EDUCACIÓN
El PSE juzga «insensato» reformar el sistema educativo sin consenso
El PP dice que «algo no funciona» si no hay oferta de matriculación en la lengua que habla la mayoría de vascos
Isabel Celaá critica el planteamiento de Educación. / BLANCA CASTILLO.
Los socialistas se mostraron ayer confiados de que el Gobierno vasco no será «tan insensato» de impulsar en los estertores de la legislatura «y sin ningún consenso» la reforma educativa anunciada por el consejero Tontxu Campos, de EA, una propuesta que caminará hacia la desaparición del castellano en las aulas y hacia la equiparación de la financiación de los centros públicos y concertados. Acometer un proyecto de ley de «tanto calado» con el apoyo exclusivo del nacionalismo y en los últimos meses del mandato, sin apenas tiempo material de cumplir el trámite administrativo si se adelantan los comicios a octubre es, a juicio de la portavoz socialista Isabel Celaá, una absoluta «imprudencia». «Nadie puede estar tan ciego ni este país está tan loco», enfatizó.
Los socialistas anunciaron ayer cuatro iniciativas parlamentarias relacionadas con la educación en Euskadi, un área que vive momentos «confusos» y «caóticos» por el «alto nivel de incompetencia» del equipo de Campos, apuntó Celaá. Entre ellas, reclamarán a la Cámara un pronunciamiento para garantizar en cada zona educativa la oferta en los tres modelos lingüísticos vigentes, A (castellano), B (bilingüe) y D (euskera), sin que se tolere el cierre de aulas en lengua española allí donde exista demanda.
Los socialistas también exigirán al consejero que desista de incluir «cualquier referencia lingüística» en el decreto de currículum vasco, al menos hasta que se haya conseguido en el Parlamento un consenso suficiente para reformar la ley que da vigencia al sistema de los tres modelos. Celaá advirtió de que sería «una ilegalidad» proceder a la reforma 'de facto' del actual marco legal a través de un decreto y «sólo con el apoyo exclusivo del nacionalismo». Los socialistas reiteraron su apuesta por avanzar «con moderación» hacia un sistema bilingüe euskera-castellano con mayor presencia del inglés .
La parlamentaria del PSE-EE también se refirió a la negociación iniciada por el Gobierno vasco con las patronales de los centros concertados para pactar su financiación completa con fondos públicos. Celaá subrayó que aquellos que reclamen su equiparación financiera a la red pública deberán asumir igualmente los «derechos y obligaciones» de los centros de la Administración tanto en lo referido a la desaparición del sistema de cuotas -por el que financian el transporte o el comedor- como en materia de inmigración o alumnos con necesidades especiales.
El PP, por el contrario, responsabilizó al PSE de contribuir a la «falta de libertad de los padres» para elegir modelo lingüístico para sus hijos puesto que no podría ponerse en marcha la actual oferta educativa si los socialistas «no llegan a apoyar» los presupuestos del tripartito. El portavoz popular en el Ayuntamiento de Bilbao, Antonio Basagoiti, denunció que en la capital vizcaína sólo hay un centro público que oferta el modelo B y seis el A frente a los 37 que disponen de aulas de D. «Algo no funciona cuando la lengua que hablan la mayoría de los bilbaínos no puede usarse en el sistema educativo, ya que los poderes públicos con la ofertan», dijo.
Plataforma de padres
Entretanto, la plataforma de padres que defiende la libertad de elección lingüística en la escuela sigue abriendo frentes contra la política del Gobierno vasco. Tras sus infructuosos contactos con el Ejecutivo autonómico para garantizar el mantenimiento del modelo A, ya preparan el salto a la arena nacional: esta semana se reunirán con la Conferencia Episcopal española y con el Defensor del Pueblo, al tiempo que preparan un manifiesto conjunto con agrupaciones similares de otras comunidades-
En concreto, se están llevando a cabo contactos con plataformas que defienden la enseñanza en castellano en Galicia y Cataluña. «Ya se trabaja en el documento», señaló ayer María Aldecoa, una de las portavoces de la organización en el País Vasco, que agrupa a unas dos mil personas. Además, «se han puesto en contacto con nosotros plataformas de Baleares y Valencia».
