las primeras negociaciones: «Han sido fructíferas».
El recambio en el órgano de gobierno de la judicatura, que en el anterior periodo legislativo requirió de incontables horas de conversaciones sin llegar nunca a buen puerto, se ha solventado ahora en día y medio. El primer compromiso, sin hablar de nombres ni de cuotas, fue que el relevo del Consejo del Poder Judicial se debe producir antes del verano, lo que pondrá fin a 17 meses de interinidad, ya que el mandato de los vocales venció en noviembre de 2006.
También hubo coincidencia en la conveniencia de aprobar un plan de modernización de la Justicia a partir de la propuesta que puso sobre la mesa el titular de la cartera, Mariano Fernández Bermejo. Estas medidas se refieren a la implantación de la oficina judicial, las funciones del Tribunal Supremo y el recurso de casación, el fortalecimiento del CGPJ y la Justicia de proximidad, la incorporación de las nuevas tecnologías, una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y el mantenimiento de los cuerpos nacionales de funcionarios.
El consenso alcanzó asimismo a la organización del Congreso. El PP presidirá cuatro comisiones parlamentarias: Presupuestos, Control de RTVE, Pacto de Toledo y Mixta para la Unión Europea, las mismas que la legislatura pasada. Los secretarios generales de ambos grupos, el socialista Ramón Jáuregui y el popular José Luis Ayllón, perfilarán el acuerdo para presentar el próximo martes una propuesta definitiva a la Junta de Portavoces.
Clima de entendimiento
Pero con ser relevantes los acuerdos, lo es más el clima en que se han desenvuelto las conversaciones. Alonso mostró su «satisfacción» por el ambiente reinante y confió en que ese espíritu de «consenso, buena fe y cooperación institucional» ahora constatado «se mantenga a lo largo de la legislatura». Sáenz de Santamaría destacó a su vez «el buen clima de entendimiento» con los socialistas, que ha permitido trabajar «con voluntad absolutamente clara» para llegar a un acuerdo con la renovación de los órganos constitucionales.
Unas palabras impensables en la anterior legislatura, en la que las reuniones de los sucesivos portavoces socialistas -Alfredo Pérez Rubalcaba y Diego López Garrido- con su homólogo popular, Eduardo Zaplana, se saldaron casi siempre con sonoros desencuentros. Uno de los ejemplos más gráficos fue la renovación del Poder Judicial, en la que año y medio de negociaciones condujeron a la nada más absoluta. Y lo mismo se puede decir de numerosas leyes, proposiciones y hasta el reglamento de la Cámara baja.
Sáenz de Santamaría se felicitó porque ambas delegaciones lograron «sentar unas bases programáticas comunes para la modernización de la Justicia», una tarea en la que el PP quiere «colaborar lealmente y trabajar conjuntamente» con el PSOE. Ambos grupos convinieron en presentar borradores de propuestas al documento de Fernández Bermejo para buscar puntos de encuentro.
Hasta el portavoz de los populares de ese ramo, Ignacio Astarloa, quien en la pasada legislatura protagonizó serios encontronazos con los socialistas, se mostró «satisfecho» por el resultado de la reunión. Astarloa, hasta hace un minuto acérrimo crítico de la continuidad del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, señaló que su partido trabaja «para el interés general, con independencia de que nos gusten más o menos algunas de las personas que han puesto al frente de algunas tareas».
El Gobierno remitió ayer al Congreso la propuesta de nombramiento de Conde-Pumpido para que la comisión de Justicia determine una fecha para su preceptiva comparecencia. Esta comisión debe determinar su idoneidad para el cargo. El CGPJ dio su conformidad por unanimidad esta semana.
El socialista Alonso también se contagió de las buenas palabras y no planteó la menor objeción a las posiciones de los populares. No obstante, dejó claro que la iniciativa ha de corresponder al Gobierno, que es quien cuenta con mayoría parlamentaria.
El recambio en el órgano de gobierno de la judicatura, que en el anterior periodo legislativo requirió de incontables horas de conversaciones sin llegar nunca a buen puerto, se ha solventado ahora en día y medio. El primer compromiso, sin hablar de nombres ni de cuotas, fue que el relevo del Consejo del Poder Judicial se debe producir antes del verano, lo que pondrá fin a 17 meses de interinidad, ya que el mandato de los vocales venció en noviembre de 2006.
También hubo coincidencia en la conveniencia de aprobar un plan de modernización de la Justicia a partir de la propuesta que puso sobre la mesa el titular de la cartera, Mariano Fernández Bermejo. Estas medidas se refieren a la implantación de la oficina judicial, las funciones del Tribunal Supremo y el recurso de casación, el fortalecimiento del CGPJ y la Justicia de proximidad, la incorporación de las nuevas tecnologías, una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y el mantenimiento de los cuerpos nacionales de funcionarios.
El consenso alcanzó asimismo a la organización del Congreso. El PP presidirá cuatro comisiones parlamentarias: Presupuestos, Control de RTVE, Pacto de Toledo y Mixta para la Unión Europea, las mismas que la legislatura pasada. Los secretarios generales de ambos grupos, el socialista Ramón Jáuregui y el popular José Luis Ayllón, perfilarán el acuerdo para presentar el próximo martes una propuesta definitiva a la Junta de Portavoces.
Clima de entendimiento
Pero con ser relevantes los acuerdos, lo es más el clima en que se han desenvuelto las conversaciones. Alonso mostró su «satisfacción» por el ambiente reinante y confió en que ese espíritu de «consenso, buena fe y cooperación institucional» ahora constatado «se mantenga a lo largo de la legislatura». Sáenz de Santamaría destacó a su vez «el buen clima de entendimiento» con los socialistas, que ha permitido trabajar «con voluntad absolutamente clara» para llegar a un acuerdo con la renovación de los órganos constitucionales.
Unas palabras impensables en la anterior legislatura, en la que las reuniones de los sucesivos portavoces socialistas -Alfredo Pérez Rubalcaba y Diego López Garrido- con su homólogo popular, Eduardo Zaplana, se saldaron casi siempre con sonoros desencuentros. Uno de los ejemplos más gráficos fue la renovación del Poder Judicial, en la que año y medio de negociaciones condujeron a la nada más absoluta. Y lo mismo se puede decir de numerosas leyes, proposiciones y hasta el reglamento de la Cámara baja.
Sáenz de Santamaría se felicitó porque ambas delegaciones lograron «sentar unas bases programáticas comunes para la modernización de la Justicia», una tarea en la que el PP quiere «colaborar lealmente y trabajar conjuntamente» con el PSOE. Ambos grupos convinieron en presentar borradores de propuestas al documento de Fernández Bermejo para buscar puntos de encuentro.
Hasta el portavoz de los populares de ese ramo, Ignacio Astarloa, quien en la pasada legislatura protagonizó serios encontronazos con los socialistas, se mostró «satisfecho» por el resultado de la reunión. Astarloa, hasta hace un minuto acérrimo crítico de la continuidad del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, señaló que su partido trabaja «para el interés general, con independencia de que nos gusten más o menos algunas de las personas que han puesto al frente de algunas tareas».
El Gobierno remitió ayer al Congreso la propuesta de nombramiento de Conde-Pumpido para que la comisión de Justicia determine una fecha para su preceptiva comparecencia. Esta comisión debe determinar su idoneidad para el cargo. El CGPJ dio su conformidad por unanimidad esta semana.
El socialista Alonso también se contagió de las buenas palabras y no planteó la menor objeción a las posiciones de los populares. No obstante, dejó claro que la iniciativa ha de corresponder al Gobierno, que es quien cuenta con mayoría parlamentaria.
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