«El negocio es de mi primo y me ha dicho que si nos prohíben vender alimentos no vamos a tener suficiente 'plata' para mantenernos abiertos», alertaba. Además de por los ingresos de la venta -calcula que suponen un 20% de la caja- tener «productos de nuestra tierra atrae a más clientes hasta los teléfonos», añadía.
Otra de las quejas del sector es lo caro que resultará hacer cualquier reforma en un local ya existente. La normativa les obligará a adaptarse a la nueva situación y a pagar, por ejemplo, una insonorización cuyo coste puede llegar a los 6.000 euros para establecimientos de unos 60 metros cuadrados de superficie. El hecho de que su entrada en vigor esté prevista para septiembre podría provocar un 'efecto llamada' y que muchos empresarios traten de obtener la licencia antes, temen desde el Consistorio.




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