Representantes de este colectivo se reunirán mañana con el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Rouco Varela, «para que se entere de lo que está haciendo Kristau Eskola», la patronal de los centros religiosos, señaló Maite González. Además, el viernes la plataforma se reunirá con el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, «Si detecta que se vulnera un derecho fundamental, es él quien presentará un recurso de amparo o de inconstitucionalidad», añadió Pablo Gay-Pobes, otro de sus portavoces.
Los socialistas anunciaron ayer cuatro iniciativas parlamentarias relacionadas con la educación en Euskadi, un área que vive momentos «confusos» y «caóticos» por el «alto nivel de incompetencia» del equipo de Campos, apuntó Celaá. Entre ellas, reclamarán a la Cámara un pronunciamiento para garantizar en cada zona educativa la oferta en los tres modelos lingüísticos vigentes, A (castellano), B (bilingüe) y D (euskera), sin que se tolere el cierre de aulas en lengua española allí donde exista demanda.
Los socialistas también exigirán al consejero que desista de incluir «cualquier referencia lingüística» en el decreto de currículum vasco, al menos hasta que se haya conseguido en el Parlamento un consenso suficiente para reformar la ley que da vigencia al sistema de los tres modelos. Celaá advirtió de que sería «una ilegalidad» proceder a la reforma 'de facto' del actual marco legal a través de un decreto y «sólo con el apoyo exclusivo del nacionalismo». Los socialistas reiteraron su apuesta por avanzar «con moderación» hacia un sistema bilingüe euskera-castellano con mayor presencia del inglés .
La parlamentaria del PSE-EE también se refirió a la negociación iniciada por el Gobierno vasco con las patronales de los centros concertados para pactar su financiación completa con fondos públicos. Celaá subrayó que aquellos que reclamen su equiparación financiera a la red pública deberán asumir igualmente los «derechos y obligaciones» de los centros de la Administración tanto en lo referido a la desaparición del sistema de cuotas -por el que financian el transporte o el comedor- como en materia de inmigración o alumnos con necesidades especiales.
El PP, por el contrario, responsabilizó al PSE de contribuir a la «falta de libertad de los padres» para elegir modelo lingüístico para sus hijos puesto que no podría ponerse en marcha la actual oferta educativa si los socialistas «no llegan a apoyar» los presupuestos del tripartito. El portavoz popular en el Ayuntamiento de Bilbao, Antonio Basagoiti, denunció que en la capital vizcaína sólo hay un centro público que oferta el modelo B y seis el A frente a los 37 que disponen de aulas de D. «Algo no funciona cuando la lengua que hablan la mayoría de los bilbaínos no puede usarse en el sistema educativo, ya que los poderes públicos con la ofertan», dijo.
Plataforma de padres
Entretanto, la plataforma de padres que defiende la libertad de elección lingüística en la escuela sigue abriendo frentes contra la política del Gobierno vasco. Tras sus infructuosos contactos con el Ejecutivo autonómico para garantizar el mantenimiento del modelo A, ya preparan el salto a la arena nacional: esta semana se reunirán con la Conferencia Episcopal española y con el Defensor del Pueblo, al tiempo que preparan un manifiesto conjunto con agrupaciones similares de otras comunidades-
En concreto, se están llevando a cabo contactos con plataformas que defienden la enseñanza en castellano en Galicia y Cataluña. «Ya se trabaja en el documento», señaló ayer María Aldecoa, una de las portavoces de la organización en el País Vasco, que agrupa a unas dos mil personas. Además, «se han puesto en contacto con nosotros plataformas de Baleares y Valencia».
Representantes de este colectivo se reunirán mañana con el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Rouco Varela, «para que se entere de lo que está haciendo Kristau Eskola», la patronal de los centros religiosos, señaló Maite González. Además, el viernes la plataforma se reunirá con el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, «Si detecta que se vulnera un derecho fundamental, es él quien presentará un recurso de amparo o de inconstitucionalidad», añadió Pablo Gay-Pobes, otro de sus portavoces.
