VIZCAYA
El PP pide inspeccionar todas las ayudas sociales para evitar fraudes
19.04.08 -
La portavoz suplente del PP de Vizcaya, Nerea Llanos, solicitó ayer la creación de un servicio específico de inspección destinado a controlar las ayudas sociales. La propuesta, que se presentará en el Parlamento, las Juntas Generales y en los distintos ayuntamientos del territorio histórico, tiene por objetivo evitar las bolsas de fraude detectadas en este tipo de prestaciones.
Los populares hacen especial hincapié en la renta básica y las ayudas de Emergencia Social, al ser las que mayor dotación económica reciben. Según recordó, la Diputación detectó el año pasado 1.252 casos de cobro indebido o injustificado de unos 4.200 expedientes analizados, lo que supone el 30% del total. Este fraude se ha visto traducido en 45 millones de euros. Además, el Gobierno vasco entrevistó a otros 2.500 perceptores de estas ayudas y se topó con alrededor de un 9% de fraudes, por valor de unos 27 millones de euros.
Llanos valoró de forma negativa el método utilizado por las instituciones para investigar este tipo de engaños. «Creemos que hay que estudiar todos los casos y no ceñirse a entrevistas aleatorias», criticó. En este sentido, defendió la constitución de una comisión por parte del Gobierno vasco, «puesto que son sus recursos», que se encargue en exclusiva de revisar la situación de los perceptores, «como ya existe en Andalucía, Navarra, La Rioja o Galicia».
Señaló que, pese a que se están incrementando de manera ostensible las partidas destinadas a ayudas sociales, los perceptores son cada vez más «crónicos». «Se supone que las prestaciones están orientadas hacia la inserción laboral, pero sólo un 30% de las personas que las reciben firman un convenio dirigido a este fin», advirtió. Llanos se mostró en desacuerdo con la idea de primar a unos ciudadanos por encima de otros en lo que a la recepción de ayudas se refiere -como es el caso de los mayores de 45 años en paro- y apostó por «controlar y evitar estos episodios para que los fondos públicos lleguen a aquellos que de verdad lo necesitan».
Los populares hacen especial hincapié en la renta básica y las ayudas de Emergencia Social, al ser las que mayor dotación económica reciben. Según recordó, la Diputación detectó el año pasado 1.252 casos de cobro indebido o injustificado de unos 4.200 expedientes analizados, lo que supone el 30% del total. Este fraude se ha visto traducido en 45 millones de euros. Además, el Gobierno vasco entrevistó a otros 2.500 perceptores de estas ayudas y se topó con alrededor de un 9% de fraudes, por valor de unos 27 millones de euros.
Llanos valoró de forma negativa el método utilizado por las instituciones para investigar este tipo de engaños. «Creemos que hay que estudiar todos los casos y no ceñirse a entrevistas aleatorias», criticó. En este sentido, defendió la constitución de una comisión por parte del Gobierno vasco, «puesto que son sus recursos», que se encargue en exclusiva de revisar la situación de los perceptores, «como ya existe en Andalucía, Navarra, La Rioja o Galicia».
Señaló que, pese a que se están incrementando de manera ostensible las partidas destinadas a ayudas sociales, los perceptores son cada vez más «crónicos». «Se supone que las prestaciones están orientadas hacia la inserción laboral, pero sólo un 30% de las personas que las reciben firman un convenio dirigido a este fin», advirtió. Llanos se mostró en desacuerdo con la idea de primar a unos ciudadanos por encima de otros en lo que a la recepción de ayudas se refiere -como es el caso de los mayores de 45 años en paro- y apostó por «controlar y evitar estos episodios para que los fondos públicos lleguen a aquellos que de verdad lo necesitan».
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