CON LA EMPRESA ASCÁN
Una juez obliga al Consistorio de Castro a anular en un mes el contrato del agua
La magistrada amenaza con pedir responsabilidades penales ante la Fiscalía si el alcalde desoye su orden
LA RESOLUCIÓN aviva la polémica sobre el abastecimiento. / E. C.
LA POLÉMICA
Una resolución judicial ha avivado la polémica en torno a la gestión del agua en Castro Urdiales. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander ha dado treinta días de plazo al Ayuntamiento costero para que anule el contrato que adjudicó en enero de 2007 a la empresa Ascán pese a que los tribunales habían detectado defectos de forma en el proceso. La Corporación deberá devolver la gestión a la compañía que se había hecho cargo del servicio hasta entonces, Ansa, tal y como le ordenó en un auto dictado hace casi un año.
La juez ha advertido al alcalde, Fernando Muguruza, de que si la institución local desoye este nuevo requerimiento se verá obligada a exigirle «la responsabilidad penal que pudiera corresponder» ante el Ministerio Fiscal. Además, le ha avisado de que podría enfrentarse a una «sanción personal» de entre 300 y 1.000 euros hasta que ejecute la sentencia.
Hace seis meses, otra magistrada emitió una providencia similar. En aquella ocasión el plazo concedido al Consistorio fue de quince días y las sanciones oscilaban entre 150 y 1.500 euros. El Ayuntamiento recurrió la resolución alegando que era «inviable» devolver el servicio a Ansa. La respuesta ha llegado ahora con este auto que, de nuevo, insiste en que el Consistorio debe ejecutar el fallo que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) emitió hace dos años y que dio origen a este largo proceso judicial. Los magistrados observaron defectos de forma en el inicio del procedimiento. De hecho, según apuntaron, la Administración local nunca revocó el contrato con Ansa, que fue la adjudicataria del servicio durante 26 años.
Indemnizaciones
El Consistorio, que considera «legal» todo el procedimiento, recurrió la sentencia original del TSJC, por lo que aguarda la resolución definitiva. Por su parte, Jon Koldo Izaguirre, gerente de Ansa, recuerda que «los autos deben ser ejecutados con independencia de lo que más tarde sea dictaminado. En este caso, que el fallo haya sido recurrido no suspende estas resoluciones posteriores», aclaró.
Si la sentencia final resulta desfavorable, el impacto para las arcas municipales será duro. El Ayuntamiento debería entonces hacer frente a la devolución de los 27 millones de euros que abonó Ascán por el contrato y a las indemnizaciones que corresponderían a ambas empresas.
La juez ha advertido al alcalde, Fernando Muguruza, de que si la institución local desoye este nuevo requerimiento se verá obligada a exigirle «la responsabilidad penal que pudiera corresponder» ante el Ministerio Fiscal. Además, le ha avisado de que podría enfrentarse a una «sanción personal» de entre 300 y 1.000 euros hasta que ejecute la sentencia.
Hace seis meses, otra magistrada emitió una providencia similar. En aquella ocasión el plazo concedido al Consistorio fue de quince días y las sanciones oscilaban entre 150 y 1.500 euros. El Ayuntamiento recurrió la resolución alegando que era «inviable» devolver el servicio a Ansa. La respuesta ha llegado ahora con este auto que, de nuevo, insiste en que el Consistorio debe ejecutar el fallo que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) emitió hace dos años y que dio origen a este largo proceso judicial. Los magistrados observaron defectos de forma en el inicio del procedimiento. De hecho, según apuntaron, la Administración local nunca revocó el contrato con Ansa, que fue la adjudicataria del servicio durante 26 años.
Indemnizaciones
El Consistorio, que considera «legal» todo el procedimiento, recurrió la sentencia original del TSJC, por lo que aguarda la resolución definitiva. Por su parte, Jon Koldo Izaguirre, gerente de Ansa, recuerda que «los autos deben ser ejecutados con independencia de lo que más tarde sea dictaminado. En este caso, que el fallo haya sido recurrido no suspende estas resoluciones posteriores», aclaró.
Si la sentencia final resulta desfavorable, el impacto para las arcas municipales será duro. El Ayuntamiento debería entonces hacer frente a la devolución de los 27 millones de euros que abonó Ascán por el contrato y a las indemnizaciones que corresponderían a ambas empresas.
