Joseba Iturbide (d) y Mikel San Sebastián, presuntos miembros del comando de ETA que atentó en 2006 en el aeropuerto madrileño de Barajas, a su llegada a Madrid procedentes de Francia. /EFE
Las defensas de los miembros de Gestoras sólo citará a 14 testigos
Los abogados de los 27 acusados en el juicio contra Gestoras Pro Amnistía, que comenzó ayer en la Audiencia Nacional, han remitido un escrito al tribunal en el que le solicitan que la relación de testigos que tenían previsto citar durante la vista se reduzca de 218 a 14. Con esta decisión, ni el obispo emérito de San Sebastián, José María Setién, ni el alcalde de esta ciudad, Odón Elorza (PSE-PSOE), ni el presidente del PNV de Guipúzcoa, Joseba Egibar, tendrán que comparecer en la Audiencia Nacional.
Entre los que sí tendrán que hacerlo están familiares de presos etarras, el ex director del diario Egunkaria Martxelo Otamendi o Edurne Brouard, hija del dirigente de Herri Batasuna Santiago Brouard, asesinado por el GAL en 1984. También comparecerá ante el tribunal Andoni Txasko, presidente de la Asociación 3 de Marzo, que se dedica a denunciar casos de torturas policiales.
El resto de testigos que declararán ante el tribunal, a petición de las defensas, son Usoa Esteban Nieto, Arantxa Lasa Arostegi, Goreti Ormazabal, María José campos, Unai Romano, Carmen Mañas, Concepción Luna, Belén Aguilar, Mattin Troitiño, Isabel Iribarren y Miren Itxaso Idoiaga.
De esta forma, el calendario previsto por el tribunal, variará y, previsiblemente, la prueba pericial, fijada entre el 9 y el 2 de julio, se adelantará y conllevará que el juicio quede visto para sentencia antes de la fecha prevista, el 23 de julio.
El juez de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado prisión incondicional para los presuntos miembros de ETA Joseba Iturbide y Mikel San Sebastián,
entregados por Francia tras ser
detenidos el pasado 15 de febrero en el país galo. A ambos se les relaciona con el atentado de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas en diciembre de 2006, según han informado fuentes jurídicas.
Iturbide y San Sebastián se han negado a prestar declaración a través de un intérprete por lo que la comparecencia se ha prolongado sólo unos minutos. El fiscal Ignacio Gordillo ha solicitado al magistrado su encarcelamiento por dos delitos de asesinato terrorista -las muertes de los ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate- y uno de estragos.
Después, han comparecido también ante el juez Pablo Ruz, que sustituye de forma provisional al juez Juan del Olmo en el Juzgado Central de Instrucción a la espera de que el CGPJ designe al nuevo titular tras la marcha del magistrado. Ruz les ha interrogado a causa del delito genérico de pertenencia a la banda terrorista, debido a los indicios que apuntan a que podrían haber formado parte del
comando "Elurra" junto a los presuntos etarras Igor
Portu y Martín Sarasola.
Finalmente ha dictado prisión para ambos por un delito de conspiración para la comisión de estragos terroristas por planear supuestamente atentar en el complejo
AZCA de Madrid y les ha imputado los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de armas y depósito de explosivos.
Pertenecientes al comando 'Elurra'
Mikel San Sebastián Gaztelumendi, alias 'Pottoko' (izda), y Joseba Iturbide Otxoteko, alias 'Makarra' (drcha), son dos presuntos miembros del 'comando Elurra', que se encontraban huidos desde que el pasado día 6 de enero fueron
detenidos por la Guardia Civil Igor Portu Juanena y Martin Sarasola.
Mikel San Sebastián, presuntamente, fue uno de los tres autores materiales del
atentado de la T-4, junto con Portu y Sarasola, ya que el día 29 de diciembre de 2006 participó en el transporte del coche bomba desde la frontera francesa hasta el aparcamiento de Barajas. 'Pottoko' también está acusado de colaborar en el atentado con coche bomba sufrido por la discoteca Bordatxo, en Santesteban (Navarra), el 21 de diciembre de 2005.
Iturbide y San Sebastián, además, estarían implicados en el intento de atentado con coche bomba que ETA quiso realizar en Marina D'or (Castellón), en agosto del pasado año y que se frustró después de que una patrulla de la Guardia Civil inspeccionara el vehículo que contenía los explosivos.
A los dos detenidos en San Juan de Luz se les acusa también de haber realizado diversas entregas de material explosivo entre comandos de ETA, material que les proporcionaban los dirigentes de la banda para que se encargaran de su reparto, y de la la realización de informaciones y preparativos para la colocación de un vehículo bomba en la
zona de AZCA en Madrid.