Pese a que todavía queda por darse a conocer el fallo del TSJPV, los demandantes son conscientes de que el Ayuntamiento podría ejercer su derecho como gestor y expulsarles del mercado si se establece finalmente que la concesión no es a 99 años, ya que sus contratos han vencido. «Ahora pueden echar a quien quieran, pero deberían tener en cuenta que lo único que hemos hecho es defender nuestro puesto de trabajo», manifestaron.
En este sentido, quisieron señalar que «todos los que que se queden sin concesión tienen los mismos derechos» y adelantaron que «si van a empezar a hacer distinciones por amiguismo, se volverá a meter en los tribunales».









