Casi un millar de mayores vizcaínos tienen que asumir este compromiso

El reconocimiento de deuda da para debates intensos y para mucha letra pequeña, pero ¿cuáles son los números? En Vizcaya, 912 ancianos ingresados en residencias deben asumir este compromiso, que sólo afecta a quienes presentaron la solicitud a partir del 1 de enero de 2006. Y no a todos. «Sólo el 45% de la gente con derecho a una plaza tiene que hacerlo», explica el diputado de Acción Social. El resto carece de patrimonio para responder de la deuda porque vive con sus hijos o de alquiler. La Diputación rastrea los datos de los últimos cinco años para detectar si ha habido operaciones de venta y cubre los gastos que las personas con menos recursos no pueden asumir.

Entre los que disponen de propiedades para garantizar el pago, sólo 300 ciudadanos han firmado ya el reconocimiento de deuda. Otras 500 «lo están formalizando» y el resto no podrá hacerlo en el plazo establecido porque los trámites son especialmente complejos. Se dan diversas circunstancias como los «bienes sujetos a herencias» o la necesidad de abordar procesos de incapacitación. «En cualquier caso, no se deja de atender a nadie», añade Juan María Aburto.

En las residencias de la red pública, que cuenta con 2.758 plazas, el precio asciende a 71,56 euros al día. El usuario paga como máximo 62,86, ya que hay una bonificación del 12,2% para compensar las subidas salariales que contempla el convenio de auxiliares domiciliarias firmado en 2006. Eso supone una tarifa de 1.885 euros al mes, lo que abonan todos los residentes hasta que sus ahorros se reducen a 3.000 euros.

A partir de ahí, cada uno paga una parte de su pensión -hasta el 85%- en función de sus ingresos, y la diferencia entre esa cantidad y el precio público es lo que se va contabilizando como deuda. Cada seis meses se envía a la familia un documento «debidamente actualizado» con el correspondiente importe, según consta en los decretos forales. En conjunto, la Diputación asegura que los usuarios abonan algo menos del 30% del gasto que genera la estancia en residencias de tercera edad, que ascendió a 88 millones de euros en 2007. Pero en estos casos, lo que enciende los ánimos son las cifras particulares y se han planteado muchos debates sobre si las instituciones penalizan el ahorro o simplemente valoran lo que tiene cada persona sin juzgar su trayectoria vital. Detrás de todos estos números hay una discusión de fondo sobre el modelo de sociedad con el que cada uno quiere envejecer.