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POLÍTICA
Educar no es un derecho
La definición sobre cuál es el papel del Estado a la hora de proporcionar educación a los niños y los jóvenes es una de las cuestiones que hoy más inquietan a la sociedad
26.04.08 -

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Educar no es un derecho
EN LAS AULAS. Una escolar deja su abrigo antes de entrar en clase. / JOSÉ RAMÓN LADRA
Quién es el titular del derecho a educar? ¿La sociedad, el Estado, la familia, la Iglesia? La respuesta es bastante obvia si la pregunta se hace correctamente: nadie tiene «derecho a educar» a los niños y a los jóvenes, sino que son éstos los que tienen «derecho a ser educados», que es cosa muy distinta. Todos los demás titulares mencionados, la sociedad, el Estado, los padres, sólo tienen obligaciones, no derechos. En concreto, están sujetos al deber de proporcionar a la juventud una educación que le garantice su constitución futura como sujetos autónomos y libres, así como su mejor preparación para el acceso a las opciones vitales que se les presentarán en el futuro.

Si planteamos así la cuestión, poniendo a los alumnos como únicos titulares de derechos, y a las demás instituciones como sujetos únicamente a deberes, podremos avanzar con un poco de claridad en las cuestiones concretas que hoy inquietan a la sociedad. Es decir, en definir cuál es el papel del Estado a la hora de proporcionar educación. Pues hay quienes piensan y defienden que el Estado se debe limitar a preparar técnica y profesionalmente a los jóvenes, pero no debe inmiscuirse en su formación moral. No debe «adoctrinarles» en unos determinados valores, dicen. Esto del adoctrinamiento sólo lo podrían hacer los padres y la familia (y por delegación la Iglesia). No explican, sin embargo, por qué extraña razón los niños podrían ser adoctrinados por unos y no por otros, a no ser que crean algo así como que los jóvenes son propiedad de sus progenitores. Se afirma que la moral pertenece al ámbito privado, de lo que pretende deducirse que el Estado no podría inmiscuirse en su formación. Pero éste es un defectuoso argumento: una cosa es la moral de cada ciudadano, que efectivamente es una materia privada porque no es función del Estado hacer ciudadanos virtuosos. Y otra es dotar a los individuos de los medios necesarios para hacerse a sí mismos moralmente autónomos, es decir, para poder elegir su propia idea del bien y del mal. Esta sí es tarea pública y se realiza a través de la educación.

Lo cierto es que el Estado está obligado, precisamente para satisfacer el derecho de los niños a formarse como personas autónomas, a garantizarles una educación que les convierta en el futuro en seres humanos capaces de ejercitar libre y responsablemente sus propias opciones vitales. Y para ello es imprescindible dotarles de una formación moral. Otra cosa es el cómo se facilita esa formación: probablemente el modelo intelectualista adoptado en España es perfectamente estéril, pues nadie aprende a ser bueno dándole clases de bondad, ni aprende a ser ciudadano dándole clases de ciudadanía. La moral se enseña con ejemplos vividos e historias contadas. Y otra cosa es también el quién educa: el Estado debe controlar el contenido mínimo de la formación, pero no tiene por qué asumir directamente su prestación. No hay contradicción alguna entre la garantía pública y la «enseñanza por libre» de la mejor tradición liberal.

La secta de los 'amish' ha defendido en los Estados Unidos que sus niños no sean educados más allá de los catorce años, pues la educación ulterior les dota de una autonomía reflexiva que pone en serio riesgo la pervivencia de la propia secta. Aunque resulte increíble, el Tribunal Supremo ('Wisconsin v. Yoder') reconoció en 1972 este «derecho» de los padres y aceptó que unos ciudadanos fueran privados de su formación completa por razones religiosas o comunitarias.

Los musulmanes del Reino Unido plantean como una de sus reivindicaciones básicas que a los niños islámicos se les proteja en la escuela de los contenidos e ideas acusadamente racionalistas en cualquier materia, puesto que el racionalismo occidental fomenta la capacidad crítica de la persona, lo cual termina por socavar la fe religiosa y la doctrina sagrada. Una reivindicación que las autoridades británicas y los multiculturalistas no ven con malos ojos.

Los padres católicos que reclaman al Estado que no se inmiscuya en la preparación de sus hijos en materias éticas o morales, a las que consideran como su coto vedado, están en cierto sentido adoptando la misma postura que los padres 'amish' o musulmanes. Creen que tienen la obligación de proteger a esas mentes de la exposición a lo que juzgan como relativismo o libertinaje morales contemporáneos, pues piensan que de otra forma perderían sus valores característicos. Se equivocan: lo que ven como libertinaje no es sino el hecho irreprimible del pluralismo. Educar en valores no es adoctrinar en unos determinados ocultando la existencia de otros, sino mostrar al joven el intrínseco pluralismo contradictorio de ellos que existe en las sociedades modernas, y enseñarle a orientarse de una manera reflexiva entre todos ellos.
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