El Correo Digital

El conflicto entre la Diputación y el Ayuntamiento de Laukiz por las obras de un centro de menores en los antiguos terrenos de Oihanberri tendrá como árbitro al Bizkai Buru Batzar. Representantes de la ejecutiva territorial del PNV se reunieron ayer por la tarde en Bilbao junto al alcalde, José Antonio Llona, y el diputado de Acción Social, Juan María Aburto, para dirimir una polémica en la que confluyen la normativa urbanística y el trasfondo social. Los trabajos de reforma del caserío permanecen paralizados desde hace una semana por orden del Consistorio, que asegura que comenzaron sin la correspondiente licencia.

Las autoridades municipales acudieron a la cita con documentos para tratar de demostrar las irregularidades en las que, a su juicio, ha incurrido la institución foral. La parcela que ocupaba Oihanberri volvió a engrosar el patrimonio de la Diputación en 2005, tras la disolución de la sociedad forestal. En las normas subsidiarias de 2003, el Ayuntamiento la calificó para uso deportivo con la idea de construir un campo de golf. De hecho, se presentó un proyecto concreto, que no prosperó por falta de un acuerdo económico entre la promotora y el Departamento de Agricultura.

El Gobierno foral, por el contrario, considera que lo que prevalece es la titularidad del terreno, que es suya, y que la licencia de obras se ha concedido por silencio administrativo. A nadie se le escapa que detrás de todos estos conceptos hay un debate mucho más delicado, que es lo que ha llevado al Ayuntamiento a solicitar la mediación del BBB. En Laukiz, el municipio con la renta más alta de Vizcaya y de Euskadi, ya se escuchan comentarios de vecinos que temen los conflictos que pueda generar el centro de menores. Un sentimiento de prevención que no es nuevo. Todo lo contrario.

Es precisamente el rechazo vecinal a este tipo de equipamientos el que ha llevado a la Diputación a reconvertir inmuebles de su propiedad. «Vamos allí donde podemos porque nadie nos quiere cerca», ha dicho más de una vez Juan María Aburto. Los dos episodios más claros se vivieron en Urduliz -donde se frustró la compra de un inmueble- y sobre todo en Erandio. La crispación en torno al caserío Madarias llegó a tal punto que el Gobierno foral renunció a abrir un centro con medidas de contención para menores conflictivos. Un año después de la polémica, lo convirtió en una residencia para chicas con problemas de conducta.

«Fuera de lugar»

Esta vez, el Departamento de Acción Social quiere seguir adelante con su proyecto. Presentará un recurso de reposición ante el Ayuntamiento, para lo que dispone de un mes de plazo, contra la orden de paralización de las obras. Ayer mismo pasó por el Consejo de Gobierno el acuerdo alcanzado con la empresa pública Bideak -con fecha de 1 de abril de 2008- para reformar el caserío, de 230 metros cuadrados, en el plazo de cuatro meses.

En las horas previas a la reunión, tanto el alcalde como el diputado evitaron hacer declaraciones. Fuentes jeltzales afirmaron que la mediación del partido es «habitual» cuando existen discrepancias de calado entre dos instituciones gobernadas por el PNV. Algo que, sin embargo, no deja de sorprender en otros ámbitos. «Se tienen que entender entre las dos instituciones», criticó la apoderada del PP Nerea Llanos. «Creo que la presencia del BBB está fuera de lugar, porque entonces también deberíamos estar en la reunión el resto de los grupos políticos».