POLÍTICA
Oposición y víctimas plantan a Ibarretxe en un acto por los derechos humanos
PSE, PP y Covite no asistieron en protesta por la invitación a familiares de presos, que al final no fueron admitidos en la sala
01.05.08 -
EN LEHENDAKARITZA. Ibarretxe interviene en la presentación de la campaña. / I. AIZPURU
Los principales partidos de la oposición, PSE y PP, y las asociaciones de víctimas del terrorismo mayoritarias plantaron ayer al Gobierno vasco en el acto de presentación de la campaña 'Dignidad y Justicia para todos', destinada a divulgar la Declaración Universal de los Derechos Humanos con motivo de su sesenta aniversario. Las causas aducidas por quienes protagonizaron el plante fue la invitación cursada por el tripartito a la asociación de familiares de presos de ETA, Etxerat. Consideraron un «sarcasmo» y una «provocación» que se abriese la convocatoria a «quienes no condenan la violencia».
Se da la circunstancia de que, finalmente, el Ejecutivo autónomo impidió el acceso a la delegación de parientes de reclusos etarras por «protagonizar» a la misma hora «una concentración en la que nos insultan y amenazan» a las puertas de la Lehendakaritza, según explicaron fuentes del Departamento vasco de Justicia. Los allegados criticaron duramente esta decisión.
Entre las ausencias, y a pesar de haber sido invitadas oficialmente al acto en la sede de la Presidencia del Gobierno vasco en Vitoria, destacaron las del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), la Fundación Fernando Buesa, Gesto por la Paz y la Fundación Gregorio Ordóñez. Su renuncia a participar, unida a la de socialistas y populares, limitó la presencia de organizaciones políticas y sociales al tripartito -PNV, EA y EB- y Aralar, así como a Amnistía Internacional o los Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática, entre otros colectivos.
El Grupo contra la Tortura de Euskal Herria (TAT) se encontraba igualmente invitado, aunque en este caso portavoces oficiales del Departamento de Justicia no confirmaron su asistencia. «Hemos querido organizar un acto abierto a todos y hemos invitado a todo el mundo, desde las asociaciones de víctimas hasta Etxerat», explicaron. Efectivamente, la asociación de familiares de presos de ETA había recibido una invitación para asistir a la presentación de la campaña y una delegación formada por su presidenta, Joxepa Arregi, y otros tres representantes, Elías Miner, Mari Luz Sebastián y Ana Azua, acudieron a la Lehendakaritza.
Sin embargo, los ertzainas que custodiaban la entrada no les permitieron el acceso, siguiendo órdenes del Departamento de Justicia. La razón de esta decisión fue la celebración, a escasos metros y a la misma hora, de una concentración de la izquierda abertzale, cuyos integrantes exhibían una pancarta donde se acusaba al Gobierno y al PNV de ser «corresponsables de la represión». Fuentes de la consejería justificaron la inadmisión de la delegación de Etxerat porque «no podemos permitir el doble juego de protagonizar una movilización en la que nos insultan y nos amenazan, y asistir con normalidad al acto como otra asociación».
El director de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Jon Landa, mantuvo un breve encuentro con el portavoz de Etxerat, Elías Miner, para transmitirle personalmente la decisión. Posteriormente, Miner se quejó por que «no podemos entrar (al acto oficial) por una concentración que desconocemos», y aprovechó para acusar al tripartito de intentar «ocultar nuestra realidad». Los presos y sus familiares «también sufrimos la vulneración de derechos», remachó.
«Equidistancia imposible»
El PSE, por su parte, emitió una nota de prensa en la que calificó de «incomprensible» que el Gobierno vasco «siga a estas alturas instalado en una equidistancia imposible entre víctimas de ETA y sus victimarios». El parlamentario del PP Carlos Urquijo se pronunció en la misma línea y denunció que la invitación a Etxerat responde a la pretensión del lehendakari de «realizar nuevos guiños a ETA-Batasuna para conseguir el respaldo a su desafío independentista». «¿De qué vale aprobar una ley de reconocimiento de las víctimas si a quien se pone la alfombra roja es a los amigos de los terroristas?», se cuestionó.
