ASISTENCIA SOCIAL
250 dependientes alaveses renuncian a una plaza en una residencia por ayudas económicas
La entrada en vigor de la Ley de Dependencia, de la que ahora se cumple un año, contempla una prestación de 500 euros al mes para el cuidado en el seno familiar La Diputación ya ha valorado el 75% de los más de 7.000 expedientes abiertos
DEPENDIENTES. Una persona mayor espera la llegada de dos enfermeras en una residencia alavesa. / EL CORREO
TIPOS DE AYUDAS
La Ley de Dependencia, de la que ahora se cumple un año de su entrada en vigor, ha puesto en un brete a la red pública de servicios sociales. Los derechos subjetivos de las personas que no pueden valerse por sí mismas ya tienen nombre y apellidos, y la Diputación, en el caso de Álava, ha tenido que responder con recursos o, en su caso, con dinero a las demandas de las personas dependientes. ¿El resultado? Una de cal y otra de arena. Por un lado, se ha puesto en evidencia el déficit de plazas residenciales que existe en el territorio, ya sean públicas o privadas. Sin embargo, la larga lista de espera para acceder a ellas ha visto cómo 250 personas han decidido renunciar y optar por las prestaciones económicas, que pueden ser de hasta 507 euros al mes para el cuidado en el entorno familiar.
Y es que la Ley de Dependencia, el llamado cuarto pilar del estado del bienestar, obliga a las instituciones públicas a ofrecer a una persona dependiente una plaza en una residencia pública, luego, una concertada, y por último, si no es posible cumplir con alguna de las dos opciones anteriores, una prestación económica. En Álava, la saturación que sufren sus geriátricos ha obligado al Departamento de Asuntos Sociales, liderado por la peneuvista Covadonga Solaguren, a tirar de chequera para cumplir con sus obligaciones.
Pese a todo, hay muchas familias que abogan directamente por estas ayudas en lugar del ingreso. Es el caso de 250 personas, cuya decisión ha rebajado la lista de espera hasta las 160 peticiones. Sin embargo, el Instituto de Bienestar Social tiene ahora otros 200 expedientes por resolver encima de la mesa que podrían volver a 'engordar' la relación de solicitantes. Pero cuando se habla de geriátricos, las cifras fluctúan en cuestión de días, y no sólo en peticiones de alta. En lo relativo a las bajas, desde el pasado septiembre, han quedado vacantes casi 240 plazas, la mayoría de ellas por fallecimiento del usuario.
Durante el primer año de la Ley de Dependencia, más de 7.000 alaveses han solicitado el amparo de la Diputación, de los que el 75% ya cuenta con una valoración. Pese a que a que en diciembre se llegaron a alcanzar pico de 40 peticionarios al día, la cifra media ha bajado a la mitad, explica Solaguren.
Cada caso, nueve meses
Sin embargo, la tramitación de cada caso es bastante compleja. La legislación da un plazo de tres meses para valorar a la persona, otros tres para realizar el Plan Individual de Atención (PIA) y un tercer trimestre para resolverlo. «El trabajo es costoso porque cada solitud se analiza al detalle por el equipo de evaluadores. Ahora hay un plazo de 9 meses, pero esperamos que a medio plazo, este periodo pueda bajar a sólo un mes», señala Solaguren.
Pero si algo caracteriza a la Ley de Dependencia es la prolija relación de ayudas económicas que recoge. Por un lado, existe la prestación para el cuidado en el entorno familiar. Hasta la fecha, según los datos oficiales de la Diputación, ha sido concedida a más de 1.600 personas. Sin embargo, no todas las personas pueden optar a ella, sólo las valorados como grandes dependientes (grado III y grado II, nivel 2). Las cuantías oscilan desde 406 a 507 euros mensuales. Como principal novedad, es que se han eliminado los criterios de edad o renta.
Por otra parte, la otra gran prestación económica es la vinculada al servicio, es decir, aquella ayuda que se concede a una persona para que sufrague parte del coste que le supone estar ingresado en una residencia privada, ya que la Diputación no ha podido facilitarle una plaza pública o concertada -esta ayuda sí esta sujeta a renta-. A diferencia de la anterior, aquí pueden optar todas las personas dependientes, ya sean valoradas con grado I ó III. Eso sí, las cantidades para los severos podrá ser de hasta mil euros al mes, mientras que para los leves, de 508. Hasta ahora, la han solicitado más de 300 personas.
