A nivel local, nuestros sabios del agua están en el Consorcio, que es el organismo encargado de dotar de utilidad a nuestros grifos y también de redactar esas facturas prolijas en tasas y metros cúbicos que cada tres meses llegan a nuestros buzones. Tradicionalmente, el Consorcio abastecía al Gran Bilbao. En los últimos años han ido asociándose otras localidades de la provincia y ayer se anunció que en un futuro cercano el organismo integrará a todos los municipios de Vizcaya. El diputado general habló de un único consorcio que garantice un servicio de calidad para todo el territorio.
Así las cosas, pronto todos los vizcaínos seremos hermanos de consorcio. El motivo de este repentino ataque de fraternidad no es una subida del azúcar identitario, sino un clásico de nuestra cultura cotidiana: el pago a escote.
Una norma europea, la Directiva Marco del Agua, obliga a los países miembros a que, antes de que termine 2010, reflejen en la factura del agua los costes estructurales del servicio y también los costes medioambientales. Dicho de otro modo, la UE quiere concienciar al personal de que el agua es un bien valioso de un modo altamente pedagógico: subiéndole el precio.
El problema estriba en que, en los municipios menos poblados, la nueva directiva provocaría un incremento de las tarifas muy elevado. Asociándose al Consorcio, los vecinos de esos pueblos se diluyen en un grupo mayor de contribuyentes y esquivan la sensación de que, llegado el caso, les saldría mejor ducharse con whisky que con agua. De un modo u otro, todos advertiremos pronto que nuestras facturas contienen una subida sorpresa que el presidente del Consorcio, al parecer, no ha tenido tiempo aún de calcular.




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