
Lejos de caminar hacia una auténtica libertad de contratación del transporte en el Puerto, Sintrabi exige de la Administración exactamente todo lo contrario. Quieren que se reconozca esta actividad como un «servicio portuario». En términos más claros, reclaman que se mantenga el cártel pero con un respaldo legal, como ocurre con otras actividades del sector portuario: amarradores, estiba, remolcadores, etc.
El Gobierno vasco y el Puerto de Bilbao han ofrecido 25.000 euros a los autónomos que acepten acabar con el sistema actual de contratación y o bien se retiren de la actividad o formen empresas para seguir con la misma. El objetivo es no sólo terminar con una fórmula rígida de contratación -sólo los camiones 'autorizados' por el cártel que sostienen las organizaciones Sintrabi y Egas están autorizados a desarrollar determinados transportes-, sino también animar a la creación de empresas fuertes que acaben con la atomización del sector.
Sintrabi, sin embargo, sostiene que la oferta de la Administración tan sólo pretende «terminar con los 1.200 autónomos del Puerto y meter a las empresas que a ellos les interese, en su propio beneficio».
«Abandono»
Los directivos de Sintrabi también criticaron los expedientes abiertos por el Servicio Vasco de la Competencia contra las dos organizaciones de autónomos, que calificaron como «un ataque a la libertad sindical».
Censuraron asimismo «la situación de abandono» a la que, en su opinión, les ha sometido el Departamento de Transportes del Gobierno de Vitoria. «Solo se han preocupado de la Y vasca», apuntaron. La secretaria de Sintrabi, Amaia Martínez -concejal del Ayuntamiento de Barakaldo por Ezker Batua- atacó también la «bendición» que el Ejecutivo tripartito ha dado a la fusión de empresas en el Puerto de Bilbao ya que, dijo, «eso va en contra de la libre competencia».
También están molestos, aunque por razones diferentes, los empresarios del sector del transporte. La patronal Asetravi recordó ayer que «el servicio de transporte por carretera en el Puerto de Bilbao debe garantizarse con arreglo a los principios legales, económicos y laborales que imperan en el resto de la comunidad. Establecer medidas especiales para quienes vulneran las normas es premiar y, en consecuencia, incentivar las práctica ilícitas».
Además, Asetravi mostró su malestar al haberse enterado por los medios de comunicación de la oferta que ha realizado el Gobierno Ibarretxe.






