POLÍTICA
Irrumpe Garzón
Es ese cúmulo de circunstancias del por qué ahora y por qué así lo que hace dudar al ciudadano de la imparcialidad de la justicia
04.05.08 -
La alcaldesa de Mondragón, Inocencia Galparsoro, durante el pleno que abordó la 'moción ética'. / AP
Irrumpe el juez Garzón, una vez más, 'in medias res', decretando por sorpresa el encarcelamiento preventivo de la alcaldesa de Mondragón. Apela, para ello, a su auto de suspensión, también preventiva, de las actividades de ANV. Se trata de una más de las actuaciones de este juez que, aunque en sí mismas correctas, acaban siendo polémicas por las circunstancias en que se producen. Esta particular que nos ocupa tiene lugar en medio de dos procesos que siguen su curso por separado y cuyos respectivos desenlaces van a ser conocidos en breve plazo de tiempo.
El primero de ellos, de carácter judicial, es el que tiene entre manos el Tribunal Supremo en orden a la eventual ilegalización del partido al que pertenece la citada alcaldesa. El segundo, de orden político, es el que están llevando adelante los partidos vascos para presentar una moción de censura que, de prosperar, acabaría con el apartamiento de esta misma persona, y de su grupo municipal, del gobierno de la mencionada localidad.
Esta coincidencia de procesos crea confusión en la opinión pública, la cual no puede no ver en ella una indeseable mezcla de criterios de legalidad y de oportunidad. Esta confusión de la ciudadanía se encuentra, además, abocada a hacerse aún más espesa en una sociedad como la vasca en la que el interés de los partidos políticos por hacer las cosas más confusas de lo que ya son ha adquirido, en esta particular materia, una fuerza irresistible. Nos encontramos así en una situación en la que el ciudadano no sabe si:
a) el PSOE y el PNV están, como acusa la izquierda aber- tzale, detrás de la iniciativa del juez Garzón.
b) las actuaciones de éste son, tal y como dicen los partidos nacionalistas institucionales, un obstáculo, más que una ayuda, para la paz.
c) los jueces hacen lo que tienen que hacer, aunque sus ritmos sean inoportunos y sus procedimientos, inescrutables para el común de los mortales.
La primera explicación es fácilmente desechable por evidentemente interesada. Ni los mismos que la dan pueden ofrecer una sola razón para dotar de verosimilitud a esa aludida coincidencia de intereses entre socialistas y nacionalistas en esta precisa materia. Todo el mundo sabe, por el contrario, que la divergencia es, en este caso, más plausible que la coincidencia. En cuanto a la explicación segunda, lo mínimo que cabe decir de ella es que está llena de prejuicios. Que la persecución judicial hasta los límites que permite la ley obstaculice la paz, o la normalización, es algo que los nacionalistas sólo pueden sostener sobre la base del endeble argumento de haberlo dicho ya antes y repetido una y mil veces.
Cabe redargüir además en su contra que éste de la persecución judicial es el único camino que queda por recorrer hasta su término para comprobar su eficacia, una vez que todos los demás -los del diálogo y la persuasión- se han demostrado inservibles. Queda, por tanto, la tercera explicación para ser examinada.
Ya en el verano de 2002, el juez Garzón se anticipó, con su auto de suspensión de las actividades de Batasuna, a la sentencia por la que, en aplicación de la Ley de Partidos, el Tribunal Supremo iría a ilegalizar esa misma organización. Se abrieron así dos vías paralelas, una penal y otra, por así llamarla, administrativa, que podrían ser, más que antagónicas, complementarias. Garzón procedió de este modo, más que por el impulso de una ley, por su convencimiento de que el terrorismo de ETA se ejerce a través de un entramado de organizaciones jerarquizadas en cuya cúpula se sitúa la banda armada.
No sólo las organizaciones deben ser ilegalizadas, sino que los propios miembros directivos de tales organizaciones han de ser penalmente imputados como colaboradores o integrantes, en diverso grado, de organización terrorista. El juez Garzón aplica a ETA el mismo esquema de persecución penal que su homólogo Falcone aplicó a la mafia italiana, de acuerdo con lo que se conoció como 'el teorema Buscetta'. El planteamiento de Garzón no deja de ser verosímil. Pero su consistencia penal habrá de verificarse en el largo trayecto que aún le queda por recorrer de juicios en la Audiencia Nacional y de recursos ante los tribunales Supremo, Constitucional y, quizá también, de Estrasburgo.
