Los paros, que ahora se ampliarán a los fines de semana -5 horas al día-, se iniciaron hace dos meses y no tienen visos de finalizar. El precedente data de 2003 y entonces, la huelga se prolongó siete meses. Y es que el caso de Ariznabarra es único en la red residencial alavesa por ser de titularidad pública pero gestionado por una firma privada, Mapfre Quavitae.
Preguntado sobre si la Diputación contempla la posibilidad de rescindir el contrato por continuos incumplimientos -la concesión es para 45 años-, Rodríguez aseguró que no descartan nada pero advirtió de que es «muy complicado» tomar estas decisiones.





