
El Gobierno vasco planteó su propuesta de reforma parcial del reglamento una semana después de que el Tribunal Supremo hiciese público el fallo por el cual condenaba a Juan Mari Atutxa, por entonces máxima autoridad parlamentaria, Kontxi Bilbao y Gorka Knörr a una multa e inhabilitación de cargo público por no acatar la resolución judicial de disolver el grupo de la izquierda abertzale. La iniciativa del tripartito, admitida a trámite a mediados de febrero con el apoyo de PNV, EA, EB y EHAK, pretendía incluir en el ordenamiento de la Cámara una nueva disposición que descargase sobre el pleno del Parlamento -y no sólo en la Mesa- la responsabilidad de disolver cualquier grupo parlamentario.
Semanas después, el Supremo dio a conocer el contenido de la sentencia del 'caso Atutxa' y, de forma implícita, cuestionó el intento del Ejecutivo autonómico de blindar a la Mesa del Parlamento vasco ante casos similares que pudieran ocurrir en el futuro. El tribunal lanzó una seria advertencia a la Cámara de Vitoria: nada puede impedir que se cumpla una «sentencia firme», ni la modificación del Reglamento ni tampoco «la reforma del Estatuto» de Gernika. Días más tarde, además, el Constitucional se sumó al mensaje lanzado por el Supremo, reiteró que «ciudadanos y poderes públicos» están obligados de «manera indiscutible e innegociable» a cumplir toda resolución judicial firme y, en consecuencia, rechazó seis de los nueve recursos de amparo que había presentado la defensa de Atutxa, Knörr y Bilbao hasta ese momento.
Nueva oportunidad
La propuesta del tripartito se debatió ayer, en este contexto, en la Comisión de Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno. El pasado 15 de febrero los votos de EHAK, que tiene abierto un proceso de ilegalización, resultaron determinantes para que la iniciativa pudiera continuar con su tramitación. Pero ayer la formación abertzale cambió de posición como respuesta a la negativa del tripartito a aceptar su enmienda al texto original.
En su escrito, EHAK reclamaba que la reforma sirviera también para establecer que la disolución de un grupo sólo será llevado a pleno si existe sentencia firme y, del mismo modo, exigía que sólo se puedan suspender las subvenciones a un grupo político en caso también de sentencia firme. PNV y EB no apoyaron la enmienda, mientras que EA votó a favor de la misma al considerar que «completa y mejora» la propuesta original.
Ante la negativa del tripartito, EHAK respondió votando en contra de la propuesta de reforma del reglamento. Sus votos, unidos al rechazo ya anunciado de socialistas y populares, condenaron al fracaso la iniciativa. Sin embargo, el tripartito podría tener una nueva oportunidad de seguir adelante con su propuesta dentro de unas semanas. Los partidos del Gobierno vasco cuentan con la posibilidad de utilizar un voto particular que, según fuentes parlamentarias, podría permitirles reponer el texto original con el objetivo de que el pleno del Parlamento decida sobre su posible debate.
PSE y PP justificaron ayer su rechazo a la propuesta argumentando que es «perfectamente inútil» porque no hay «laguna que cubrir» en el reglamento y aseguraron que su objetivo es «mediatizar la ejecución de una sentencia judicial firme». Rodolfo Ares y Leopoldo Barreda criticaron al tripartito por buscar «subterfugios» y tratar de lograr apoyos de partidos «en los que no debe buscarlos».








