'caso atutxa'
El Constitucional desestima los recursos del Parlamento vasco contra el Supremo por anular sus acuerdos
El Alto Tribunal considera que no ha habido "exceso de jurisdicción" por parte del Tribunal ni lesión de los derechos fundamentales
28.04.08 - 21:21 -
Atutxa, Bilbao y Knörr, a las puertas de los juzgados de Vizcaya.
En una sentencia notificada hoy, el TC afirma que la Sala del 61 del Supremo "no podía dejar de reaccionar frente a una serie de resoluciones parlamentarias manifiestamente contrarias al contenido de una resolución judicial ya irresistible", la sentencia de ilegalización, "a cuyo cumplimiento quedan todos, ciudadanos y poderes públicos, obligados de manera indiscutible e innegociable".
El Constitucional rechaza así los argumentos de la Cámara de Vitoria, que consideró que las resoluciones anuladas habían sido fruto de un proceso en el que los parlamentarios habían actuado "como sujetos competentes para actuar en términos de oportunidad política y, por tanto, como instrumento de participación de los ciudadanos en el ejercicio de la función parlamentaria". El Parlamento autonómico también alegó que se había visto "gravemente afectado" en el ejercicio de sus funciones y que la Sala del 61 del Supremo se había "excedido" de los límites que le son propios a su jurisdicción.
El TS, tras declarar ilegal a Batasuna en su sentencia de 27 de marzo de 2003, requirió el 24 de abril de ese año al Parlamento vasco que procediera a la disolución de su grupo parlamentario, pero la Mesa de la Cámara contestó diciendo que para ello era necesario una resolución específica de los órganos parlamentarios competentes. El 20 de mayo el Supremo acordó declarar la disolución del grupo parlamentario Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Sozialista Abertzaleak (ABGSA) y requirió de nuevo al presidente de la Cámara, Juan María Atutxa , para que la llevara a efecto sin demora, requerimiento que repitió en una providencia fechada el 4 de junio.
Medidas por su cuenta
Dos días después de esa última fecha, la Junta de Portavoces rechaza una modificación del Reglamento de la Cámara aprobada veinticuatro horas antes, con lo que sigue sin cumplirse la disolución de ABGSA. El Supremo resolvió entonces, en un auto notificado el 18 de junio de 2003, adoptar por su cuenta varias medidas para asegurar la disolución efectiva del grupo -como privarle de subvenciones-, pero la Mesa de la Cámara aprobó el 30 de junio un nuevo acuerdo ratificándose en la imposibilidad legal de dar cumplimiento a las medidas decididas por el TS.
La Mesa aún aprobó el 9 de septiembre otro acuerdo reconociendo a ABGSA el derecho a recibir la subvención correspondiente a los grupos parlamentarios. Finalmente, el 1 de octubre de 2003, el Supremo dictó un auto -avalado ahora por el Constitucional- declarando nulas las anteriores resoluciones parlamentarias por entender que iban encaminadas a impedir la ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna.
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