EX DECANO DE MEDICINA
La fiscal pide 10 años para el ex decano de Medicina de la UPV por malversación
El ministerio solicita la misma pena para la ex directora de Estomatología y les exige que paguen 750.00o euros
ACUSADO. Francisco Javier Goiriena, en una foto de archivo. / E. C.
UN LARGO PROCESO
UN LARGO PROCESO
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco solicita diez años de cárcel para el ex decano de la Facultad de Medicina y Odontología de la UPV Francisco Javier Goiriena de Gandarias y otros diez para la ex directora del Departamento de Estomatología Monserrat Barranquero por delitos continuados de malversación de fondos públicos y falsedad en documento oficial, y a indemnizar a la institución académica con 750.000 euros, más los intereses. Los dos catedráticos, que dan clases en el centro académico y son miembros de la junta de facultad -han sido elegidos hace pocos meses por votación de los profesores-, se apropiaron entre 1994 y 2000 de más de 120 millones de pesetas de la UPV, según los datos que aporta la acusación pública. El Rectorado presentó la querella contra los dos profesores hace ocho años.
El detallado y claro relato que hace la fiscal señala que Goiriena «aprovechó su condición» de decano de la Facultad de Medicina y Odontología y de ser «hermano» del entonces rector -Juan José Goiriena- para destinar a «su propio beneficio económico y a fines particulares» determinados bienes y dinero pertenecientes a la UPV. Para ello se puso de acuerdo con Mercedes Barranquero, su compañera sentimental, y en ese momento directora de Estomatología.
Los dos acusados se quedaron presuntamente con partidas económicas que la institución académica destinaba a las denominadas Unidades de Gasto Autorizado (UGA), unas cuentas dedicadas a financiar proyectos concretos en la Facultad de Medicina y de las que eran titulares los dos procesados, por los cargos que ocupaban. Sólo con su firma podían disponer del dinero de esas 'cajas' a su antojo. Barranquero y Goiriena «incorporaron a sus nóminas» cerca de 180.000 euros cada uno, procedentes de esas cuentas, sin que hubiera gasto alguno «derivado de la actividad por la que se crearon esas unidades».
'Empresas pantalla'
La fiscal relata las acciones concretas por las que acusa a los dos catedráticos de malversación de fondos públicos. Una de ellas se convirtió en un suma y sigue de engaños. «Siendo rector el hermano del acusado», describe, la UPV firmó un convenio con el Departamento de Interior para realizar dos programas: 'Estudio e intervención sobre factores de riesgo con patología cardiovascular' y 'Análisis bucodental, en diagnóstico y prevención'. El rector aprobó las unidades de gasto para desarrollar esos programas por un importe de más de 330.000 euros, y «adjudicó la titularidad de esas cuentas» a Goiriena y a Barranquero. La fiscal hace un apunte: resalta que se asignara a dos especialistas en Odontología un trabajo sobre «riesgos cardiovasculares».
El convenio fijaba que la Universidad debía hacer revisiones dentales a ertzainas. El servicio que recibieron los agentes no fue el acordado. Los procesados, «con ánimo de quedarse con la mayor parte posible del dinero», utilizaron para este programa medios y material del Departamento de Estomatología y personal ajeno a la UPV o «sin la titulación suficiente». Se quedaron con 223.000 euros (37 millones de pesetas) y se gastaron 20.000 euros de la UPV que nada tenían que ver con el convenio con Interior.
Goiriena y Barranquero crearon una serie de «sociedades-pantalla» para «obtener beneficio económico a costa de los bienes públicos». Estas empresas -de material dental y de belleza o análisis de laboratorio, entre otras muchas actividades- las utilizaron para «emitir facturas no reales». Las sociedades tenían como titulares a los dos catedráticos, estaban constituidas fuera de Vizcaya y no cumplían sus obligaciones tributarias.
Entre 1995 y 1999, los acusados pagaron 130.000 euros de la UPV a cuatro empresas de su propiedad por actividades que no realizaron. La fiscal detalla de dónde salió cada euro y qué sociedad se llevó el dinero. Por ejemplo: se apropiaron de la partida 98273, aprobada por la UPV para hacer una 'Valoración y baremación del daño corporal en ciencias de la salud', o de la B0203 creada para el estudio de la 'Actividad física en el crecimiento'.
El detallado y claro relato que hace la fiscal señala que Goiriena «aprovechó su condición» de decano de la Facultad de Medicina y Odontología y de ser «hermano» del entonces rector -Juan José Goiriena- para destinar a «su propio beneficio económico y a fines particulares» determinados bienes y dinero pertenecientes a la UPV. Para ello se puso de acuerdo con Mercedes Barranquero, su compañera sentimental, y en ese momento directora de Estomatología.
Los dos acusados se quedaron presuntamente con partidas económicas que la institución académica destinaba a las denominadas Unidades de Gasto Autorizado (UGA), unas cuentas dedicadas a financiar proyectos concretos en la Facultad de Medicina y de las que eran titulares los dos procesados, por los cargos que ocupaban. Sólo con su firma podían disponer del dinero de esas 'cajas' a su antojo. Barranquero y Goiriena «incorporaron a sus nóminas» cerca de 180.000 euros cada uno, procedentes de esas cuentas, sin que hubiera gasto alguno «derivado de la actividad por la que se crearon esas unidades».
'Empresas pantalla'
La fiscal relata las acciones concretas por las que acusa a los dos catedráticos de malversación de fondos públicos. Una de ellas se convirtió en un suma y sigue de engaños. «Siendo rector el hermano del acusado», describe, la UPV firmó un convenio con el Departamento de Interior para realizar dos programas: 'Estudio e intervención sobre factores de riesgo con patología cardiovascular' y 'Análisis bucodental, en diagnóstico y prevención'. El rector aprobó las unidades de gasto para desarrollar esos programas por un importe de más de 330.000 euros, y «adjudicó la titularidad de esas cuentas» a Goiriena y a Barranquero. La fiscal hace un apunte: resalta que se asignara a dos especialistas en Odontología un trabajo sobre «riesgos cardiovasculares».
El convenio fijaba que la Universidad debía hacer revisiones dentales a ertzainas. El servicio que recibieron los agentes no fue el acordado. Los procesados, «con ánimo de quedarse con la mayor parte posible del dinero», utilizaron para este programa medios y material del Departamento de Estomatología y personal ajeno a la UPV o «sin la titulación suficiente». Se quedaron con 223.000 euros (37 millones de pesetas) y se gastaron 20.000 euros de la UPV que nada tenían que ver con el convenio con Interior.
Goiriena y Barranquero crearon una serie de «sociedades-pantalla» para «obtener beneficio económico a costa de los bienes públicos». Estas empresas -de material dental y de belleza o análisis de laboratorio, entre otras muchas actividades- las utilizaron para «emitir facturas no reales». Las sociedades tenían como titulares a los dos catedráticos, estaban constituidas fuera de Vizcaya y no cumplían sus obligaciones tributarias.
Entre 1995 y 1999, los acusados pagaron 130.000 euros de la UPV a cuatro empresas de su propiedad por actividades que no realizaron. La fiscal detalla de dónde salió cada euro y qué sociedad se llevó el dinero. Por ejemplo: se apropiaron de la partida 98273, aprobada por la UPV para hacer una 'Valoración y baremación del daño corporal en ciencias de la salud', o de la B0203 creada para el estudio de la 'Actividad física en el crecimiento'.
