LA DEMOCRACIA PIERDE A UN PRESIDENTE
El Gobierno de Calvo Sotelo
04.05.08 -
JOSÉ IBARROLA
En su investidura se produjo el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, nunca se presentó a las elecciones como candidato a presidente, fue elegido por las Cortes en segunda votación, gobernó 22 meses hasta la victoria socialista de octubre de 1982: en tales notas suele condensarse la etapa de gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. De ello tiende a inferirse que fue un interregno entre los gobiernos históricos de Adolfo Suárez y de Felipe González y que, como tal, constituyó una breve transición dentro de la Transición, por lo que lo definen notas circunstanciales como las expuestas.
Sin embargo, la gestión de Calvo Sotelo estuvo llena de interés histórico y político, y afrontó problemas cruciales, a veces con indudable éxito. No fue un periodo tranquilo. Los factores de inestabilidad condicionaron toda su labor de gobierno. Calvo Sotelo llegó al poder en plena vorágine golpista. La pronta liquidación del 23-F y las movilizaciones masivas en defensa de la democracia no eliminaban los riesgos militares, que subsistieron, así como las dificultades de depurar las responsabilidades de la intentona golpista. Se unía, también, el embate del terrorismo, en unos años en los que ETA cometió decenas de asesinatos para desestabilizar la democracia.
Y, en otro orden de cosas, continuaba la crisis económica que había acompañado a la Transición. El Gobierno, además, tenía que apoyarse en una fragmentada Unión del Centro Democrático, en la que se enfrentaban con saña distintas tendencias políticas. El deterioro del partido gubernamental era tal que había provocado la dimisión de Suárez, su fundador y principal líder. En la oposición tenía Calvo Sotelo a un PSOE en ascenso, que atisbaba su triunfo electoral, y que en tal coyuntura no era proclive a los pactos y sí a ahondar en las fisuras de la acción de gobierno. Tal fue el panorama al que hubo de hacer frente Calvo Sotelo. Fue un presidente de Gobierno con sólida preparación y larga experiencia, bien que sin el carisma de Suárez ni su habilidad para la maniobra política. Sobre su gestión gravitó en todo momento el progresivo deterioro de UCD. Tal circunstancia permite valorar adecuadamente una acción gubernamental que tiene en su haber el juicio a los implicados en el 23-F, una cuestión capital en aquella coyuntura en la que persistía el temor a la impunidad golpista. Se creó el marco legal para reprimir otra conspiración militar. Y en febrero de 1982 fueron juzgadas 32 personas por su participación en la intentona del 23-F. El presidente del Gobierno, como la opinión pública, entendió que las condenas fueron insuficientes. La causa se trasladó al Tribunal Supremo, que las incrementó sustancialmente. Este aspecto de la gestión de Calvo Sotelo, que dilucidó las responsabilidades del 23-F en un plazo relativamente breve, resultó decisivo en la consolidación democrática.
Su programa de gobierno incluía una activa política exterior, cuyo principal propósito era la integración española en la Comunidad Europea. En este proceso de incorporación a los organismos internacionales Calvo Sotelo llevó a cabo la entrada de España en la OTAN. La medida rompió el consenso parlamentario sobre la política exterior y fue contestada por el PSOE, cuya oposición fue de tal calibre que ya en el poder le generó uno de sus principales problemas políticos, por el referéndum que había prometido. Al margen de la política que siguió el PSOE, cabe preguntarse si la iniciativa de Calvo Sotelo de entrar en la OTAN no había allanado el camino para la izquierda que pronto alcanzaría el gobierno y que sustituiría su antiamericanismo por un realismo atlantista.
Calvo Sotelo propició también la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), pactada por los dos principales partidos, UCD y PSOE. En sus principales puntos fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, pero sirvió para un cierto ordenamiento de la política autonómica, cuyos primeros pasos habían transcurrido al albur de las negociaciones políticas y en función de las relaciones de fuerza.
En el haber de Calvo Sotelo hay que situar también la Ley del Divorcio, que se aprobó el 7 de julio de 1981, imprescindible en el marco jurídico que se creó en la Transición. Venía retrasándose por las reticencias de los sectores más conservadores de UCD. Su tramitación en Cortes a partir de marzo de 1981 provocó una seria ruptura en el partido gobernante, del que su sector socialdemócrata votó con la izquierda. Con sus déficits y cláusulas retardatorias -consecuencia de su complicada tramitación-, la ley de 1981 incorporó con naturalidad el divorcio a la vida española y no fue objeto de modificación en casi 25 años.
Otros proyectos del gobierno de Calvo Sotelo -la ley de las televisiones privadas o la Ley de Autonomía Universitaria- no llegaron a buen puerto, por los enfrentamientos que se sucedían en UCD. Éste fue uno de los lunares de su gestión, la incapacidad de hacerse con el control de su partido y de restablecer la unidad. A fines de 1981 el deterioro de UCD en la imagen pública era palmario, lo que agravó las tensiones internas. El propio Calvo Sotelo, cuya imagen estaba más a la derecha que la de Suárez, sufrió las críticas de grupos de UCD y de los apoyos empresariales, que le acusaban de no apostar por la derecha, pues aseguraban era 'la mayoría natural', una idea que no fue avalada por lo que vino después.
En diciembre de 1982 Calvo Sotelo traspasó el gobierno a Felipe González, tras la catástrofe electoral de UCD, la mayor sufrida nunca en España por un partido gobernante. Con sus luces y sombras, el legado de Calvo Sotelo incluía la positiva gestión de las secuelas del 23-F, medidas progresistas y necesarias como la Ley del Divorcio; y, en otro orden de cosas, la incorporación a la OTAN, una medida impugnada pero que fue definitiva y a la postre asumida por quienes encabezaban la oposición.
