El Consejo Asesor del Euskera reclama un consenso con los castellanohablantes

El Consejo Asesor del Euskera, organismo dependiente del Departamento de Cultura, hizo pública ayer su apuesta firme por lograr un «consenso» en la sociedad sobre política lingüística, como única vía de avance en el uso de la lengua vasca. «Para asegurar el futuro del euskera es fundamental la adhesión y la lealtad de la ciudadanía al idioma, fines que sólo se consiguen con consenso social, político y cultural», remarcó el viceconsejero, Patxi Baztarrika, en la presentación del documento 'Bases para la Política Lingüística del siglo XXI', donde se repasan los errores cometidos, se aboga por recuperar el apoyo de los castellanohablantes y alerta de los peligros de imponer un idioma. Este mensaje, lanzado desde una consejería en manos del PNV, choca con la política que desarrolla el otro departamento que lidera la euskaldunización, Educación, dirigido por EA, que avanza por la vía del decreto y sin más apoyo político que el de los partidos del Gobierno tripartito.

De hecho, el documento elaborado por una comisión de expertos del Consejo Asesor del Euskera y que será sometido a debate en el seno de este organismo, se detiene especialmente en el mundo educativo. «Si como resultado de una determinada política se está empujando a alguien a estudiar y a usar una lengua forzosa y obligatoriamente, algo está fallando», subraya. La reflexión del comité advierte de que hay que aceptar que «los objetivos educativos generales mínimos establecidos sean asequibles y que los resultados lingüísticos de los diferentes centros docentes sean distintos. De lo contrario, podrían resultar perjudicadas tanto la lengua como la educación».

El texto subraya que el marco legal de la Política Lingüística se apoya en la Constitución, el Estatuto, la Ley del Euskera, la Ley de la Escuela Pública Vasca o el decreto de normalización del uso del euskera, normas aprobadas con «un amplio consenso político», fruto de acuerdos entre «fuerzas nacionalistas y no nacionalistas». Recuerda que algunos asuntos, sobre todo relativos a la Educación, «han sido gestionados por los socialistas en momentos muy decisivos», y destaca que la «efectividad e idoneidad del marco legal no reside únicamente en sus frías normas sino también en el acuerdo político».

Los expertos reconocen el derecho de la comunidad castellanohablante a decidir el futuro del euskera y le invita a que se implique en el objetivo de fortalecer el uso de la lengua vasca. «Todos tenemos derecho a que nuestra voz sea escuchada y a participar a la hora de tomar decisiones sobre su futuro. Cuando decimos todos, nos referimos a toda la ciudadanía: vascohablantes y no vascohablantes, ciudadanos de cualquier sensibilidad y color político. Entre todos debemos decidir el lugar que queremos dar al euskera en nuestra sociedad y la manera en la que deben convivir las dos lenguas». Apela a su responsabilidad. «El futuro del euskera no es únicamente asunto de los euskaltzales y mucho menos de los nacionalistas. Puesto que es patrimonio de todos deberíamos considerar tarea propia la de dar aliento al euskera».

Debate público

El documento alerta de que «hacer las cosas por la fuerza en materia lingüística sobre la base de la imposición puede agrietar la cohesión social». «La mejor de las leyes y decretos es el consenso», señala el texto. Llega a conclusiones que aplaudirían sectores críticos con la actual política lingüística. «El futuro de la ley no es luchar contra el castellano y, menos aún, actuar en contra de los ciudadanos que sólo hablan en castellano y quieren vivir en castellano».

Baztarrika, que compareció en San Sebastián para presentar el documento, anunció la puesta en marcha del debate público sobre política lingüística con el fin de «concretar los pasos que se darán en los próximos años». Explicó de dónde había surgido la iniciativa. El Departamento de Cultura constituyó en octubre de 2007 el nuevo Consejo Asesor del Euskera que, a propuesta de la titular de la consejería, Miren Azkarate, acordó por unanimidad crear en su seno la comisión especial denominada 'Bases para la política lingüística del siglo XXI'.

El viceconsejero nombró el pasado enero a los 40 miembros de esa comisión procedentes de diversas instituciones públicas, educación, cultura, medios de comunicación, empresas, partidos políticos, sindicatos, asociaciones y grupos económicos, todos ellos de diversos ámbitos e ideologías. Baztarrika creó dentro de ese grupo un comité permanente encargado de redactar el texto base que servirá como punto de partida de ese «amplio debate social» que desea impulsar la viceconsejería. Los autores del trabajo son expertos en euskera: Aurelia Arkotxa, profesora, escritora y académica de Euskaltzaindia; Lore Erriondo, directora de la Universidad Vasca de Verano, profesora y pedagoga; Alberto Lopez Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la UPV; Eneko Oregi, traductor y jefe del Servicio Oficial de Traducción del IVAP; y Pello Salaburu, catedrático de Filología vasca de la UPV y académico de Euskaltzaindia.

Acuerdo entre plurales

«El documento es fruto de muchas horas de trabajo y del acuerdo entre plurales», destacó Baztarrika. El comité de 40 expertos estudiará ahora el documento, hará sus aportaciones y elaborará el texto definitivo antes del mes de junio. Por su parte, la comisión especial que ha elaborado el informe se encargará de dinamizar el proceso de debate social y recoger las reflexiones que se harán desde diversos ámbitos.

Los expertos hacen un duro diagnóstico de la situación del euskera. Reconocen los avances que se han registrado en los últimos 25 años, pero destacan sin medias tintas los errores cometidos, - «se ha retrocedido en algunos campos», dice-. «El euskera tiene mayor amparo legal y promoción que nunca. Se han destinado más recursos y se dispone de más dinero que nunca pero no es suficiente para garantizar su futuro». ¿Cuál es la clave?, se preguntan. «Lograr su uso». Y para ello se necesitan «adhesiones y lealtades ciudadanas al euskera», que no se consiguen con leyes ni decretos.