El origen del entuerto se remonta a octubre de 2002, cuando el Ayuntamiento del municipio otorgó una licencia de obras para construir una promoción de 190 viviendas. Un año más tarde, un vecino denunció que el residencial excedía la edificabilidad permitida en la zona. Una sentencia fechada en 2005 ratificó este extremo y anuló la licencia.
En ese punto, comienza el calvario burocrático de 190 familias, que no disponen aún de la preceptiva cédula de habitabilidad de sus pisos y, en muchos casos, tampoco de los suministros esenciales, como agua, gas o electricidad.
La defensora del Pueblo afirmó la semana pasada que la concesión de licencias había sido desbloqueada. Sin embargo, los afectados precisan en la nota que el desacuerdo entre Ayuntamiento y promotora relativo a la asunción de responsabilidades les ha abocado a «un nuevo callejón sin salida». A día de hoy, aclaran, «continuamos sin poder recuperar nuestro dinero, ni ocupar nuestras viviendas y sin ninguna perspectiva clara de solución».





