Porque, simplemente, de lo que se trata, pese a quien pese, es de constatar que hubo un grave fallo de gestión, cuya plasmación concreta no fue otra que la falta de mecanismos de control directo en la Sociedad Tenedora y la negativa a realizar auditorías. Algo que no habría impedido con total garantía las fechorías de un empleado desleal, pero que al menos hubiera dejado parcialmente a salvo la responsabilidad directa y culposa de los gestores y las instituciones.
Además, existiendo como existen unos informes del Tribunal Vasco de Cuentas en los que se ponía de manifiesto la necesidad de dotar de transparencia a la sociedad Tenedora para mejorar la gestión, queda aún más claro que la falta de atención a esa recomendación acrecienta la responsabilidad. Así pues, se podrá esgrimir inútilmente saña e instrumentación política con este triste asunto, pero la confianza ciega en un defraudador, la ausencia de controles y la decisión de negarse durante muchos años a la auditoría de la Tenedora sólo es responsabilidad de quien la tenía.






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