El Correo Digital

Ricardo Barkala advierte de que el control del gasto social se realizará con rigor y con «sentido común», puesto que tampoco se trata de volcar recursos públicos «investigando al eslabón más débil de la cadena social». «Que nadie olvide que la mayoría de los perceptores necesita de verdad las ayudas. Hablamos de gente necesitada en una sociedad consumista y de derroche como es la nuestra», explica el delegado municipal de Acción Social.

Sin embargo, las bolsas de fraude y el debate abierto en la opinión pública sobre la necesidad de más controles han llevado al Ayuntamiento a reforzar las inspecciones y los grupos de trabajo. Aunque no a cualquier precio, advierte Barkala. El concejal cuestiona algunos de los ejes actuales de la política social general y su repercusión en los consistorios. A su juicio, Bilbao asume «demasiadas» labores, añadidas a su ya amplia cobertura -es el único municipio vizcaíno con albergues para indigentes-.

Plantilla reforzada

Las unidades de base afrontan «una carga de trabajo» en ocasiones desmedida. «No sólo se acude aquí a solicitar el dinero de las rentas básicas, que debería gestionarse por otros cauces, sino también en busca de información y seguimiento», explica el edil.

Aun así, Barkala ha decidido reforzar la plantilla de las unidades de base, «con moderación», eso sí. «No puede crecer de forma precipitada al albur de la demanda», indica. Su discurso es crítico con la actual delegación de tareas sociales en la Administración pública. «Hay disfunciones del sistema que acabamos tratando en los ayuntamientos. Por ejemplo, muchas de las rentas básicas se gestionan como complementos a las pensiones. Pero eso es un problema de las pensiones que debería solucionar el sistema de empleo y no la acción social. Lo mismo pasa con aquellos que, estando igual en condiciones de trabajar, están en paro y recurren a las rentas», advierte Barkala.

El concejal del PNV defiende programas estables de atención, más que subvenciones concretas. «No valen ayudas coyunturales para un problema estructural», subraya. Muestra de ello es el servicio de ayuda a domicilio, necesario pero de elevado coste. «Tenemos una población envejecida a la que hay que atender, eso está claro. Sin embargo, esta cobertura sale por 12 millones al año y la demanda sigue creciendo».

Asimismo, Barkala cuestiona la lectura hecha recientemente por el Gobierno vasco sobre los indicios de fraude en Bilbao. Aunque el Ejecutivo desveló que existen 141 usuarios de ayudas sociales en situación de «ausencia prolongada» y 49 «ilocalizables», el edil analizó a la baja las cifras al recordar que esta población es «flotante, se relaciona poco con su entorno y no se integra».