TERRORISMO
El Tribunal Superior pide a Garzón que le deje investigar los vínculos de EHAK y ETA
La Sala vasca cree que es «competente» para enjuiciar a dos parlamentarias y al presidente y los tesoreros del partido
El juez Baltasar Garzón.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha instado al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, a que le ceda el procedimiento penal abierto contra cinco miembros de EHAK por su presunta vinculación a ETA. La Sala de lo Penal bilbaína reclama para sí este caso al estar entre los implicados las parlamentarias Nekane Erauskin y Karmele Berasategi, que son aforadas como representantes de la Cámara de Vitoria. Recuerda en este sentido que es el Estatuto de Gernika el que le confiere la potestad de juzgar a los representantes políticos con escaño en el Parlamento de Vitoria. El pronunciamiento se produce apenas una semanas después de que el propio Garzón preguntara sobre la condición de aforada de ambas.
Garzón, con el apoyo de la Fiscalía, tiene imputados a los principales líderes de los comunistas vascos al apreciar «indicios» de que pudieran actuar como «instrumento» de la banda terrorista para regresar a las instituciones y mantener vivo el discurso y la actividad de la ilegalizada Batasuna. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 dictó ya el pasado mes de febrero un auto en el que establecía la suspensión de actividades de EHAK durante cinco años por estos mismos motivos, aunque permite que el grupo siga activo en la Cámara vasca. El juez imputa a Erauskin y Berasategi los presuntos delitos de colaboración e integración en organización terrorista y «asociación ilícita».
También aprecia la posibilidad de que el presidente de la formación, Juan Carlos Ramos, y sus dos tesoreros, Jesús María Agirre y Sonia Jacinto -estos últimos fueron detenidos hace dos meses como supuestos integrantes de la nueva dirección de Batasuna-, hayan podido colaborar con ETA y cometido un presunto delito de «malversación de caudales públicos» y de «defraudación de subvenciones».
Los magistrados vascos entienden que en este momento procesal es la Sala de lo Penal del TSJPV la «competente» para analizar todos esos indicios. Así lo determina en un auto adoptado por unanimidad de sus cinco integrantes, que fue dado a conocer ayer. La resolución judicial, escrita por el juez Antón Subinas, aprecia motivos para abrir una investigación, ya que considera que las actuaciones de las dos parlamentarias vascas pueden ser «constitutivas de infracción criminal».
Además, pide a Garzón que se «inhiba» en favor del Superior vasco para que sea la Sala bilbaína la que también se encargue del procedimiento contra los otros tres dirigentes de EHAK, cuyo caso sí correspondería directamente a la Audiencia Nacional por tratarse de «personas no aforadas». El titular del Juzgado Central de Instrucción deberá decidir ahora si cede la competencia al Superior, aunque fuentes judiciales consideran que «lo más normal» es que acepte delegar.
La Sala de lo Penal considera conveniente aglutinar la «totalidad de las actuaciones» para evitar así que los mismos hechos puedan ser enjuiciados en dos piezas similares por órganos judiciales distintos. Por este motivo solicita a Baltasar Garzón que remita al Palacio de Justicia bilbaíno todos los datos que ya se han recabado sobre Ramos, Agirre y Jacinto.
A las entidades bancarias
El Tribunal Superior nombra al juez Antonio García como instructor de esta causa penal, ratifica los pasos dados hasta ahora por Garzón y acuerda mantener las «medidas cautelares» establecidas por este magistrado. Entre ellas figura el «bloqueo de todas las cuentas, depósitos y demás activos financieros» a nombre tanto del partido como de los apoderados encausados. En este sentido, pide que se «comunique a todas las entidades» bancarias afectadas que, a partir de este momento, será la Sala de lo Penal vasca la que se encargará de todo el procedimiento.
La resolución otorga ahora tres días hábiles de plazo para que tanto la Fiscalía como las dos parlamentarias de EHAK presenten un recurso de súplica si no están de acuerdo con la decisión tomada.
Garzón, con el apoyo de la Fiscalía, tiene imputados a los principales líderes de los comunistas vascos al apreciar «indicios» de que pudieran actuar como «instrumento» de la banda terrorista para regresar a las instituciones y mantener vivo el discurso y la actividad de la ilegalizada Batasuna. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 dictó ya el pasado mes de febrero un auto en el que establecía la suspensión de actividades de EHAK durante cinco años por estos mismos motivos, aunque permite que el grupo siga activo en la Cámara vasca. El juez imputa a Erauskin y Berasategi los presuntos delitos de colaboración e integración en organización terrorista y «asociación ilícita».
También aprecia la posibilidad de que el presidente de la formación, Juan Carlos Ramos, y sus dos tesoreros, Jesús María Agirre y Sonia Jacinto -estos últimos fueron detenidos hace dos meses como supuestos integrantes de la nueva dirección de Batasuna-, hayan podido colaborar con ETA y cometido un presunto delito de «malversación de caudales públicos» y de «defraudación de subvenciones».
Los magistrados vascos entienden que en este momento procesal es la Sala de lo Penal del TSJPV la «competente» para analizar todos esos indicios. Así lo determina en un auto adoptado por unanimidad de sus cinco integrantes, que fue dado a conocer ayer. La resolución judicial, escrita por el juez Antón Subinas, aprecia motivos para abrir una investigación, ya que considera que las actuaciones de las dos parlamentarias vascas pueden ser «constitutivas de infracción criminal».
Además, pide a Garzón que se «inhiba» en favor del Superior vasco para que sea la Sala bilbaína la que también se encargue del procedimiento contra los otros tres dirigentes de EHAK, cuyo caso sí correspondería directamente a la Audiencia Nacional por tratarse de «personas no aforadas». El titular del Juzgado Central de Instrucción deberá decidir ahora si cede la competencia al Superior, aunque fuentes judiciales consideran que «lo más normal» es que acepte delegar.
La Sala de lo Penal considera conveniente aglutinar la «totalidad de las actuaciones» para evitar así que los mismos hechos puedan ser enjuiciados en dos piezas similares por órganos judiciales distintos. Por este motivo solicita a Baltasar Garzón que remita al Palacio de Justicia bilbaíno todos los datos que ya se han recabado sobre Ramos, Agirre y Jacinto.
A las entidades bancarias
El Tribunal Superior nombra al juez Antonio García como instructor de esta causa penal, ratifica los pasos dados hasta ahora por Garzón y acuerda mantener las «medidas cautelares» establecidas por este magistrado. Entre ellas figura el «bloqueo de todas las cuentas, depósitos y demás activos financieros» a nombre tanto del partido como de los apoderados encausados. En este sentido, pide que se «comunique a todas las entidades» bancarias afectadas que, a partir de este momento, será la Sala de lo Penal vasca la que se encargará de todo el procedimiento.
La resolución otorga ahora tres días hábiles de plazo para que tanto la Fiscalía como las dos parlamentarias de EHAK presenten un recurso de súplica si no están de acuerdo con la decisión tomada.
ÚLTIMOS VIDEOS