De momento, sin embargo, la concreción de tal planteamiento en medidas particulares y en fase sumarial plantea no pocas preguntas. Por qué se produce ahora esta imputación. Por qué, además, no basta con ella, sino que se decreta la prisión preventiva de la imputada. Por qué, en fin, si tantos y tan antiguos eran los indicios, permitieron, en su día, la Fiscalía General y la Abogacía del Estado que una lista encabezada por candidata tan sospechosa se presentara a las últimas elecciones municipales. Son estas preguntas, y no otros argumentos interesados, las que crean confusión en esa parte de la ciudadanía vasca que aún confía en la imparcialidad de la justicia.
j.l.zubizarreta@diario-elcorreo.com
El primero de ellos, de carácter judicial, es el que tiene entre manos el Tribunal Supremo en orden a la eventual ilegalización del partido al que pertenece la citada alcaldesa. El segundo, de orden político, es el que están llevando adelante los partidos vascos para presentar una moción de censura que, de prosperar, acabaría con el apartamiento de esta misma persona, y de su grupo municipal, del gobierno de la mencionada localidad.
Esta coincidencia de procesos crea confusión en la opinión pública, la cual no puede no ver en ella una indeseable mezcla de criterios de legalidad y de oportunidad. Esta confusión de la ciudadanía se encuentra, además, abocada a hacerse aún más espesa en una sociedad como la vasca en la que el interés de los partidos políticos por hacer las cosas más confusas de lo que ya son ha adquirido, en esta particular materia, una fuerza irresistible. Nos encontramos así en una situación en la que el ciudadano no sabe si:
a) el PSOE y el PNV están, como acusa la izquierda aber- tzale, detrás de la iniciativa del juez Garzón.
b) las actuaciones de éste son, tal y como dicen los partidos nacionalistas institucionales, un obstáculo, más que una ayuda, para la paz.
c) los jueces hacen lo que tienen que hacer, aunque sus ritmos sean inoportunos y sus procedimientos, inescrutables para el común de los mortales.
La primera explicación es fácilmente desechable por evidentemente interesada. Ni los mismos que la dan pueden ofrecer una sola razón para dotar de verosimilitud a esa aludida coincidencia de intereses entre socialistas y nacionalistas en esta precisa materia. Todo el mundo sabe, por el contrario, que la divergencia es, en este caso, más plausible que la coincidencia. En cuanto a la explicación segunda, lo mínimo que cabe decir de ella es que está llena de prejuicios. Que la persecución judicial hasta los límites que permite la ley obstaculice la paz, o la normalización, es algo que los nacionalistas sólo pueden sostener sobre la base del endeble argumento de haberlo dicho ya antes y repetido una y mil veces.
Cabe redargüir además en su contra que éste de la persecución judicial es el único camino que queda por recorrer hasta su término para comprobar su eficacia, una vez que todos los demás -los del diálogo y la persuasión- se han demostrado inservibles. Queda, por tanto, la tercera explicación para ser examinada.
Ya en el verano de 2002, el juez Garzón se anticipó, con su auto de suspensión de las actividades de Batasuna, a la sentencia por la que, en aplicación de la Ley de Partidos, el Tribunal Supremo iría a ilegalizar esa misma organización. Se abrieron así dos vías paralelas, una penal y otra, por así llamarla, administrativa, que podrían ser, más que antagónicas, complementarias. Garzón procedió de este modo, más que por el impulso de una ley, por su convencimiento de que el terrorismo de ETA se ejerce a través de un entramado de organizaciones jerarquizadas en cuya cúpula se sitúa la banda armada.
No sólo las organizaciones deben ser ilegalizadas, sino que los propios miembros directivos de tales organizaciones han de ser penalmente imputados como colaboradores o integrantes, en diverso grado, de organización terrorista. El juez Garzón aplica a ETA el mismo esquema de persecución penal que su homólogo Falcone aplicó a la mafia italiana, de acuerdo con lo que se conoció como 'el teorema Buscetta'. El planteamiento de Garzón no deja de ser verosímil. Pero su consistencia penal habrá de verificarse en el largo trayecto que aún le queda por recorrer de juicios en la Audiencia Nacional y de recursos ante los tribunales Supremo, Constitucional y, quizá también, de Estrasburgo.
De momento, sin embargo, la concreción de tal planteamiento en medidas particulares y en fase sumarial plantea no pocas preguntas. Por qué se produce ahora esta imputación. Por qué, además, no basta con ella, sino que se decreta la prisión preventiva de la imputada. Por qué, en fin, si tantos y tan antiguos eran los indicios, permitieron, en su día, la Fiscalía General y la Abogacía del Estado que una lista encabezada por candidata tan sospechosa se presentara a las últimas elecciones municipales. Son estas preguntas, y no otros argumentos interesados, las que crean confusión en esa parte de la ciudadanía vasca que aún confía en la imparcialidad de la justicia.
j.l.zubizarreta@diario-elcorreo.com
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