La gestión gubernamental de Calvo Sotelo se realizó con un partido fragmentado y en un clima de gran inestabilidad, por lo que quizás su política hizo de la necesidad virtud y, por encima de otras consideraciones de partido, optó por solventar algunos de los problemas claves que quedaban pendientes desde la Transición.
Sin embargo, la gestión de Calvo Sotelo estuvo llena de interés histórico y político, y afrontó problemas cruciales, a veces con indudable éxito. No fue un periodo tranquilo. Los factores de inestabilidad condicionaron toda su labor de gobierno. Calvo Sotelo llegó al poder en plena vorágine golpista. La pronta liquidación del 23-F y las movilizaciones masivas en defensa de la democracia no eliminaban los riesgos militares, que subsistieron, así como las dificultades de depurar las responsabilidades de la intentona golpista. Se unía, también, el embate del terrorismo, en unos años en los que ETA cometió decenas de asesinatos para desestabilizar la democracia.
Y, en otro orden de cosas, continuaba la crisis económica que había acompañado a la Transición. El Gobierno, además, tenía que apoyarse en una fragmentada Unión del Centro Democrático, en la que se enfrentaban con saña distintas tendencias políticas. El deterioro del partido gubernamental era tal que había provocado la dimisión de Suárez, su fundador y principal líder. En la oposición tenía Calvo Sotelo a un PSOE en ascenso, que atisbaba su triunfo electoral, y que en tal coyuntura no era proclive a los pactos y sí a ahondar en las fisuras de la acción de gobierno. Tal fue el panorama al que hubo de hacer frente Calvo Sotelo. Fue un presidente de Gobierno con sólida preparación y larga experiencia, bien que sin el carisma de Suárez ni su habilidad para la maniobra política. Sobre su gestión gravitó en todo momento el progresivo deterioro de UCD. Tal circunstancia permite valorar adecuadamente una acción gubernamental que tiene en su haber el juicio a los implicados en el 23-F, una cuestión capital en aquella coyuntura en la que persistía el temor a la impunidad golpista. Se creó el marco legal para reprimir otra conspiración militar. Y en febrero de 1982 fueron juzgadas 32 personas por su participación en la intentona del 23-F. El presidente del Gobierno, como la opinión pública, entendió que las condenas fueron insuficientes. La causa se trasladó al Tribunal Supremo, que las incrementó sustancialmente. Este aspecto de la gestión de Calvo Sotelo, que dilucidó las responsabilidades del 23-F en un plazo relativamente breve, resultó decisivo en la consolidación democrática.
Su programa de gobierno incluía una activa política exterior, cuyo principal propósito era la integración española en la Comunidad Europea. En este proceso de incorporación a los organismos internacionales Calvo Sotelo llevó a cabo la entrada de España en la OTAN. La medida rompió el consenso parlamentario sobre la política exterior y fue contestada por el PSOE, cuya oposición fue de tal calibre que ya en el poder le generó uno de sus principales problemas políticos, por el referéndum que había prometido. Al margen de la política que siguió el PSOE, cabe preguntarse si la iniciativa de Calvo Sotelo de entrar en la OTAN no había allanado el camino para la izquierda que pronto alcanzaría el gobierno y que sustituiría su antiamericanismo por un realismo atlantista.
Calvo Sotelo propició también la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), pactada por los dos principales partidos, UCD y PSOE. En sus principales puntos fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, pero sirvió para un cierto ordenamiento de la política autonómica, cuyos primeros pasos habían transcurrido al albur de las negociaciones políticas y en función de las relaciones de fuerza.
En el haber de Calvo Sotelo hay que situar también la Ley del Divorcio, que se aprobó el 7 de julio de 1981, imprescindible en el marco jurídico que se creó en la Transición. Venía retrasándose por las reticencias de los sectores más conservadores de UCD. Su tramitación en Cortes a partir de marzo de 1981 provocó una seria ruptura en el partido gobernante, del que su sector socialdemócrata votó con la izquierda. Con sus déficits y cláusulas retardatorias -consecuencia de su complicada tramitación-, la ley de 1981 incorporó con naturalidad el divorcio a la vida española y no fue objeto de modificación en casi 25 años.
Otros proyectos del gobierno de Calvo Sotelo -la ley de las televisiones privadas o la Ley de Autonomía Universitaria- no llegaron a buen puerto, por los enfrentamientos que se sucedían en UCD. Éste fue uno de los lunares de su gestión, la incapacidad de hacerse con el control de su partido y de restablecer la unidad. A fines de 1981 el deterioro de UCD en la imagen pública era palmario, lo que agravó las tensiones internas. El propio Calvo Sotelo, cuya imagen estaba más a la derecha que la de Suárez, sufrió las críticas de grupos de UCD y de los apoyos empresariales, que le acusaban de no apostar por la derecha, pues aseguraban era 'la mayoría natural', una idea que no fue avalada por lo que vino después.
En diciembre de 1982 Calvo Sotelo traspasó el gobierno a Felipe González, tras la catástrofe electoral de UCD, la mayor sufrida nunca en España por un partido gobernante. Con sus luces y sombras, el legado de Calvo Sotelo incluía la positiva gestión de las secuelas del 23-F, medidas progresistas y necesarias como la Ley del Divorcio; y, en otro orden de cosas, la incorporación a la OTAN, una medida impugnada pero que fue definitiva y a la postre asumida por quienes encabezaban la oposición.
La gestión gubernamental de Calvo Sotelo se realizó con un partido fragmentado y en un clima de gran inestabilidad, por lo que quizás su política hizo de la necesidad virtud y, por encima de otras consideraciones de partido, optó por solventar algunos de los problemas claves que quedaban pendientes desde la Transición.
