
La medida fue aprobada por la cúpula del Bundestag, que consideró que el ex ministro, de 75 años, no había cumplido con la ley que obliga a todos los diputados, incluida la canciller, Angela Merkel, a informar de los ingresos que obtienen con actividades ajenas al trabajo parlamentario.
Cuando se aprobó la polémica ley, gracias a los votos del SPD y los Verdes, seis diputados presentaron una demanda ante el Tribunal Constitucional para impedir su entrada en vigor. Pero la máxima instancia jurídica del país declaró legal la obligatoriedad de los diputados de declarar las retribuciones extras que reciben junto a sus respectivas dietas y sentenció que la ley no vulneraba sus derechos. «Al dar a conocer sus ingresos a partir de una determinada cantidad los electores pueden hacerse una idea sobre la posible implicación de intereses y de dependencia económica de los diputados», señaló entonces la corte.
La iniciativa legal nació después de que la opinión pública conociera varios escándalos relacionados con los ingresos extras de algunos parlamentarios y de constatar que varios miembros del Bundestag se movían en una oscura zona político-parlamentaria donde era imposible saber si utilizaban sus mandatos para obtener ingresos extras.
Secreto profesional
Aunque la Constitución alemana señala que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, el ex ministro Schily se negó en varias ocasiones a revelar sus actividades como abogado, apoyándose en el secreto profesional y en la necesidad de proteger a sus clientes. Después de conocer la sentencia, Schily anunció que recurrirá al Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo, pero su colega de grupo parlamentario Dieter Wifelspüzt señaló que las reglas de comportamiento son válidas para todos, «incluido nuestro famoso e importante Otto Schily».







