En febrero, y ante el enésimo expediente de infracción instruido por Bruselas a cuenta de la aciaga historia de la venta de la principal firma española, el Gobierno español pidió al Tribunal la anulación de la Decisión de la Comisión del pasado diciembre, hasta tanto la magistratura no se pronunciara sobre la petición de medidas provisionales -trámite que se sustanciaba ayer-, y falle sobre el fondo del asunto, lo que tendrá lugar en el plazo aún de meses.
El Gobierno alegaba, para reclamar la suspensión de la decisión comunitaria y el establecimiento de medidas provisionales, razones de seguridad en el aprovisionamiento energético. Ahora bien, el juez no ha constatado urgencia en el caso ni indicios correctos de fundamento jurídico. Consecuentemente, la decisión de la Comisión de diciembre es firme.