Covite también se pronunció sobre la presentación y subrayó que, «una vez mas, vemos cómo el Gobierno vasco sonríe con mayor facilidad a los representantes y familiares de los asesinos, que a las víctimas. Esto es lo que entiende el Ejecutivo por deslegitimar el terrorismo utilizando los conceptos de dignidad y justicia perversamente, no en favor de las víctimas, sino de los que utilizan el terrorismo para cercenar los derechos y libertades de parte de la sociedad vasca».
Se da la circunstancia de que, finalmente, el Ejecutivo autónomo impidió el acceso a la delegación de parientes de reclusos etarras por «protagonizar» a la misma hora «una concentración en la que nos insultan y amenazan» a las puertas de la Lehendakaritza, según explicaron fuentes del Departamento vasco de Justicia. Los allegados criticaron duramente esta decisión.
Entre las ausencias, y a pesar de haber sido invitadas oficialmente al acto en la sede de la Presidencia del Gobierno vasco en Vitoria, destacaron las del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), la Fundación Fernando Buesa, Gesto por la Paz y la Fundación Gregorio Ordóñez. Su renuncia a participar, unida a la de socialistas y populares, limitó la presencia de organizaciones políticas y sociales al tripartito -PNV, EA y EB- y Aralar, así como a Amnistía Internacional o los Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática, entre otros colectivos.
El Grupo contra la Tortura de Euskal Herria (TAT) se encontraba igualmente invitado, aunque en este caso portavoces oficiales del Departamento de Justicia no confirmaron su asistencia. «Hemos querido organizar un acto abierto a todos y hemos invitado a todo el mundo, desde las asociaciones de víctimas hasta Etxerat», explicaron. Efectivamente, la asociación de familiares de presos de ETA había recibido una invitación para asistir a la presentación de la campaña y una delegación formada por su presidenta, Joxepa Arregi, y otros tres representantes, Elías Miner, Mari Luz Sebastián y Ana Azua, acudieron a la Lehendakaritza.
Sin embargo, los ertzainas que custodiaban la entrada no les permitieron el acceso, siguiendo órdenes del Departamento de Justicia. La razón de esta decisión fue la celebración, a escasos metros y a la misma hora, de una concentración de la izquierda abertzale, cuyos integrantes exhibían una pancarta donde se acusaba al Gobierno y al PNV de ser «corresponsables de la represión». Fuentes de la consejería justificaron la inadmisión de la delegación de Etxerat porque «no podemos permitir el doble juego de protagonizar una movilización en la que nos insultan y nos amenazan, y asistir con normalidad al acto como otra asociación».
El director de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Jon Landa, mantuvo un breve encuentro con el portavoz de Etxerat, Elías Miner, para transmitirle personalmente la decisión. Posteriormente, Miner se quejó por que «no podemos entrar (al acto oficial) por una concentración que desconocemos», y aprovechó para acusar al tripartito de intentar «ocultar nuestra realidad». Los presos y sus familiares «también sufrimos la vulneración de derechos», remachó.
«Equidistancia imposible»
El PSE, por su parte, emitió una nota de prensa en la que calificó de «incomprensible» que el Gobierno vasco «siga a estas alturas instalado en una equidistancia imposible entre víctimas de ETA y sus victimarios». El parlamentario del PP Carlos Urquijo se pronunció en la misma línea y denunció que la invitación a Etxerat responde a la pretensión del lehendakari de «realizar nuevos guiños a ETA-Batasuna para conseguir el respaldo a su desafío independentista». «¿De qué vale aprobar una ley de reconocimiento de las víctimas si a quien se pone la alfombra roja es a los amigos de los terroristas?», se cuestionó.
Covite también se pronunció sobre la presentación y subrayó que, «una vez mas, vemos cómo el Gobierno vasco sonríe con mayor facilidad a los representantes y familiares de los asesinos, que a las víctimas. Esto es lo que entiende el Ejecutivo por deslegitimar el terrorismo utilizando los conceptos de dignidad y justicia perversamente, no en favor de las víctimas, sino de los que utilizan el terrorismo para cercenar los derechos y libertades de parte de la sociedad vasca».
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