EDITORIAL
Colapso judicial
El informe del Consejo del Poder Judicial sobre las resoluciones pendientes de ejecución en los juzgados de lo Penal constituye una elocuente muestra de los problemas que arrastra una Administración de Justicia que, pese a representar uno de los pilares del Estado de Derecho, no ha visto adecuados aún sus recursos ni a la responsabilidad de la labor que asume, ni a las demandas propias de una sociedad avanzada. Según las estadísticas del máximo órgano de gobierno de la Judicatura, las 323 instancias penales citadas tienen acumuladas 269.405 sentencias -7.571 en Euskadi-. Un volumen que, a tenor de las conclusiones del propio Consejo, es imposible desatascar con los medios de que se dispone actualmente, dado que la carga de trabajo que afrontan sólo los juzgados dedicados en exclusiva a las ejecutorias -apenas el 6% del total- supera con creces el módulo de productividad establecido.
Resulta sintomático que haya tenido que producirse un caso tan desgraciado como la muerte de la niña Mari Luz Cortés, cuyo presunto asesino contaba con una condena firme por abusar de su hija que se tramitó con dos años de retraso y cuando el imputado ya había vuelto a delinquir, para que se fijara la atención en las graves consecuencias que supone el estancamiento endémico de la Justicia en España. De poco sirve que se impulse la creación de juzgados específicos para liberar a los ordinarios de la tramitación de las sentencias y para unificar los procedimientos a fin de que no se generen disfunciones indeseadas si luego no se les dota de los medios personales y materiales suficientes. En este sentido, es incomprensible que mientras la Administración en su conjunto trata de adaptarse a las nuevas tecnologías para procurar un servicio más ágil y eficaz a los ciudadanos, quienes deben garantizar el cumplimiento de las condenas o sanciones por los delitos y faltas más comunes carezcan de un sistema informático de gestión procesal propio; sistema que quizá podría haber evitado errores tan fatales como los del 'caso Mari Luz'. Del mismo modo, no contribuyen a una Justicia verdaderamente reparadora ni la insuficiencia de las plantillas, ni la elevada interinidad de los funcionarios -en algunos órganos, hasta del 90%-, ni el limitado desarrollo de la Oficina Judicial, carencias que el fallido pacto entre el PSOE y el PP pretendía solventar y que ambos partidos están obligados a recuperar esta legislatura.
Resulta sintomático que haya tenido que producirse un caso tan desgraciado como la muerte de la niña Mari Luz Cortés, cuyo presunto asesino contaba con una condena firme por abusar de su hija que se tramitó con dos años de retraso y cuando el imputado ya había vuelto a delinquir, para que se fijara la atención en las graves consecuencias que supone el estancamiento endémico de la Justicia en España. De poco sirve que se impulse la creación de juzgados específicos para liberar a los ordinarios de la tramitación de las sentencias y para unificar los procedimientos a fin de que no se generen disfunciones indeseadas si luego no se les dota de los medios personales y materiales suficientes. En este sentido, es incomprensible que mientras la Administración en su conjunto trata de adaptarse a las nuevas tecnologías para procurar un servicio más ágil y eficaz a los ciudadanos, quienes deben garantizar el cumplimiento de las condenas o sanciones por los delitos y faltas más comunes carezcan de un sistema informático de gestión procesal propio; sistema que quizá podría haber evitado errores tan fatales como los del 'caso Mari Luz'. Del mismo modo, no contribuyen a una Justicia verdaderamente reparadora ni la insuficiencia de las plantillas, ni la elevada interinidad de los funcionarios -en algunos órganos, hasta del 90%-, ni el limitado desarrollo de la Oficina Judicial, carencias que el fallido pacto entre el PSOE y el PP pretendía solventar y que ambos partidos están obligados a recuperar esta legislatura.
