En 2005, el entonces presidente del puerto catalán, Joaquín Coello, puso en marcha la creación del proyecto Proatrans, destinado a crear las condiciones para acabar de forma ordenada con un sistema que, en la práctica, se traducía en actos vandálicos y ausencia total de competencia. A diferencia del proceso iniciado en el Puerto de Bilbao, Coello prefirió «coger la muleta y salir a torear» -así lo definió él mismo- en solitario y dar la solución desde la Autoridad Portuaria, para evitar reclamaciones de otros sectores del transporte. Así, estableció un plan de incentivos para los autónomos que accedían a liberalizar el mercado, que incluía, además de ayudas económicas para su integración en empresas fuertes, la informatización de sus camiones para facilitar no sólo su control sino también la mejora en las tareas de carga y descarga.
Aunque con altibajos, los responsables del puerto barcelonés estiman que, al menos, la actividad del transporte de mercancías «se ha pacificado».







