SOCIEDAD
La indefensión de las víctimas de lo paranormal
25.04.08 -
«Las víctimas de quienes venden servicios mágicos, esotéricos o milagrosos no sólo se enfrentan al perjuicio económico y al riesgo para su salud de haberse puesto en manos de un charlatán, sino que también descubren que la protección de las leyes es claramente insuficiente», advierte Fernando L. Frías. Y es que, para los tribunales españoles, no existe una estafa «a no ser que la víctima haya actuado totalmente engañada».
En febrero del año pasado, recuerda el presidente del Círculo Escéptico, el Tribunal Supremo absolvió a una curandera que timó 18.000 euros a dos hermanos que acudieron a ella para ver si acababa con el cáncer que al final mató a su padre. «El ciudadano medio de nuestra sociedad tiene un nivel de información sobre estas enfermedades y sus características que difícilmente puede alegar confianza racional en poderes paranormales. Se considera que no existe estafa cuando el sujeto pasivo acude a mediums, magos, poseedores de poderes ocultos, echadores de cartas o falsos adivinos, cuyas actividades no pueden considerarse como generadoras de un engaño socialmente admisible que origine o sean la base para una respuesta penal», sentenciaron los magistrados, para quienes un engaño de ese tipo «es tan burdo e inadmisible que resulta inidóneo para erigirse en el fundamento de un delito de estafa».
En febrero del año pasado, recuerda el presidente del Círculo Escéptico, el Tribunal Supremo absolvió a una curandera que timó 18.000 euros a dos hermanos que acudieron a ella para ver si acababa con el cáncer que al final mató a su padre. «El ciudadano medio de nuestra sociedad tiene un nivel de información sobre estas enfermedades y sus características que difícilmente puede alegar confianza racional en poderes paranormales. Se considera que no existe estafa cuando el sujeto pasivo acude a mediums, magos, poseedores de poderes ocultos, echadores de cartas o falsos adivinos, cuyas actividades no pueden considerarse como generadoras de un engaño socialmente admisible que origine o sean la base para una respuesta penal», sentenciaron los magistrados, para quienes un engaño de ese tipo «es tan burdo e inadmisible que resulta inidóneo para erigirse en el fundamento de un delito de estafa».
