SOCIEDAD
«Han empezado a llegar» los documentos solicitados, dice el Tribunal de Cuentas
Los auditores reprocharon el viernes al museo la tardanza en remitirles los papeles requeridos
23.04.08 -
El Tribunal de Cuentas empezó a recibir el pasado lunes parte de la documentación solicitada a Juan Ignacio Vidarte en relación a la ruinosa operación de cambio de divisas que hizo perder más de 6 millones de euros aportados por las instituciones para comprar obras de arte en el periodo 2002-2005. Sorprendentemente, desde el museo se aseguraba ayer que «todavía no se les ha mandado (la documentación). Con el asunto del desfalco, se está tardando en reunirla. Además, incluye información de otras entidades, como la circulación bancaria. Pero se va a enviar lo antes posible», aclaró un portavoz.
La petición de los auditores, fechada el 3 de abril, y la consiguiente recopilación de informes y documentos fue, según la dirección del museo, lo que permitió destapar el desfalco que el hasta entonces director financiero, Roberto Cearsolo, habría cometido llevándose dinero de la Tenedora y la Inmobiliaria entre 1998 y 2005.
El órgano fiscalizador, reunido de urgencia, advertía el viernes pasado de la tardanza en la entrega. Lo hacía en un comunicado en el que quiso dejar claro que su labor en los dos informes realizados hasta ahora de la actividad de la citada empresa instrumental, siempre controlada por cargos públicos del PNV de la Diputación de Vizcaya y el Gobierno vasco, no había incluido nunca la revisión de sus cuentas al detalle, después de que Vidarte anotara al anunciar el desfalco que ni el Tribunal de Cuentas lo había detectado.
Sólo una firma autorizada
En su último informe sobre la Tenedora, que abarca de 1999 a 2005, los auditores advirtieron de la necesidad de que la empresa Tenedora contara con dos firmas autorizadas para mayor seguridad -Cearsolo al parecer llegó a suplantar la de su jefe-; el caso es que Vidarte, en sus alegaciones al informe, discutió tiempo atrás esta recomendación, pidiendo incluso que la retirara. El órgano fiscalizador recordaba el otro día este requerimiento, desoído por los responsables de la Tenedora a la vista de lo ocurrido.
El Tribunal de Cuentas, cuyo portavoz disculpó ayer el retraso en la entrega de la documentación, actúa en el caso de las cuantiosas pérdidas en el cambio de divisas de 2002 a 2005 por mandato directo del pleno del Parlamento. Es la segunda vez que la Cámara vasca lo hace; la primera fue cuando el 'caso de las tragaperras'.
La petición de los auditores, fechada el 3 de abril, y la consiguiente recopilación de informes y documentos fue, según la dirección del museo, lo que permitió destapar el desfalco que el hasta entonces director financiero, Roberto Cearsolo, habría cometido llevándose dinero de la Tenedora y la Inmobiliaria entre 1998 y 2005.
El órgano fiscalizador, reunido de urgencia, advertía el viernes pasado de la tardanza en la entrega. Lo hacía en un comunicado en el que quiso dejar claro que su labor en los dos informes realizados hasta ahora de la actividad de la citada empresa instrumental, siempre controlada por cargos públicos del PNV de la Diputación de Vizcaya y el Gobierno vasco, no había incluido nunca la revisión de sus cuentas al detalle, después de que Vidarte anotara al anunciar el desfalco que ni el Tribunal de Cuentas lo había detectado.
Sólo una firma autorizada
En su último informe sobre la Tenedora, que abarca de 1999 a 2005, los auditores advirtieron de la necesidad de que la empresa Tenedora contara con dos firmas autorizadas para mayor seguridad -Cearsolo al parecer llegó a suplantar la de su jefe-; el caso es que Vidarte, en sus alegaciones al informe, discutió tiempo atrás esta recomendación, pidiendo incluso que la retirara. El órgano fiscalizador recordaba el otro día este requerimiento, desoído por los responsables de la Tenedora a la vista de lo ocurrido.
El Tribunal de Cuentas, cuyo portavoz disculpó ayer el retraso en la entrega de la documentación, actúa en el caso de las cuantiosas pérdidas en el cambio de divisas de 2002 a 2005 por mandato directo del pleno del Parlamento. Es la segunda vez que la Cámara vasca lo hace; la primera fue cuando el 'caso de las tragaperras'.
