ADJUDICACIÓN
De los cuatro grandes, ESB desarrollará los de Montes de Iturrieta y Cruz de Alda (Álava), ambos con una potencia de 50 MW. Aernnova, a través de su filial Orisol, instalará los de Arkamo (Álava), también con 50 MW, y Gazume (Guipúzcoa), con 16 MW.
Minieólicas
Iberdrola, que se ha quedado fuera en la puja por los grandes, ha conseguido que el Gobierno vasco le recompense con una larga lista de minieólicas que le dejan en un buen lugar. En concreto, a través de Eólicas de Euskadi -firma que ya controla al 100% tras comprar su mitad al Ente Vasco de la Energía (EVE)- se ha adjudicado los vizcaínos Sollube, Galdames y La Aceña, que suman 34,4 MW. A estos tres hay que añadir otros tres obtenidos por Iberdrola Renovables -Motxotegi, Campeador y Elciego-, con una potencia de 42,2 MW.
También han salido beneficadas en el reparto de minieólicas Guascor, Capital Energy y Gamesa. Naturgas, que sólo se había presentado a los parques grandes, es la gran perdedora, a pesar de que había apostado fuerte con la creación de una filial para desarrollar este tipo de proyectos y de que el Gobierno vasco controla el 30% de su capital -el resto es del grupo portugués EDP-.
El proceso de adjudicación ha sido más que tortuoso. La mayor parte de los emplazamientos han suscitado polémica hasta el punto de que el Parlamento de Vitoria, con los votos de PNV, EA, PSE y Aralar, decidió obligar al Gobierno vasco a revisar el Plan Territorial Sectorial (PTS), en el que se fijan las ubicaciones de los grandes parques eólicos -los de más de 10 MW-.
Esta decisión de la Cámara complicó aún más la labor del departamento de Industria, dirigido por Ana Agirre, responsable del concurso. Pese a este cuestionamiento y ante la presión por el enorme retraso acumulado, la consejera se decidió a seguir adelante con el reparto, aunque ninguna empresa recibirá la autorización definitiva para instalar molinos de viento hasta que se haya revisado el PTS.
Pero éste no es el único obstáculo que les queda por superar a las compañías. Ahora se abre un plazo de seis meses para que cada una de ellas presente el proyecto básico de la instalación y el estudio de impacto ambiental. Estos dos documentos serán sometidos a información pública durante un mes. Luego se remitirán a la consejería de Medio Ambiente -en manos de EA-, que deberá concederles la autorización pertinente. Si su respuesta es negativa, como en Ordunte, el proceso se cierra.







