ÁLAVA
El Ararteko afirma que Labastida debió estudiar las alegaciones de Torrolate al golf
Advierte de que el Ayuntamiento podría tener problemas si se queda «sólo el 20%» de la futura sociedad
08.05.08 -
Patxi Urquijo, a la izquierda, con el productor José Duarte. / J. MONTES
El Ararteko puso ayer su particular granito de arena a la polémica surgida en torno al proyecto para construir un campo de golf y 750 viviendas en Labastida. Y lo hizo a través de un informe elaborado a raíz de una petición de la plataforma vecinal Torrolate, contraria al proyecto. En su escrito, el Defensor del Pueblo vasco da la razón al colectivo en tanto asegura que el Ayuntamiento de la localidad tuvo que haber estudiado las alegaciones presentadas por los vecinos. Asimismo, concluye que la participación que el Consistorio se ha reservado en la futura sociedad que gestionará el campo (de un 20%) puede volverse en su contra si concurren diferentes supuestos, que podrían derivarse en la pérdida del patrimonio.
Como recuerda la institución dirigida por Íñigo Lamarca, el anterior equipo de gobierno municipal, entonces gobernado por el PP, se escudó en que las alegaciones presentadas por Torrolate tenían un eminente carácter «político» y no técnico, por lo que decidió no analizarlas. Sin embargo, el Ararteko considera que la participación en este tipo de procedimientos es «de por sí política» ya que pueden «presentar otras alternativas de planeamiento urbanístico».
Asimismo, muestra su disconformidad con el argumento defendido por el Ayuntamiento en el sentido de que como el proyecto había sido aprobado por la mayoría del pleno municipal -cuenta con el respaldo del PP y el PNV-, ya no tiene cabida la posibilidad de rechazar su viabilidad, sino sólo posibles modificaciones. En este sentido, el 'ombudsman' vasco defiende la participación ciudadana para elegir cuál es el mejor «modelo de ciudad».
Exigencias de la COPU
En otro orden de cosas, el informe, de 30 páginas, también analiza el papel que jugará el Ayuntamiento en la sociedad que gestionará el complejo. El acuerdo se alcanzó con San Ginés Labastida, S.A. promotores del golf. El Ararteko, en este sentido, concluye que una participación de «sólo el 20%» como la pactada puede repercutir de forma negativa en el Consistorio.
Aunque el acuerdo dice que en caso de que el proyecto no se ejecute o la empresa se vaya a la quiebra los terrenos volverán a ser propiedad municipal, el Defensor del Pueblo advierte de que sólo en el primer caso, el Ayuntamiento no saldría perjudicado en un hipotético contencioso.
Estas consideraciones -que no son vinculantes- llegan a la espera de que el Consistorio abra un nuevo proceso de información pública con las modificaciones exigidas por la Comisión de Ordenación y Planeamiento Urbanístico del Gobierno vasco. Y en este proceso, el Ararteko pide que se escuche la voz de «todos los ciudadanos».
Como recuerda la institución dirigida por Íñigo Lamarca, el anterior equipo de gobierno municipal, entonces gobernado por el PP, se escudó en que las alegaciones presentadas por Torrolate tenían un eminente carácter «político» y no técnico, por lo que decidió no analizarlas. Sin embargo, el Ararteko considera que la participación en este tipo de procedimientos es «de por sí política» ya que pueden «presentar otras alternativas de planeamiento urbanístico».
Asimismo, muestra su disconformidad con el argumento defendido por el Ayuntamiento en el sentido de que como el proyecto había sido aprobado por la mayoría del pleno municipal -cuenta con el respaldo del PP y el PNV-, ya no tiene cabida la posibilidad de rechazar su viabilidad, sino sólo posibles modificaciones. En este sentido, el 'ombudsman' vasco defiende la participación ciudadana para elegir cuál es el mejor «modelo de ciudad».
Exigencias de la COPU
En otro orden de cosas, el informe, de 30 páginas, también analiza el papel que jugará el Ayuntamiento en la sociedad que gestionará el complejo. El acuerdo se alcanzó con San Ginés Labastida, S.A. promotores del golf. El Ararteko, en este sentido, concluye que una participación de «sólo el 20%» como la pactada puede repercutir de forma negativa en el Consistorio.
Aunque el acuerdo dice que en caso de que el proyecto no se ejecute o la empresa se vaya a la quiebra los terrenos volverán a ser propiedad municipal, el Defensor del Pueblo advierte de que sólo en el primer caso, el Ayuntamiento no saldría perjudicado en un hipotético contencioso.
Estas consideraciones -que no son vinculantes- llegan a la espera de que el Consistorio abra un nuevo proceso de información pública con las modificaciones exigidas por la Comisión de Ordenación y Planeamiento Urbanístico del Gobierno vasco. Y en este proceso, el Ararteko pide que se escuche la voz de «todos los ciudadanos».