Dado el actual déficit de plazas residenciales que tiene Álava, la Diputación ha decidido en fechas recientes ampliar estas ayudas a los alaveses que opten por ingresar en geriátricos privados de Vizcaya o Guipúzcoa, bien por la proximidad geográfica, bien porque en el territorio alavés no hay plazas.
Por último, se encuentra en vigor otra ayuda destinada a los grandes dependientes (sólo para los de grado III) para que contraten a un asistente profesional que les acompañen a su lugar de trabajo o estudio para que «gocen de una mayor autonomía personal». Su novedad y quizá el desconocimiento han motivado que los solicitantes se cuenten con los dedos de una mano. Las ayudas oscilan desde los 609 a los 812 euros mensuales.
Y es que la Ley de Dependencia, el llamado cuarto pilar del estado del bienestar, obliga a las instituciones públicas a ofrecer a una persona dependiente una plaza en una residencia pública, luego, una concertada, y por último, si no es posible cumplir con alguna de las dos opciones anteriores, una prestación económica. En Álava, la saturación que sufren sus geriátricos ha obligado al Departamento de Asuntos Sociales, liderado por la peneuvista Covadonga Solaguren, a tirar de chequera para cumplir con sus obligaciones.
Pese a todo, hay muchas familias que abogan directamente por estas ayudas en lugar del ingreso. Es el caso de 250 personas, cuya decisión ha rebajado la lista de espera hasta las 160 peticiones. Sin embargo, el Instituto de Bienestar Social tiene ahora otros 200 expedientes por resolver encima de la mesa que podrían volver a 'engordar' la relación de solicitantes. Pero cuando se habla de geriátricos, las cifras fluctúan en cuestión de días, y no sólo en peticiones de alta. En lo relativo a las bajas, desde el pasado septiembre, han quedado vacantes casi 240 plazas, la mayoría de ellas por fallecimiento del usuario.
Durante el primer año de la Ley de Dependencia, más de 7.000 alaveses han solicitado el amparo de la Diputación, de los que el 75% ya cuenta con una valoración. Pese a que a que en diciembre se llegaron a alcanzar pico de 40 peticionarios al día, la cifra media ha bajado a la mitad, explica Solaguren.
Cada caso, nueve meses
Sin embargo, la tramitación de cada caso es bastante compleja. La legislación da un plazo de tres meses para valorar a la persona, otros tres para realizar el Plan Individual de Atención (PIA) y un tercer trimestre para resolverlo. «El trabajo es costoso porque cada solitud se analiza al detalle por el equipo de evaluadores. Ahora hay un plazo de 9 meses, pero esperamos que a medio plazo, este periodo pueda bajar a sólo un mes», señala Solaguren.
Pero si algo caracteriza a la Ley de Dependencia es la prolija relación de ayudas económicas que recoge. Por un lado, existe la prestación para el cuidado en el entorno familiar. Hasta la fecha, según los datos oficiales de la Diputación, ha sido concedida a más de 1.600 personas. Sin embargo, no todas las personas pueden optar a ella, sólo las valorados como grandes dependientes (grado III y grado II, nivel 2). Las cuantías oscilan desde 406 a 507 euros mensuales. Como principal novedad, es que se han eliminado los criterios de edad o renta.
Por otra parte, la otra gran prestación económica es la vinculada al servicio, es decir, aquella ayuda que se concede a una persona para que sufrague parte del coste que le supone estar ingresado en una residencia privada, ya que la Diputación no ha podido facilitarle una plaza pública o concertada -esta ayuda sí esta sujeta a renta-. A diferencia de la anterior, aquí pueden optar todas las personas dependientes, ya sean valoradas con grado I ó III. Eso sí, las cantidades para los severos podrá ser de hasta mil euros al mes, mientras que para los leves, de 508. Hasta ahora, la han solicitado más de 300 personas.
Dado el actual déficit de plazas residenciales que tiene Álava, la Diputación ha decidido en fechas recientes ampliar estas ayudas a los alaveses que opten por ingresar en geriátricos privados de Vizcaya o Guipúzcoa, bien por la proximidad geográfica, bien porque en el territorio alavés no hay plazas.
Por último, se encuentra en vigor otra ayuda destinada a los grandes dependientes (sólo para los de grado III) para que contraten a un asistente profesional que les acompañen a su lugar de trabajo o estudio para que «gocen de una mayor autonomía personal». Su novedad y quizá el desconocimiento han motivado que los solicitantes se cuenten con los dedos de una mano. Las ayudas oscilan desde los 609 a los 812 euros mensuales.
